Sólo los críticos más intransigentes niegan la importancia del aumento en la cobertura de aseguramiento, hoy cercana a la universalización. O minimizan el aumento sustancial del acceso al control natal o a las consultas preventivas en general. Pero estos logros se encuentran amenazados.
En los últimos años, el régimen subsidiado ha sumado más de diez millones de personas. Por su parte, el régimen contributivo ha crecido mucho más lentamente, como resultado del estancamiento del empleo formal. La expansión reciente del régimen subsidiado ocurrió en un momento de holguras fiscales, cuando los recursos eran abundantes y el empleo estaba creciendo. Pero nada garantiza su sostenibilidad en una coyuntura de disminución de los ingresos tributarios y caída del empleo formal. No debería sorprender, entonces, que el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, haya señalado recientemente que algunos de los beneficiarios del subsidio de salud deben también contribuir al sistema.
Para complicar las cosas, la Corte Constitucional exigió, mediante la Sentencia T760 promulgada el año pasado, la igualación de los planes de beneficio de los dos regímenes. Lo dispuesto por la Corte puede justificarse legalmente pero no tiene, por ahora, un sustento económico sólido. El mandato de la Corte cuesta varios billones de pesos que no figuran en la planeación fiscal de mediano plazo del Gobierno. Éste ha señalado que pretende reformar integralmente el Plan de Beneficios (POS) con el fin de asegurar el cumplimiento de la sentencia en cuestión. Pero la reformulación del POS no resolverá el problema. Hoy en día lo único cierto es que existe una orden perentoria pero impagable.
Además, en la práctica, los beneficios otorgados superan con creces los estipulados. En el país existen en la realidad dos planes de beneficios superpuestos: el POS institucional y el jurisprudencial. El primero lo define el Gobierno, el segundo los jueces por medio de tutelas. Las tutelas se han convertido en una pesada carga fiscal para la Nación y las entidades territoriales. Algunas tienen justificación, buscan obligar a las empresas aseguradoras (EPS) a cumplir con los servicios estipulados. Pero muchas otras no son justificables, suponen equivocadamente que el Estado tiene una irresponsabilidad ilimitada en cuanto a la salud de los ciudadanos. La salud es un derecho. Pero, por simples razones de sostenibilidad, no puede ser ilimitado.
Las fallas de supervisión, la excesiva integración vertical, los mismos retrasos en los recobros de tutelas, etc. han generado dificultades en las empresas aseguradoras (EPS). Unas enfrentan ya problemas de solvencia, otras han adquirido una dimensión enorme, son ya demasiado grandes para caer. El retiro de una o dos EPS sería muy grave, social y económicamente. Y acrecentaría los problemas ya señalados.
En síntesis, el sistema de salud colombiano requiere una reforma de fondo. La trayectoria actual, caracterizada, entre otras cosas, por el aumento de los subsidios, la explosión de las tutelas y las fallas de supervisión, es insostenible. El próximo gobierno debería revivir el Ministerio de Salud y afrontar con oportunidad y responsabilidad uno de los mayores desafíos que enfrenta el país.