Perdiendo la guerra contra la corrupción

Lo primero que habría que recordar es que el IPC mide una percepción. La realidad, pese a que la idea de que en Colombia hay corrupción es bastante alta, puede ser peor. El IPC mide niveles de percepción de corrupción en el sector público con base en 13 encuestas realizadas a expertos y empresarios. Evalúa la percepción de corrupción administrativa y política. No se puede, por tanto, hacer extrapolaciones al conjunto de la sociedad.

Con todo, coincide la publicación de estos resultados con una serie de sospechas en los procesos recientes o en ejecución de licitación de concesiones públicas, en las cuales aparecen los mismos poderosos favorecidos mezclados con intereses políticos y, lo que es peor, para negocios que obtienen rendimientos inusitadamente altos, que contradicen la benevolencia de la cesión privada de muchos servicios. Todo hecho dentro de los límites de la legalidad es cierto, pero lejos de la transparencia que los contribuyentes quisieran ver en el manejo de sus recursos.

Pero tanto más como estas dudas inquietan las presuntas soluciones para combatir este flagelo, dadas a conocer por el zar anticorrupción, Óscar Ortiz, quien explicó que se implementarán recompensas para quienes denuncien casos de corrupción y que, además, se está estudiando la posibilidad de generar estímulos de carrera administrativa para aquellos funcionarios que “se atrevan a denunciar lo que están haciendo mal sus compañeros o jefes”. Lo primero es poco recomendable, lo segundo resulta cínico.

Aplicar una estrategia aparentemente efectiva en el campo de la guerra, como la de las millonarias recompensas a quienes ayuden a ubicar importantes cabecillas de los grupos armados, a la lucha contra la corrupción no debiera ser una política pública de la que el Gobierno Nacional se pueda jactar. La corrupción sigue siendo un tema de la órbita de la ética. Si para generar una cultura de respeto a lo público nos encomendamos a una estrategia abiertamente antiética como la de las recompensas, nada asegura que en el largo plazo Colombia pueda salir de los ignominiosos puestos que ocupa entre los países más corruptos del mundo.

La medida puede que surta algunos efectos mediáticos en los primeros meses de aplicación, pero su ejecución ya es complicada y promete convertirse ella misma en otra fuente de corrupción. Y si el otro estímulo para las denuncias es el de la posibilidad de escalar en la carrera administrativa, el Gobierno estará contradiciendo de facto cualquier interés en aplicar el otrora caballo de batalla de la meritocracia.

Más allá de que haga carrera el pragmático y dañino eslogan de que la corrupción es tolerable en sus justas proporciones, no parece que se entiendan a cabalidad sus efectos negativos sobre la efectividad y legitimidad de las instituciones, la justicia social y la equidad, el acceso a los derechos y la distribución de riqueza. Como tampoco parece que un Gobierno que se empeña en que nadie renuncie ni asuma responsabilidad política por sus actos, cualquiera sea su gravedad, tenga sincero interés en combatirla.