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La orden del Ministerio Público se dio como consecuencia de una petición hecha por el Partido Liberal Colombiano, a través de su representante legal José Noe Ríos Muñoz, que asegura que en la recolección de firmas para el referendo se han registrado varias irregularidades como no haber informado "quienes son las personas naturales y jurídicas que han hecho donaciones para promover la recolección de las firmas requeridas, Igualmente, es necesario identificar las personas naturales o jurídicas que han concedido créditos".
El Partido Liberal denunció igualmente que el Registrado Nacional ya le había enviado una carta al Consejo Nacional Electoral indicándole que al hacer una revisión de los ingresos y los gastos del referendo, podrían "vislumbrarse algunas infracciones".
En un debate de la Cámara de Representantes (Comisión Primera), se habló sobre las razones por las que no aparece una donación a nombre de la empresa Transval, perteneciente a Provitec cuyo representante legal es el señor William Suárez con orden de captura dentro del proceso a DMG.