Diplomacia en la frontera

Se pregona la soberanía como el derecho a que cada democracia asuma el camino que más convenga a sus asociados, pero cualquiera sea la dirección escogida, debe pasar por no inmiscuirse en asuntos ajenos. Y en el caso de Colombia y Venezuela, con más de 2.000 kilómetros de frontera compartida, el diálogo se hace aún más imperativo porque cualquier discrepancia tiene repercusiones inmediatas para quienes escasamente los divide un puente internacional, un río, un puesto de control.

Esa estrecha línea donde hasta las familias son comunes y la economía crece con una mano de obra que no distingue nacionalidades ni gobiernos, no puede dejarse al arbitrio de las pasiones políticas. En Norte de Santander, en Arauca o en La Guajira y, por consiguiente, en el estado Táchira, en Zulia o en Apure, es donde más se siente el rigor de las desavenencias gubernamentales y, en consecuencia, donde más se requiere normalizar la cotidianidad social. Es en esta vasta región de intereses afines y riesgos inminentes, donde puede empezar a desactivarse la pugnacidad y la desconfianza.

Por eso, más allá de la obligación que tienen ante sus pueblos los gobiernos de Bogotá y Caracas, de fortalecer los caminos diplomáticos y blindar a sus naciones de cualquier escenario de enemistad o de violencia, también es urgente que las comisiones binacionales, el empresariado, las autoridades y las comunidades en las regiones fronterizas afectadas trabajen conjuntamente para evitar que su hábitat compartido se convierta en un río revuelto donde prosperen los grupos ilegales. No puede dependerse exclusivamente de la voluntad presidencial, también las fuerzas sociales tienen deberes.

La zona de frontera entre Colombia y Venezuela no puede transformarse en territorio libre o al menos idóneo para el delito transnacional, la formación de grupos armados o el escondite de los violentos. Su vocación y destino es comercial, agrícola o ganadero, y así debe conservarse e incluso multiplicarse. Desde cualquiera de los dos países, es una obligación cerrarle el paso al secuestro y frente a los últimos acontecimientos de violencia, detonante de la actual crisis, lo ideal es que la justicia de ambas naciones sumen esfuerzos para poner en su sitio a los asesinos.

En cuanto al lenguaje agresivo y altisonante de algunos altos funcionarios de Venezuela respecto a las decisiones soberanas de Colombia, así ellas no se compartan plenamente, lo aconsejable es no responder en términos similares y, en lo posible, no persistir en la provocación de los micrófonos. Y esta postura no sólo compromete a los altos empleados del Estado sino también a los dirigentes políticos. Desde ningún punto de vista conviene hoy exacerbar los ánimos y la diplomacia está creada precisamente para que el diálogo y la razón sustituyan a la beligerancia en los espacios más complejos.

Así suene a lugar común, Colombia y Venezuela, más que países hermanos son sociedades siamesas, y están unidas por una extensa frontera donde la historia, las costumbres y los lazos familiares se estrechan más de lo que saben los dirigentes. Hoy existen notorias discrepancias entre sus gobiernos, y en el interior de cada país cobra forma una disputa política que se resuelve por aparte. Pero a los colombianos y venezolanos del común, especialmente aquellos que habitan en zona limítrofe, es urgente abstraerlos de cualquier pugnacidad y más bien unirlos frente al enemigo común de la violencia.