Un caos ordenado

Las autoridades relacionan el hecho con un supuesto decomiso al hijo de licor adulterado. Decenas de jóvenes de Soacha y otros centros urbanos del país son encontrados sin vida en fosas anónimas, “dados de baja” por el Ejército corto tiempo después de su desaparecimiento. Los mandos militares y de policía informan que muchos de ellos, de todas formas, tenían antecedentes penales. Mientras tanto, el Gobierno acusa a los huelguistas de la caña de tener vínculos con la guerrilla y soporta la parálisis de la Rama Judicial por no cumplir con lo establecido por la ley en materia salarial. La presunta migración voluntaria en el país, según José Obdulio, contrasta con las cifras de Codhes que muestran un crecimiento del desplazamiento forzado de 41% en el primer semestre de 2008 en relación con igual período del año anterior. Las respuestas oficiales se parecen a las dadas en el exterior sobre las muertes de sindicalistas: muchas de ellas obedecen a “líos de faldas”, según el Gobierno.

Si buscamos un patrón en el estado de cosas descrito, surgen varias hipótesis no excluyentes entre sí. Una pone el énfasis en el subdesarrollo, en la plaga del narcotráfico y en el poder corruptor del dinero fácil. Otros, más píos, atribuyen la realidad social y la decadencia del mundo a la naturaleza pecadora del ser humano. Los menos perciben en la estela de sangre y de sufrimiento inconmensurable un caos ordenado. El caos que vivimos es intencional y organizado. Tiene como función enlodar para trivializar; descalificar para tergiversar; confundir para invisibilizar. El caos ordenado sirve a los beneficiarios del régimen: apropiadores de tierras a sangre y fuego; lavadores de dinero ilícito; latifundistas y palmicultores; políticos clientelistas y contratistas con privilegiado acceso al poder. El caos ordenado ayuda a difuminar y a escamotear la responsabilidad por el mal ejercicio del poder público. Ejemplos sobran. Si no, preguntemos al Fiscal por los errores que tienen libres al ex director del DAS, al honorable “primo” Mario Uribe, al hermano del Presidente y a su vecino, el abogado de Tasmania. Al listado de “hechos accidentales” se suman los vínculos del abogado Abelardo de la Espriella con el joven multiplicador de dinero y faraón de DMG —David Murcia Guzmán—; con los ex congresistas presos por la parapolítica; con su amigo el mismísimo Fiscal General de la Nación; con el empresario, ganadero de Córdoba y amigo del presidente —William Vélez Sierra—, adjudicatario de la remodelación de El Dorado, negocio por el cual el mismo Abelardo de la Espriella ganó una jugosa comisión. A las coincidencias se añade la lista de funcionarios con fugaz vida diplomática, nombrados por el Ejecutivo y luego retirados ante las investigaciones criminales en su contra.

¿Cómo no ver en este caos un patrón u orden establecido? Por fortuna, esta opinión puede ser contrastada. Basta leer para ello a algunos columnistas del diario de la familia del Vicepresidente y del Ministro de Defensa. Por mi parte, considero más sólida la hipótesis del caos ordenado que la del subdesarrollo económico o la de la maldad humana. Los que sacan provecho del desorden logran, con su irresponsabilidad política, asegurar la impunidad y el mantenimiento del orden actual. Mientras los criminales que ejecutan los asesinatos son responsables penalmente, los servidores públicos respectivos son responsables políticamente por el fracaso en sus funciones y todos los colombianos somos moral y políticamente responsables por apoyarlos y por aceptar como inevitable el caos que beneficia a pocos y nos afecta a todos.

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¿Evadirán también su responsabilidad banqueros y directores de fondos de pensiones que especulan y llevan a la pérdida de los ahorros de los trabajadores colombianos?