Los enemigos de la universidad pública

La actitud de los implicados, injustificable, parte además de premisas falsas. El propio Moisés Wasserman lidera el debate de la financiación de las universidades. Es él quien ha publicado diversas columnas de opinión explicándoles al Gobierno y al Congreso las razones, todas de peso, para incentivar la entrega de mayores recursos estatales. Pese a las negativas del Ministerio de Educación, es Wasserman quien ha insistido en su tarea de alertar frente a la posible debacle de la universidad pública.

Junto con el interés de los rectores de otros planteles ya parece que el debate ha encontrado interlocutores. Por estos días la Contraloría General de la República entregó un informe en el que plantea que las transferencias a las universidades públicas, que en 2000 eran de $1,73 billones, al día de hoy no pasan de $1,6 billones. Como lo sugeríamos no hace mucho en este mismo espacio, el presupuesto de las instituciones de educación superior se reduce pero igual están en la obligación de mejorar sus niveles de eficiencia.

Y sin embargo una minoría de estudiantes, que la prensa cifró alrededor de los 300, decide que le asiste el derecho de forzar una discusión con sus directivas a partir de los insultos y la coacción. ¿Quién, se preguntó el asediado rector, está en capacidad de discutir frente a una horda de personas amenazantes que vocifera insultos y exige comportamientos por las vías de hecho?

Que exista un movimiento estudiantil que se interesa en los asuntos internos de su institución es una fortuna para la Universidad Nacional y quienes en ella estudian o trabajan. La política con la que expresan sus ideas, sin embargo, debe hacerse al margen de estas manifestaciones de intolerancia. El comunicado de los estudiantes a la opinión pública que circula por internet y que firma un Comité de Comunicaciones de la Universidad Nacional de Colombia ofrece su propia versión de lo ocurrido, acusa de falsas las afirmaciones realizadas por los medios de comunicación y, de paso, legitima la desafortunada jornada. Como quien dice que de ser preciso el episodio bien merece una repetición. O las que sean necesarias. El silencio de los representantes profesorales no es menos incómodo.

No estamos de acuerdo con que la retención del rector pueda considerarse un secuestro o deba tipificarse como un delito criminal. La orden del presidente Uribe, contraria a la que impartió el propio Distrito, de irrumpir por la fuerza en las instalaciones, amedrentar con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y retener a algunas personas es excesiva y peligrosa. Sienta un mal precedente y ello pese a que Wasserman dijo haber visto entre los protagonistas de su retención a personas que no pertenecían a la universidad. Controlada la situación no había por qué recurrir a las armas.

Este tipo de actitudes de parte de algunos pocos estudiantes (y los que entre ellos se dejan influenciar por elementos ajenos a la institución) les dan razones a quienes en el Gobierno Central sueñan con una universidad pública militarizada, condescendiente y lejana del debate contradictor. ¿Quiénes son, entonces, los verdaderos enemigos de la universidad pública?