Periodistas y sindicalistas: ¿muertos privilegiados?

Los datos volvieron a revolver el avispero mediático hace unos días, a propósito de un foro organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Andiarios. El problema es que ya nos estamos acostumbrando al ritual: un informe para actualizar la cuenta de muertos; un evento que hace ruido por un día; y el olvido general cuando los mismos medios tienen que correr a cubrir el siguiente escándalo político mientras trabajan con el peso de la intimidación encima. 

Lo que falta, pienso, es martillar en el tema de la violencia contra periodistas hasta convertirlo en un escándalo de derechos humanos que nos duela a todos: al Estado que no protege ni investiga en serio, y a los ciudadanos que piensan que si mataron a un periodista es porque andaba metiendo las narices donde no debía.

El primer paso es aprender de causas similares, que los mismos comunicadores tienden a ver como ajenas a la suya. Y ninguna más parecida que la lucha contra la impunidad de los crímenes contra sindicalistas que han librado por años las centrales obreras y las ONG de derechos humanos y que finalmente se impuso en el debate público por efecto del TLC.

Las similitudes son evidentes. En los dos temas Colombia tiene récord mundial (aunque en el de periodistas asesinados, México ahora nos pelea el liderato cabeza a cabeza, literalmente). Ambos tienen móviles políticos claros: silenciar las voces que incomodan a los poderosos del Estado, del sector privado o de los grupos armados ilegales.

Los dos temas también comparten las críticas de quienes niegan el problema. Aquellos que alegan que los asesinatos se deben a razones personales (“muchos son crímenes pasionales”, le he oído decir a más de uno en foros sobre violencia antisindical). También los que hacen cuentas inverosímiles para decir que el riesgo que corre un sindicalista (o un periodista) de morir violentamente es el mismo que el de cualquier colombiano. Y los que concluyen que son muertos privilegiados porque, a diferencia de las demás víctimas, tienen palancas políticas internacionales que abogan por sus casos (las centrales obreras gringas o la SIP).

Así que es tiempo de hacer frente común para frenar ambos fenómenos. Para comenzar a buscar la cura, hay que rebatir a los funcionarios y analistas que siguen negando la enfermedad.

Además de mostrar que sus cuentas son insostenibles (esto dará para otra columna), hay que reiterar que las muertes de unos y otros tienen “efectos multiplicadores” particularmente graves para la democracia. La libertad de expresión y la libertad de asociación no son sólo derechos de los individuos que tienen como oficio ejercerlas, sino medios esenciales para defender los derechos de todos los ciudadanos en cualquier democracia.

De todo esto se siguen recomendaciones para que el Estado tome en serio los dos temas. La Fiscalía debe investigar a fondo y perseguir también a los autores intelectuales. Los jueces deben aplicar con rigor las penas. Y los sindicatos y organizaciones de comunicadores deben tener voz en los procesos penales.

Nada de esto se logra si periodistas y sindicalistas se dedican sólo a defender la causa de su gremio. Porque la violencia política los une más de lo que ellos mismos parecen sospecharlo.

* Profesor Universidad de los Andes y miembro fundador de Dejusticia (www.dejusticia.org)