Un informe para el debate

La constatación no es tan novedosa o malintencionada, acaso herética, como algunos han querido mostrarla. Se sabía de tiempo atrás que el país está invadido por grupos delictivos que incurren en asesinatos pero también redactan panfletos intimidatorios. Datos de la Policía Nacional, citados igualmente en el documento, indican que estos grupos cuentan entre sus miembros a más de 4.000 personas y hacen presencia en no menos de 24 de los 32 departamentos que tiene Colombia. El propio presidente Uribe ha dicho que es preciso acabar con estas agrupaciones que siembran de pánico el territorio y alteran el orden público.

Luego el diagnóstico parece estar claro. Las causas del mismo, por el contrario, generaron todo tipo de reacciones oficiales. Sin caer en contradicción alguna, pues esta ha sido su postura frente al tema, el Gobierno rápidamente salió a desmentir aspectos centrales del informe. El paramilitarismo, se nos dice, ya se extinguió y sus jefes están todos en la cárcel. No puede haber relación entre estas bandas armadas y el paramilitarismo de corte antisubversivo, pues las primeras derivan su existencia del narcotráfico y se alían con la guerrilla. De acá también que en la lógica gubernamental reciban el nombre de ‘bandas criminales emergentes’, Bacrim, denominación con la que deliberadamente se les quita cualquier dimensión política que pueda adjudicárseles y se sugiere que sus miembros son todos criminales de nuevo cuño.

La batalla lingüística, sin embargo, es bien riesgosa. Pese a que la propia HRW insista en que la forma como se les denomine a estas bandas es secundaria, ocurre que los desacuerdos con el Gobierno provienen de su misma insistencia en suponer que estamos ante grupos que nada tienen que ver con el paramilitarismo. Si bien los Urabeños, los Rastrojos, el Erpac, los Paisas, los Machos, Nueva Generación, el grupo de Magdalena Medio, Renacer y demás no comparten necesariamente las mismas motivaciones que dieron pie a la existencia de las Auc, sus prácticas siguen siendo ampliamente paramilitares en la forma como ejercen un control político sobre la población y violan los derechos humanos de algunos grupos específicos.

Otros aspectos del estudio, como los que plantean que no ha habido de parte del Gobierno una respuesta lo suficientemente contundente como para enfrentar a estas bandas armadas, fueron igualmente desmentidos con el conteo y la descripción de algunas operaciones ejecutadas por la Policía. Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, nos recuerda que grandes jefes como H.H., Los Mellizos Mejía, Don Diego. y Don Mario fueron capturados o dados de baja, al tiempo que a estos grupos se les decomisaron el año pasado bienes tasados en 45 mil millones de pesos y se les incautaron 55 toneladas de coca, 3.500 armas largas y otras 4.000 cortas.

Ha habido entonces reacción gubernamental. Pero hay cosas que se pueden mejorar y el campanazo de alerta frente a la connivencia de algunas autoridades que se hacen las de la vista gorda o se niegan a cooperar, no debiera ser rechazado tan tajantemente tras tantos años de demostradas relaciones entre grupos de paramilitares y miembros de las fuerzas del orden. Este último punto, además, se nos antoja el más sugestivo del informe: el Gobierno colombiano, reacio a las críticas de algunos expertos en el tema del posconflicto, fue incapaz de desmantelar durante la desmovilización las estructuras criminales de las Auc, así como sus redes de apoyo económico y político. De ahí entonces que se pueda hablar de una posible sucesión que, sin embargo, nunca es tarde para enfrentar de la manera adecuada.

En síntesis, más allá de que el estudio insista en la óptica del chantaje y recomiende no firmar un TLC con Colombia, su evaluación amerita un debate mucho más profundo que el que se aprestó a darle el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, para quien simplemente no hay que tenerlo miedo al chileno José Miguel Vivanco, cabeza de la ONG defensora de los derechos humanos.