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Unos 22 millones de dólares fue el costo de la operación de rescate de los 33 mineros atrapados desde el pasado 5 de agosto en el yacimiento San José, en el norte de Chile, según cifras que proporciona este miércoles el diario La Tercera.
Gran parte de la operación de rescate afectó millonarios contratos de servicios y abastecimiento entre las empresas proveedoras y las grandes compañías mineras, según la investigación de este rotativo.
Esta cifra, sin embargo, no incluye el mantenimiento del campamento "Esperanza", donde en los últimos días, entre periodistas y familiares, ha congregado a cerca de 3.000 personas.
El rescate de los mineros atrapados a 700 metros de profundidad avanzaba este miércoles sin contratiempos y puede terminar hoy mismo, según el presidente chileno, Sebastián Piñera.
Según el diario, el nivel de gasto en el rescate de los 33 mineros superaría las deudas de la minera San Esteban, la compañía propietaria del yacimiento San José, que ascienden a unos 19 millones de dólares.
La estatal Corporación del Cobre (Codelco), la mayor productora de cobre del mundo, ha desembolsado para esta operación unos 15 millones de dólares, lo que representa el 75% del monto total del rescate.
Estos recursos se usaron para financiar el arriendo de vehículos y maquinaria, la construcción de obras civiles y la implementación de los equipos tecnológicos y de comunicaciones, así como para pagar a los operarios que intervinieron en el proceso de rescate.
Unos de los primeros problemas que hubo que sortear tras el accidente fue la ausencia de una red de comunicaciones en la zona del yacimiento.
Ante ello, la división El Salvador de la empresa Codelco extendió contratos con las empresas de telecomunicaciones para que instalaran dos antenas en la zona que hicieran posible la telefonía móvil y la conexión a Internet.
Según el diario La Tercera, las mineras privadas Collahuasi, Escondida y Anglo American, entre otras, también financiaron equipos y dispusieron de expertos para rescate, con una aportación total de cinco millones de dólares.
Uno de los mayores costes que asumieron las empresas privadas fue el uso de la perforadora SchraamT-130, la máquina que logró llegar hasta los 630 metros de profundidad y cuya operación diaria costaba alrededor de 18.000 dólares.
En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció hoy que el Gobierno hará todo lo posible por recuperar los recursos invertidos en el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José.
"No sé si va a haber los recursos necesarios para pagar todo lo que se ha gastado, pero todo lo que tengamos que hacer para recuperar en arcas fiscales lo que hemos gastado, lo vamos a hacer", aseguró.
"De acuerdo a la legislación, nosotros ya iniciamos en el Consejo de Defensa del Estado acciones contra los activos y accionistas de la mina", indicó el ministro.
Tras confirmarse que todos los mineros estaban vivos, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, propietarios de la compañía Minera San Esteban, dueña del yacimiento San José, no regresaron al "campamento Esperanza".
Tampoco se han comunicado en fechas recientes con el ministro de Minería, Laurence Golborne, y la última vez que llegaron a la zona fue el 11 de octubre, para asistir a una audiencia en la localidad norteña de Caldera donde se les procesó por un derrumbe ocurrido el pasado 3 de julio que causó la amputación de una pierna al obrero Gino Cortés.
La semana pasada volvieron a Copiapó, para gestionar un préstamo de 180 millones de pesos (unos 371.000 dólares) que la Empresa Nacional de Minería efectuó a Minera San Esteban para que pagara los sueldos de septiembre de unos 300 trabajadores que quedaron sin trabajo tras el derrumbe.
Por otro lado, los familiares de 26 de los 33 mineros accidentados presentaron una querella por lesiones en contra de los dueños del yacimiento por 4.900 millones de pesos (unos diez millones de dólares) y contra los funcionarios estatales por prevaricación.
Ya el pasado 26 de agosto, la Justicia chilena ordenó retener 900 millones de pesos (1,7 millones de dólares) a la empresa minera San Esteban, que correspondería a pagos que la Empresa Nacional de Minería (Enami) debía cancelar a la mencionada empresa.