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El ministro de la Defensa, Gabriel Silva Luján, las definió como “guardias pretorianas” y señaló que le preocupaba mucho que el gobierno de Venezuela las creara para defender “no a instituciones, sino a un individuo”. También alertó sobre la falta de control de éstas y la posibilidad de que sus armas terminen en manos de bandas criminales. Una declaración que muchos consideraron salida de tono y que el propio presidente Uribe tuvo que desautorizar.
Desde el inicio de su mandato, Hugo Chávez ha llamado a la puesta en marcha de un nuevo pensamiento militar de corte antiimperialista y nacionalista. Desde el año 2004 lo ha sustentado en el fortalecimiento del poderío militar, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar y la participación popular en las tareas de defensa nacional. La creación de las llamadas milicias se inserta en estas líneas. En la anterior Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional de 2005 se llamaban Guardia Territorial. Dicen responder a la preparación para una guerra de resistencia contra un Estado mucho más poderoso (EE.UU.) y son una estrategia de defensa de la Revolución Bolivariana y de su líder ante múltiples amenazas, incluyendo las que puedan provenir del propio estamento militar. No hay que olvidar, por ello, el golpe en su contra en 2002.
Las milicias, como figura, llevan ya casi seis años de existencia y forman parte de la nueva organización de las fuerzas militares del vecino país. Hoy el mandatario, en pleno proceso de “radicalización” de la Revolución, las “relanza”. Hay que anotar que su adhesión es voluntaria y algunos analistas tienen dudas de que estas estructuras funcionen en el seno de la sociedad venezolana. Una sociedad desacostumbrada a la guerra y la cultura bélica.
Las milicias no están pensadas para atacar a Colombia. Las principales preocupaciones, por las perturbaciones que puedan generar, son para los venezolanos. Algunos sectores temen por sus actuaciones politizadas y una posible militarización de la sociedad. Sin embargo, su consolidación y solidez son aún débiles. Las metas esperadas de participantes no se han cumplido. A pesar de los incentivos, su adhesión no es necesariamente automática, y está por verse el grado de compromiso de sus miembros.
A futuro, la preocupación principal podría estar en que estos cuerpos tomen vida propia, se fragmenten y queden en manos de caudillos que puedan tener propósitos todavía más radicales que la misma propuesta de Chávez. O bien puedan ser utilizados en propósitos más prosaicos por bandas delincuenciales.
En América Latina, experimentos que involucraron a la población civil en ejercicios de naturaleza militar y policiva, como las Patrullas de Autodefensa Civil (PACS) en Guatemala y las Cooperativas de Seguridad Rural (Convivir) en Colombia, tuvieron inesperadas consecuencias negativas.
En algunas zonas colombianas de conflicto, las Convivir y los grupos paramilitares se convirtieron en una sola cosa. Paramilitares reinsertados como Salvatore Mancuso describieron cómo fundaron cooperativas de seguridad rural que les dieron cobertura legal y cómo miembros de las Convivir, incapaces de asumir las restricciones que les impuso la Corte Constitucional en 1997, se convirtieron en grupos paramilitares. Por su parte, las Patrullas de Autodefensas guatemaltecas no sólo emplearon técnicas agresivas para el reclutamiento forzoso de civiles, sino que, en el marco de la lucha antisubversiva, perpetuaron torturas, ejecuciones extrajudiciales y masacres contra la población campesina e indígena.
En Venezuela hay entonces de qué preocuparse. Y aunque esta no es una estrategia militar dirigida exclusivamente a Colombia, es normal que el potencialmente peligroso experimento genere preguntas y una que otra inquietud.