Por su presunta responsabilidad en un nuevo ‘falso positivo’, como se denomina en Colombia a un tipo de ejecución extrajudicial, fue causado el ex comandante del Gaula del Ejército en Córdoba Antonio Rozo Valbuena.
El Capitán (r) es investigado por un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, DIH, por la aparición de los cadáveres de civiles que fueron presentados falsamente como extorsionistas dados de baja en combate.
El 12 de marzo de 2007, tropas del Ejército Nacional reportaron un combate supuestamente acaecido en Cereté y San Pelayo, Córdoba, donde se habría producido la baja del joven de 19 años, Fabio Enrique Taboada Ávila, y de un N.N.
Para recrear la supuesta escena de confrontación, los militares reportaron la incautación de una subametralladora hechiza y de una pistola calibre 9 milímetros.
Según los investigadores, la primera de las armas ni siquiera era apta para el combate, lo que significó un primer indicio de que se trataba de una ejecución extrajudicial.
Adicionalmente, la familia de la presunta víctima declaró que se trataba de un ayudante de albañilería y que había sido convocado el 27 de febrero de 2007 para trabajar en una finca de Sincelejo, Sucre.
La Fiscalía afectó con la medida a Rosemberg Saiz Forero, suboficial; y los soldados profesionales Pedro Vargas Duarte, Giovanni Vélez Garavito, Carlos Iván Ayala Ovalle y Ewin Miguel Julio Pérez acusados, junto con el oficial, por la supuesta coautoría de doble homicidio en persona protegida.
Todos se encuentran recluidos en guarniciones militares de Bogotá, Medellín y Villavicencio.