Alerta en el Pacífico

El logro general de la Carta se concretó para las comunidades negras con la expedición de la Ley 70 de 1993, en la cual se les concedió la propiedad colectiva sobre las tierras baldías que ocupaban desde hace siglos en zonas del Pacífico. Además, la ley estableció la obligación de generar mecanismos para la protección de su identidad cultural y para el fomento de su desarrollo económico y social. Todo esto con el fin de garantizar, por fin, condiciones reales de igualdad a un grupo tradicionalmente marginado. Sin embargo, estos y otros logros formales de los 90 quedaron sin correspondencia efectiva una década después. Así, lo que debió haber sido un verdadero paso para desarrollar una sociedad más respetuosa de las necesidades y aspiraciones etnoculturales, terminó siendo poco menos que una promesa olvidada por los siguientes gobiernos.

Las violaciones a los derechos de las comunidades negras, con todo y la legislación, son atroces. La lista de transgresiones comienza con el conflicto armado, que las pone entre el fuego de los paramilitares y el Ejército, sigue con la lucha antidrogas, que destruye con la fumigación sus alimentos, y termina con las estrategias convencionales para el desarrollo, que invaden sus territorios con palma africana o con puertos. Como si esto fuera poco, en medio del aumento de las actividades extractivas y, en particular, en medio de la “fiebre del oro”, comunidades enteras, dedicadas a la tradicional minería artesanal, están a punto de perder su única actividad productiva, pues privados y multinacionales, con mejores abogados que las comunidades, arguyen derechos de explotación sobre sus minas.

La última pelea se ha dado en el corregimiento de La Toma, Cauca, entre 1.300 familias afrocolombianas y Héctor Jesús Sarria, quien obtuvo una licencia de explotación en abril de 2009. Desde que adquirió su derecho minero, Sarria le ha exigido a Ingeominas y al alcalde de Suárez despejar la zona. Sin embargo, las comunidades se resisten. Y con razón. Antes de otorgar la licencia, las autoridades debieron realizar una consulta previa con el Consejo Comunitario tal y como lo exige la Constitución. Como no lo hicieron, la licencia debería ser ilegal. No obstante, en asuntos de normas, parece que siguen pesando más las argucias de abogados. Muy efectivas, entre otras, pues el pasado miércoles 18 de agosto se iba a realizar el desalojo de la comunidad. Afortunadamente, la Defensoría de Pueblo detuvo a la Policía y echó para atrás el operativo.

El riesgo, por supuesto, sigue latente. La comunidad, a pesar de habitar la zona desde 1600, no tiene título colectivo de la tierra según lo reglamentó la Ley 70. Además, como también lo denuncia Laura Pico Piñeres en su reportaje para lasillavacía.com, Sarria no está solo. La multinacional Anglogold Ashanti, James Álvaro Valdri, Andrés Rendle y Raúl Fernando Ruiz tienen igualmente derechos de explotación. De hecho, dos terceras partes del territorio están ya en trámite para la explotación de oro y actualmente más de 10 mil hectáreas de tierra ya han sido concedidas. Pese al turbio escenario, las agencias del Estado, con una complicidad casi sospechosa, han apartado la mirada.

Son sin duda fuertes los intereses y gigantescas las sumas de dinero; sin embargo, los costos de ceder ante las presiones privadas serían inconmensurables para el país, pues no sólo se permitiría el maltrato a las comunidades negras y su cultura, sino que se autorizarían grandes riesgos ambientales. La gran ventaja de la extracción manual es que permite dar sustento a toda una comunidad sin explosión ni deforestación. Un sustento que debería ser el fin de toda política pública. La minería a gran escala no trae consigo empleo. Se justifica sólo en la medida en que pueda distribuirse el dinero de los gravámenes. Pero si ya se está logrando en estas comunidades la famosa redistribución, además del respeto a sus tradiciones y a su relación con la naturaleza, ¿por qué el Gobierno no resguarda como debe sus derechos?