La democracia tambalea en Nicaragua

A las denuncias sobre supresión de personerías jurídicas de partidos políticos, retardos en el proceso de cedulación, expulsión de fiscales, cierre temprano de las Juntas Receptoras de Votos e incoherencias entre las actas firmadas por los fiscales y los informes emitidos por el Consejo Supremo Electoral, se suma la polémica por las miles de boletas electorales encontradas en los alrededores de un basurero de la ciudad de León.

Pese a que un primer informe publicado por el Consejo Supremo Electoral les otorgó la ventaja a los sandinistas en la mayoría de los ayuntamientos, incluido Managua, la alianza opositora encabezada por el Partido Liberal Constitucionalista desconoció los resultados. El candidato opositor liberal a la Alcaldía de Managua, Eduardo Montealegre, pidió apoyo a la comunidad internacional y exigió “una revisión total de cada uno de los municipios del país”.

No sin razón, Montealegre se mostró indignado con el hecho de que el Consejo Supremo Electoral no hubiese avalado la presencia de misiones de observación nacionales e internacionales. La presidencia francesa de la Unión Europea criticó esa ausencia y el embajador de Estados Unidos en Managua, Robert Callahan, declaró que había escuchado aseveraciones “creíbles” de que hubo anomalías el día de las elecciones. Actitud que fue reprochada por el gobierno venezolano de Hugo Chávez, quien calificó de “histórica” la victoria del partido del presidente, Daniel Ortega, y criticó al gobierno estadounidense por lo que consideró una “conducta intervencionista”.

El clima de tensión crece. Ya la policía nacional desplegó fuerzas antidisturbios en diferentes puntos de Managua ante las amenazas de una escalada de violencia entre sandinistas y liberales. El presidente del organismo electoral, Roberto Rivas, anunció que había invitado a los fiscales a revisar las actas del municipio de Managua, pero advirtió que “no existe una divulgación objetiva de los medios de comunicación sobre lo que está ocurriendo”.

Entre tanto, voces como la del Movimiento Renovador Sandisnita, formado por disidentes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional –que de manera inaudita no fueron aceptados en la contienda por las autoridades electorales– señalan al presidente Daniel Ortega de ser “el autor intelectual y principal responsable” del aparente fraude. Montealegre fue aún más lejos al anunciar en una rueda de prensa que “cualquier acto de violencia es culpa del Frente Sandinista”.

En la tarde de ayer, de hecho, piquetes sandinistas le impidieron a Montealegre acudir a una marcha de protesta en León organizada por la oposición para denunciar el presunto “robo” de votos. El último reporte oficial, publicado en un diario nacional, da como ganador en 101 de 146 municipios y en 12 de las 16 cabeceras departamentales disputadas al Frente Sandinista de Liberación Nacional.

La situación no da espera. El Consejo Supremo Electoral, que más que un órgano independiente parece una facción partidista, carece de la credibilidad que requiere entre la población. La prensa no llega a un acuerdo y por el contrario contribuye a la polarización. La democracia tambalea en Nicaragua y es poco lo que la comunidad internacional ha hecho y aparentemente hará para evitarlo.