Poco más de 200 milllones de pesos deberán entregar las autoridades a los tres accionantes de una demanda de reparación por el desplazamiento forzado de 280 familias originado en Pelaya, Córdoba, por el enfrentamiento entre la Fuerza Pública y los grupos armados al márgen de la Ley, tras una sentencia emitida por el Consejo de Estado.
El Ejército y la Policía Nacional fueron declarados los civilmente responsables de la reparación material, luego del abandono masivo de sus hogares por parte de los civiles, que fueron hostigados por grupos partamilitares, en febrero de 1996.
El alto tribunal de lo contencioso administrativo ordenó el pago de 450 salarios mínimos vigentes a los accionantes, que se vieron obligados a abandonar la Hacienda Bella Cruz, que fue objeto de la incursión de las Autodefensas, hace más de 13 años.
A pesar de que fueron casi tres centenares las familias que fueron victimizadas en este caso, el Consejo de Esatado avaló el pago únicamente a quienes oficiaron como demandantes.