La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará el país entre el 8 y el 10 de junio, debido a las múltiples solicitudes realizadas por el movimiento de defensa de los derechos humanos y la acción de los procesos en el territorio nacional. Denuncias que provienen de las comunidades afectadas por la brutalidad policial y la agresividad en el manejo de la protesta social por parte de Iván Duque, que llevaron a que este importante órgano visite a Colombia y observe la situación de los derechos humanos a raíz del estallido social y las protestas que iniciaron el 28 de abril.
Es una visita muy importante. El gobierno nacional no pudo contener la oleada de denuncias, videos, fotografías, testimonios, publicaciones que consolidaron las personas, el Comité Nacional del Paro (CNP), la conocida primera línea, entre otros actores del diverso y múltiple torrente de las movilizaciones. Tal parece que se reunirá primero con delegados del Gobierno, quienes entregarán las cifras e informes que confrontarán las pruebas y testimonios de las víctimas. Gracias a las presiones nacionales e internacionales se escuchará a las víctimas, las cuales se inscribirán a través de los mecanismos electrónicos que ha diseñado directamente la CIDH.
La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola Noguera, lidera esta visita, así que hay garantía de análisis y escucha adecuada de las víctimas de las vejámenes que se han desatado ante el errático manejo que el Gobierno Nacional ha dado al paro. Esta visita indagará de una u otra forma la tensión que existe en la función de la Policía Nacional, su conformación y entrenamiento, los hechos que enlodan la estructura de esta institución de civiles uniformados que hoy está subordinada al Ministerio de Defensa Nacional, actúa con parámetros y criterios de las Fuerzas Armadas, alejándose de su rol y misión, militarizando la vida cotidiana en campos, ciudades y poniendo en riesgo inminente a la población ante las prácticas crueles con que actúa.
Escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir testimonios y denuncias deberá ser el eje motor que permita facilitar recomendaciones al Estado colombiano para que armonice su política de operación de la fuerza pública en el manejo de la protesta social, que no la convierta en un campo de batalla atentatorio del bloque de constitucionalidad, dentro del cual se incluye el derecho internacional de los derechos humanos y las normatividades al respecto de la garantía y protección de la población en su ejercicio a la vida, la integridad, protesta social y trato digno.
Hoy el movimiento social en Colombia, más allá del llamado que los poderosos sectores que no permiten aún dar pasos hacia la paz completa y veraz, debe congregarse alrededor de esta importante visita para que la esperanza de investigaciones independientes, la recuperación de las personas que están desaparecidas en el marco de la movilización y el reclamo ante la tardía actuación de los organismos de control y, al parecer, su parcializado proceder.
Se necesitan acciones que permitan conocer qué pasará con las 76 homicidios que se han registrado en el marco de la protesta social, 34 de ellos al parecer cometidos por la fuerza pública. Los demás fueron realizados por “civiles” sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello. Tampoco se puede olvidar que al menos 151 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor, las 87 personas que ha sido víctimas de violencias basadas en género ni las 346 personas que se encuentran desaparecidas, presuntamente en el marco de detenciones arbitrarias en desarrollo de acciones del paro nacional.
La labor de la campaña Defender la Libertad es un asunto de todos y todas. Sin embargo, es de resaltar el trabajo de la Mesa de Trabajo de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de organizaciones sociales, que ha sido fundamental para salvar la vida de decenas de personas y recaudar documentación. Esta información ha sido entregada a la CIDH y hará parte de su oportuna deliberación para salvaguardar los DD.HH y la vida de la población colombiana en medio de la convulsión que vivimos. Su llegada es una luz de esperanza en medio de detenciones arbitrarias o intervenciones desmedidas de la fuerza pública.