Reintegración, por buen camino

A diferencia de otros temas ligados al conflicto interno, como las polémicas recompensas que aun hoy, y pese al escándalo de los falsos positivos, se practican sin partitura, en el complicado y crucial proceso de la reintegración existen un norte y una serie coherente de conceptos que guían la estrategia gubernamental.

La puesta en marcha del proceso, desde el centro, le abre paso a la regionalización. En total 16 departamentos y 106 municipios incluyeron la reintegración en sus planes de desarrollo. Las decisiones no se toman necesariamente desde una capital aparentemente todopoderosa que con frecuencia desconoce la realidad de las comunidades en las que los desmovilizados habrán de interactuar, en muchas ocasiones, con sus propias víctimas.

Por tratarse de un proceso las metas no se lograrán en el corto plazo. Una aseveración que contrasta con el abierto cinismo con que personas de la entraña del presidente, como José Obdulio Gaviria,  suelen exclamar que los paramilitares se extinguieron, las Farc lo harán prontamente y los desplazados no pasan de unos pocos miles. El propio Pearl admite sin tapujos que el reto es enorme y puede tomar, como mínimo, dos décadas.

De igual o aun más importancia, con insistencia se repite desde la Alta Consejería para la Reintegración que el programa dista mucho de ser una “oficina de empleo”. Si hace unos años se le entregaba a cada desmovilizado una suma de dinero mensual cercana a los 900 mil pesos, en la actualidad todo el que asista a los talleres psicosociales y persista en su educación, en un universo de personas en su mayoría analfabetas, recibe en promedio entre 300 y 500 mil pesos. El modelo asistencialista fue reemplazado no solo por un programa sostenible en términos económicos sino por una estrategia de alto contenido social que prioriza el desarrollo del individuo -y a su núcleo familiar-, y facilita su capacitación para que el mercado laboral haga valedero el viejo adagio de que el trabajo dignifica.

Con todo, los obstáculos no dan espera. La participación del sector privado, aunque existe, no es suficiente. La estigmatización, inevitable de parte de las víctimas sin un marco de referencia que posibilite la verdad, impida el olvido, negocie la impunidad y no exija el perdón, puede llevar al fracaso. De nada sirve que el gobierno emprenda de manera ordenada y concienzuda la tarea de la reintegración si el grueso de la sociedad insiste en su indiferencia.

La reintegración sigue sin ser sinónimo de posconflicto y por mucho que se desee aprender de experiencias históricas comparables, en Colombia aun estamos en guerra. Si bien el 94 por ciento de los cerca de 50.000 hombres y mujeres que se han desmovilizado en los últimos 5 años cumplen con las reglas de juego, se estima que 4.500 han reincidido en prácticas delictivas. De estos, 993 han sido asesinados. Antioquia, en donde muchos mandos medios jamás dejaron las armas, es el epicentro de una de cada cuatro muertes. Se calcula que el 13 por ciento de los miembros de las bandas emergentes son desmovilizados.  Los grupos violentos acechan y las altas rentabilidades del narcotráfico compiten con las bondades del programa.

Por si ello fuera poco, aun no hemos resuelto el limbo jurídico en el que están 19 mil desmovilizados de los grupos de paramilitares a los que la Corte Suprema de Justicia les negó, y no sin razón, la opción de la sedición. Es más, tanto interés en los victimarios por sobre las víctimas, a las que el Gobierno hasta el momento les ha negado de plano la posibilidad de una reparación integral, contribuye a que el largo proceso de la reintegración sea aun más tortuoso.

Ninguno de estos inconvenientes, sin embargo, depende de la Alta Consejería para la Reintegración cuyo programa merece nuestro completo apoyo y habrá de convertirse en una política de Estado. Si de lo que se trata es de iniciar el tan mentado posconflicto, el gobierno debería desarrollar políticas que como esta destacan por su realismo y acertada planeación.