Lo que ha debido ser, desde un principio, un asunto bilateral para ser resuelto en el ámbito de la diplomacia directa entre Bogotá y Caracas, ha escalado de la diplomacia del micrófono, preferida por Chávez, a la de los organismos multilaterales.
El primer paso lo dio el gobierno de Colombia que anunció, tras las públicas amenazas de guerra del mandatario del país vecino, que llevaría el caso ante la ONU y la OEA. Se acudió así a los órganos políticos de las dos organizaciones, el Consejo de Seguridad y el Consejo Permanente, de manera respectiva, para informarlos de los hechos y sin buscar un debate desgastante que llevara a una condena al otro país. En este sentido no hay que olvidar la muy efectiva diplomacia del petróleo, mediante la cual Venezuela ha supeditado la entrega de petróleo y dinero en cantidades a un buen numero de países, en condiciones muy favorables. Bien sea como “cooperación” al desarrollo o para la compra de armas, Caracas ha esperado de ellos un alineamiento automático con sus posiciones en los foros multilaterales. Resulta por ende muy difícil esperar un debate en el que se dé al caso una valoración objetiva o una decisión sin prejuicios, exenta de presiones.
¿Qué sigue ahora? Primero que todo es bastante improbable que Colombia ingrese a la agenda del Consejo. La presidencia rotativa del mismo, que le corresponde a Burkina Fasso, previas consultas, puede desestimar la solicitud de inmediato. Sin embargo, en caso de considerarlo pertinente, puede convocar a una reunión, en formato abierto o cerrado, en la cual es indispensable que alguno o varios de los 15 miembros que lo conforman decidan si, en efecto, el país constituye una amenaza para la paz y la seguridad. En cualquiera de las dos modalidades, el país quedaría expuesto a un debate en el cual, y en caso de ser abierta la sesión, podrían participar otros Estados que así lo soliciten, diferentes a los integrantes del Consejo. En este contexto no sería de extrañar que muchos de los beneficiarios de los petrodólares venezolanos cuestionen a Colombia como forma de “pago” por los favores recibidos. Sin embargo, y mas allá de un candente debate, ahí debería terminar este asunto, es decir, con el archivo de la solicitud de Venezuela.
En el hipotético caso de que la decisión fuera la de incorporar a Colombia como tema de agenda, existen una serie de asuntos importantes que pasarían a tener un monitoreo permanente por parte del Consejo, como el de los niños en el conflicto armado interno y el de los desplazados, entre otros.
Desde esta perspectiva, la cuerda de la compleja relación con el país vecino sigue templándose sin necesidad. A este respecto urge la aceptación de un mediador, por ambas partes, que puede ser un país que genere confianza mutua, una personalidad reconocida o un organismo multilateral, en cabeza de su Secretario General, que actúe como propiciador y garante de unos diálogos directos y de unas medidas de consenso que permitan pasar la página de un capítulo difícil en unas relaciones ya de por sí bastante caldeadas.