Salvo que en el segundo debate en la plenaria los miembros de la coalición modifiquen el texto aprobado —y las dudas jurídicas sobre la irregularidad de ese eventual procedimiento ya han comenzado a advertirse—, quiere esto decir que el presidente Uribe ha quedado inhabilitado para participar en las elecciones que se celebrarán en 2010. Es el sentido de las ponencias de los representantes David Luna y Carlos Fernando Motoa, aprobadas por abrumadora mayoría ayer. El deseo de los partidos Conservador y Alas-Equipo Colombia de modificar el texto del referendo para dar vía libre a una reelección en 2010, como en realidad lo pretendían los cuatro millones de personas que firmaron sin percatarse del gazapo lingüístico —“quien haya ejercido” en lugar de “sido elegido”—, fue derrotado con argumentos que, con justa razón, destacan la inconveniencia de una segunda reelección consecutiva.

A las denuncias sobre irregularidades en la financiación de la recolección de firmas y las inquietudes suscitadas por la participación de la empresa Trasval, filial de DMG, en el transporte de las mismas, se sumó el retiro del apoyo, durante la discusión del proyecto en la Comisión Primera de la Cámara, de los representantes por el Partido Conservador, Orlando Guerra y Myiriam Paredes. Presionados por la crisis social que se vive en sus departamentos —Putumayo y Nariño—, ocasionada por DMG y pirámides que como DRFE son objeto de una intervención gubernamental, los dos políticos afirmaron que votarían en contra de la modificación del texto del referendo.

Con todo, más allá del inusitado impacto que puedan haber tenido las pirámides y DMG en la votación final de las ponencias, lo cierto es que la estrategia de indecisión en que incurrió el Presidente a la hora de aceptar o rechazar el referendo con seguridad terminó por afectarlo. Lo primero que supimos los colombianos cuando se dio inicio a la posibilidad de una segunda reelección consecutiva, fue que sólo una “hecatombe”, que no explicó, podría llevarlo a querer participar en las urnas y permanecer en el poder. Poco tiempo después, mediante un comunicado de la Casa de Nariño, argumentó que el debate parlamentario sobre la reforma constitucional del referendo debía sacrificarse en aras de dar prioridad a la reforma política, hoy empantanada por cuenta de la ausencia de 14 de los 19 congresistas que debían acudir a su discusión el día de ayer en la Comisión Primera del Senado, y a la reforma a la justicia, retirada por el propio Gobierno. En la misma línea, supimos por boca del senador Hernán Andrade que el Presidente se haría a un lado si los partidos uribistas encontraban un único candidato. Más adelante, Uribe mismo manifestó que le interesaba una reforma constitucional que le permitiera ser reelegido en 2014. Durante todo el tiempo, y en tono retórico, ha repetido que su interés es que se reelija la política de seguridad democrática.

El hecho cierto es que con la decisión de ayer, por más que haya estado dominada por coyunturas muy particulares, que vaya en contra de lo que pensaban estar firmando quienes apoyaron el referendo y que aún esté pendiente de la posible pero discutible resurrección del tema en próximos debates, de entrada refresca la actividad política y le da oxígeno a la democracia. De inmediato, comienza a tomar forma lo que será la elección de 2010 y empiezan a respirar otros liderazgos asfixiados hasta ahora por la figura predominante del presidente Uribe. Y esas son buenas noticias.