Toma fuerza el “holding” financiero del Estado con fusión de entidades

Fernando Grillo, director del Departamento Administrativo de la Función Pública. / Cortesía: Departamento Administrativo de la Función Pública

Va tomando forma el holding financiero que el Gobierno espera edificar al amparo de las facultades extraordinarias que le aprobó el Congreso al presidente Duque en el Plan Nacional de Desarrollo, que vencen el 24 de noviembre. En principio, ese proceso involucra a las aseguradoras (La Previsora y Positiva) y a las fiduciarias —Fiduciaria del Desarrollo Agropecuario (Fiduagraria) y la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex)—, pero se pueden considerar otras entidades estatales como el Banco Agrario.

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“El Ministerio de Hacienda está haciendo un análisis para saber dónde se pueden hacer sinergias para unir esas entidades y hacerlas eficientes y que compitan como tienen que competir con el sector privado y entre ellas”, dijo Fernando Grillo, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, que ya había estado al frente de la entidad de 2002 a 2008, durante la administración de Álvaro Uribe, cuando se ejecutó el primer Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP).

“En principio va a quedar un holding (administra la propiedad de otras sociedades) y se está mirando cuáles entidades van a quedar, para hacer un conglomerado empresarial que esté unificado en cuanto a su dirección y su manejo adscrito al Ministerio de Hacienda”, dijo el funcionario.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que en la administración Duque se propone hacer la segunda parte del Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP), que implementó siendo Uribe presidente, que no es otra cosa que achicar el tamaño del Estado. En la administración existe duplicidad de funciones de entidades que se “van creando a la topa tolondra, que es necesario repensar”, dijo en un evento el ministro Carrasquilla. Recordó que entre el año 2003 y 2005 llevó a cabo en el país un Programa de Renovación de la Administración Pública que logró ahorros equivalentes al 2,5 % del PIB, cerca de $25 billones actuales.

“El primer punto es la fusión de entidades públicas del sector financiero”, señaló Fernando Grillo. Lo importante es optimizar recursos públicos, buscando un pacto por un Estado más eficiente, mirar dónde hay duplicidad de funciones, pero, sobre todo, “la verdadera reforma al Estado está donde podamos generar más confianza ciudadana, donde podamos mejorar una mejor relación entre el Estado y los ciudadanos”, sostuvo el director de la Función Pública.

Fernando Grillo explicó que el papel de la entidad estatal hace un análisis de los estudios técnicos que buscan obtener una entidad más eficiente, “cuidamos que el gran porcentaje de los funcionarios estén en áreas misionales de las entidades y que las cargas laborales de este holding estén donde tienen que estar”.

John Alexánder Rivera, tesorero del Sindicato de Trabajadores de la Administradora Colombiana de Pensiones (Sintracolpen), indicó que la tan anhelada facultad de modificar la estructura de algunas entidades del Estado “es una cortina de humo que no trae mayor beneficio para la ciudadanía; por el contrario, busca el cambio y deterioro del Estado social de derecho, reduciendo la cantidad de instituciones que tienen un fin esencial e importante en la sociedad colombiana”.

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Pero el holding financiero no es la única tarea de la Función Pública. También se pidieron facultades para reestructurar la Contraloría General de la República, que no había sufrido reformas estructurales desde 2002. La idea es tener un nuevo modelo de control fiscal. El contralor ha señalado que necesita mayores resultados, que necesita una transformación digital, y en el Plan de Desarrollo se habla de la creación de una Dirección de Información, Análisis y de Reacción Inmediata para la entidad de control de las finanzas públicas.

Reforma de reformas

Para el director de la Función Pública, suprimir trámites en la administración pública, eliminar procesos y acabar procedimientos es considerada la reforma de reformas dentro de las facultades extraordinarias. Se busca simplificar, suprimir o reformar los trámites. Hacer “lo que yo denomino una liposucción; es decir, quitar la grasa que hace pesado al Estado”, dice el funcionario.

De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia es el tercer país con mayores tiempos para completar un trámite, en promedio 7,4 horas. El 26 % de los trámites requiere más de tres interacciones para que se los resuelvan a un ciudadano y el 68 % de los trámites se considera muy complejo. Desde el 7 de agosto del año pasado una directiva presidencial estableció un programa que se llama “Estado simple y ágil”.

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Un estudio de Planeación Nacional muestra que, en el orden nacional, en el país se pueden llegar a expedir siete normas diarias. “Básicamente lo que buscamos es ahorro para los ciudadanos y empresarios”, dice Fernando Grillo, quien recuerda que desde el inicio de este Gobierno del presidente Duque hasta hoy, “hemos generado ahorro para los colombianos por $20.000 millones al automatizar los trámites, reducir los tiempos de servicios, eliminar cobros innecesarios que no se justifican y habilitar otros canales de atención”.

“Estamos haciendo un inventario del listado de los trámites que habría que intervenir en una primera fase. En una primera intervención detectamos que, sin acudir a ley de la república, podíamos modificar 220. Ahora estamos identificando las que son de origen legal para incluirlas en el decreto ley antitrámites”, explica el director de la Función Pública.

Un cazatalentos estatal

Siempre se ha pensado que un alto porcentaje de personas que ingresan a una dependencia pública lo hacen por recomendación de un político.

Este Departamento adscrito a la Presidencia de la República también maneja temas estratégicos en materia de empleo público y de cazatalentos en el Estado. Desde el año 2002 hasta el momento se han evaluado 14.000 personas que han ingresado a un sistema de cazatalentos.

“Es un tema transparente”, dice Fernando Grillo. La OCDE lo valoró y lo puso de ejemplo en Iberoamérica. Al Estado le cuesta $20.000 examinar cada hoja de vida de un aspirante a un cargo, si se hiciera por el sector privado costaría entre $4 y $5 millones. El Estado tiene un cazatalentos público, probado y documentado. “Todos los cargos de gerencia pública tienen que pasar por acá”, destaca el director de la Función Pública.