La Corte Constitucional declaró inexequible la disposición que le otorgaba el Gobierno la facultad de diseñar los macroproyectos de inversión social contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo de la segunda administración Uribe, dejando sin base jurídica la implementación de los planes que todavía no han sido ejecutados, en esta materia.
La alta corporación determinó que son las entidades territoriales las únicas competentes para trazar todas las estrategias que se fijen en este sentido.
Sin embargo, la Corte omitió otorgarle un carácter retroactivo a esta decisión teniendo en cuenta la proximidad en la finalización de la ejecución de estos planes.
Esto significa que los macroproyectos sociales que ya hayan sido empezados a ejecutar bajo el diseño del Ejecutivo no sufrirán ninguna modificación, para evitar situaciones caóticas que lleven a causar detrimento en los intereses de la población beneficiaria.
Al declarar la inexequibilidad del artículo 79 de la ley 1151 de 2007 que le entregaba al Gobierno esta competencia, la Corte dispuso que eran las autoridades regionales las que, en adelante, debían desarrollar todas las labores de planeación, al respecto.