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El organismo de control señaló que el hecho de que la Corte Suprema se atribuya la competencia para seguir juzgando a los funcionarios públicos, incluso en la eventualidad en que hayan renunciado a la investidura, constituyen una violación al debido proceso.
Para la Procuraduría General de la Nación, esta actuación parece demostrar el empeño de ese Alto Tribunal de tomarse atribuciones que no le corresponden, como lo es la modificación de la Ley.
Así lo registró el organismo de control frente al caso del ex presidente del Partido de la U, Carlos García Orjuela, cuyo proceso por parapolitica retornó al seno de la Corte, luego de ser asumido por otro despacho judicial, al ser llamado a juicio por parte de la Fiscalía.
"Por vía de la autoridad jurisprudencial se pretende modificar la ley de leyes y sus desarrollos normativos", señala el documento, que fue revelado este martes por el Noticiero CMI.
El Ministerio Público, tal y como loa anunció hace tres semanas el jefe del organismo, Alejandro Ordóñez Maldonado, insiste en manifestar que la Corte se equivoca, al considerar que el concierto para delinquir agravado, cargo común a casi todos los proceso de la parapolitica, tiene alguna relación con el ejercicio de las funciones parlamentarias.
Por el contrario, para la procuraduría constituye una evidente trasgresión de los límites normativos que marcan el ejercicio de las labores jurídicas que le son propias al Alto Tribunal.
"Constituye una violación a las garantías al debido proceso, juez natural, legalidad y las otras que entran a complementarlas", señala el documento del concepto emitido por el ente estatal.
Según los entendidos, este constituye un nuevo choque de trenes, que se produce bajo similares características a las observadas en otros eventos de contradicción entre la Corte y la Procuraduría, como lo fue el hecho de que la colegiatura hubiese desarrollado entrevistas con los ex comandantes paramilitares extraditados a los Estados Unidos, sin la presencia del Ministerio Público.