El origen del asunto es el ataque aéreo al campamento en Ecuador de Raúl Reyes y demás guerrilleros de las Farc en el que murió, entre otros, un ciudadano del hermano país. El presidente Uribe ha advertido perentoriamente que no dejará tocar a quien fuera su Ministro de Defensa. Pero eminentes juristas consideran que la orden judicial puede tener justificación, así luego se demuestre la inocencia del presidenciable. Recordemos que hace unos días el corresponsal de The New Yorker, el escritor estadounidense Jon Lee Anderson, de visita al Festival Malpensante, solicitaba enjuiciar a George Bush y a Dick Cheney por los crímenes cometidos en Irak y Afganistán. El fenómeno de indignación frente a operaciones militares recubiertas de mentiras no es exclusivo de moralistas o resentidos. Se trata de un cambio de paradigma en el derecho internacional. Es aconsejable no menospreciar este cambio. La escaramuza puede convertirse en incendio si se mira con espíritu nacionalista. Tampoco debemos olvidar que miles de colombianos reciben ayuda del Ecuador como refugiados del conflicto armado en la frontera.

El cambio de paradigma consiste en el abandono de la política internacional, basada en el poder hegemónico y su sustitución por el derecho como fuente de legitimidad de las actuaciones de los Estados. El cambio se conoce como la “constitucionalización del derecho internacional”. Hoy se entiende que el derecho internacional no sólo regula relaciones entre Estados soberanos; también protege y defiende los derechos básicos de todos los ciudadanos frente al ejercicio arbitrario de la fuerza por parte de los Estados. Mandatarios que gobernaban fundados en el poder de facto de una superpotencia mundial o regional, han sido llamados ante la justicia por violaciones a los derechos humanos. Pinochet fue el primero en el hemisferio. Luego lo siguió Fujimori y Montesinos. Si bien en Colombia se podría intentar demostrar que las cosas son más complejas, lo cierto es que la invocación a nuestra singular situación no nos inocula contra el cambio. Prueba del mismo es la condena que el alto comisionado de la ONU hiciera de las ejecuciones extrajudiciales sistemáticas llevadas a cabo por sectores del Ejército Nacional y cuyos responsables políticos son Uribe y el mismo Santos,  simpatizantes entusiastas de la “doctrina del mal menor”.

Malinterpreta la evolución del derecho internacional quien piensa que la creciente judicialización de los actos de gobernantes y responsables del mando en un país obedece a jueces o magistrados politizados, azuzados por activistas o cooptados por los “amigos del terrorismo”. Se trata de un grave error de apreciación de una nueva realidad internacional la cual puede saludarse con esperanza o, a la manera del ideólogo del nazismo Carl Schmitt, con desconfianza por encubrir intereses particulares de Estado bajo el manto de una presunta universalidad de los valores. De este tratadista alemán viene el escepticismo frente a la posibilidad de domesticar el poder hegemónico mediante un derecho internacional cosmopolita basado en el respeto de los derechos humanos y del imperio de la ley. No muy lejos del escepticismo están las convicciones del actual gobierno, al que en Washington ya le dieron diplomáticamente la despedida al igual que lo hicieran en las urnas con el ranchero y amigo Bush.