El ex jefe de la Policía de Seattle, y ahora zar antidroga, sostiene que en su país intentarán implementar “un enfoque más balanceado” en el que la represión a través del sistema judicial y la fuerza coercitiva de los militares no sea la única estrategia desplegada. “Queremos mirar sistemas que ayuden a la gente a dejar las drogas y convertirse en miembros productivos de la sociedad”, sostiene. En adelante la atención se centrará igualmente en la demanda y habrá mayores consideraciones para quienes entran al sistema judicial, pero antes que criminales son adictos (y ello en el mejor de los casos, pues también van a la cárcel consumidores espontáneos).

Un viraje como éste en la promulgación de políticas públicas que les brinden apoyo médico a los consumidores supone una buena noticia. Pero también es el efecto de las devastadoras consecuencias del prohibicionismo. El profesor Peter Reuter, una autoridad mundial en el tema, ya había señalado cómo mientras en 1980 Estados Unidos contaba con menos de 50.000 personas en prisión por crímenes relacionados con drogas, en 2007 la cantidad de encarcelados ya era de 500.000, y ello sin contar los presos por crímenes violentos o contra la propiedad privada ocasionados bajo los efectos de las drogas.

Frente al problema interno que vive Colombia, Kerlikowske recalcó igualmente que quienes nos observan desde los Estados Unidos estiman que el Plan Colombia ha sido exitoso “en una variedad de frentes”. No se comprometió con su continuidad pero dejó explícito que, cualquiera sea la decisión que se adopte a futuro, los Estados Unidos serán respetuosos de las medidas adoptadas por Colombia. La palabra “legalización”, anotó, “no está ni en el vocabulario de Obama ni en el mío”.

Dicho de otra manera, la implementación de un enfoque más balanceado no promete demasiados cambios para Colombia, en donde el Gobierno insiste en dar la pelea desde la moral y en contravía de lo que puedan sugerir expertos, analistas y opositores que, con cifras en mano, han demostrado que el problema de las drogas requiere más pragmatismo y menos ideología. Al respecto, en no pocas ocasiones el presidente Uribe se ha referido a la doble moral de quienes critican los estragos del narcotráfico y consumen drogas. “Es muy cómodo en reuniones sociales, de social bacanería, hablar mal de narcotráfico y consumir coca”, se le escuchó decir para dar apoyo a la penalización del consumo mínimo que por estos días hace tránsito en el Congreso.

El panorama a futuro no es entonces el mejor. El cambio que proponen los Estados Unidos sigue sin ser el que algunos países europeos ya han desarrollado de manera exitosa en materia de reducción de riesgos y enfoques, ya no balanceados, sino abiertamente matriculados en las políticas antidroga encaminadas a la salud pública. Y aunque Kerlikowske se rehúsa a hablar de guerra contra las drogas, y esto ya es una distancia nada despreciable frente a la retórica guerrerista de años anteriores, acuña el concepto de “asunto de seguridad pública”, con el que le hace el quite a la salud y reintroduce la puritana idea de que las drogas debilitan los resortes morales de las personas.