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La aparición del nuevo tipo de coronavirus, y su propagación por más de 140 países, cambió intempestivamente la vida en el mundo. Su llegada al país, el pasado 6 de marzo, se ha vuelto la principal preocupación del Gobierno y su objetivo número uno ha sido evitar que el sistema de salud colapse por el aumento de casos de personas infectadas. Esa misión también le compete al Congreso de la República, y le afecta: esta semana, los legisladores debían regresar de unas largas vacaciones para comenzar a sesionar y reanudar el segundo período de la legislatura 2019-2020, el cual acaba en tres meses. Pero, una de las prioridades apunta a hacer lo necesario para contener el virus, así eso represente retraso en su agenda.
En contexto: Suspenden sesiones del Senado por cuatro semanas por el coronavirus
El Ejecutivo ordenó una serie de medidas, como aplazar el Icfes (las Pruebas Saber), suspender las clases en colegios públicos y privados, impedir la entrada de extranjeros no residentes y postergar eventos de más de 500 o mil personas, entre otras. Estas cuentan con un eje transversal: aplicar el aislamiento preventivo. Esos mandatos, sin embargo, no incluyen al Congreso. Sin contar Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) y planta administrativa, son, para empezar, 280 los congresistas que ingresan al Capitolio cada día. Contando a todo el mundo, según la Dirección Administrativa de la Cámara, son entre 4.000 y 5.000 personas las que visitan semanalmente el recinto de la política.
Es decir, el Capitolio es un muy posible foco del brote de coronavirus. Y aunque la tasa de mortalidad a nivel mundial es baja en comparación con otras enfermedades, la de contagio es alta, pues se calculan unos 153.000 infectados, entre los cuales los más vulnerables son los adultos mayores, las personas con problemas respiratorios y con bajas defensas. Bogotá es, hasta ahora, la ciudad con más casos (28) y en total la cifra ha ascendido a nivel nacional a 54, esto en cuestión de días. Ante la situación, el presidente del Senado, Lidio García, suspendió las sesiones por cuatro semanas inicialmente. Así mismo, ordenó la implementación de una plataforma digital que le permita a los legisladores sesionar virtualmente. Para ello, radicó un proyecto que busca modificar la Ley Quinta de 1992 (el reglamento del Congreso) para que el trabajo virtual sea posible.
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La decisión de García se da luego de que varios congresistas, como Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, y José Daniel López, de Cambio Radical, pidieran esa opción para no interrumpir el trabajo de este período y en el que se van a tramitar importantes proyectos como las reformas política, electoral y de la justicia.
Goebertus se apoya en el artículo 140 de la Constitución, que dice que los presidentes de ambas cámaras podrán acordar el “traslado” de la sede del Congreso a otro lugar, “y en caso de perturbación del orden público podrán reunirse en el sitio que designe el presidente del Senado”. López, por su lado, presentó una iniciativa de la misma índole que la de Lidio García.
En su proyecto (anunciado antes que el del presidente del Senado) hace una reinterpretación del artículo 140 que “serviría para considerar que en el concepto de ‘orden público’ cabe una situación como la actual, y cuyos impactos eventuales pueden pasar no solo por el tema sanitario, sino también por el económico, fiscal, político, institucional, social y de orden público del país. Además, la expresión ‘trasladar su sede a otro lugar’ es compatible con la posibilidad de que la sede del Congreso sea una de carácter virtual durante un período de tiempo determinado por razones de fuerza mayor”, argumentó. La modalidad de reunión y votación también aplicaría para aquellos congresistas que estén en licencia de maternidad o paternidad.
En ese contexto, López afirmó que le pedirá al Gobierno pasar su proyecto con un mensaje de urgencia, de manera que pueda tramitarse en cuatro semanas. Si esto no ocurre, aseguró que le solicitaría al Ejecutivo declarar Estado de Excepción para sacar la mencionada normativa como un decreto. En su iniciativa, propone el uso de la “urgencia manifiesta”, una figura jurídica que deja de lado los procesos de licitación para contrataciones —en este caso, de herramientas tecnológicas y personal para implementarlo en los dispositivos de los parlamentarios—.
La intención, tanto de los congresistas como del presidente del Senado, es clara. No obstante, así todo se diera sobre ruedas para tramitar cualquiera de los proyectos para sesionar virtualmente, hacerlo requiere, por lo menos, de 15 días. Ahora, la decisión de Lidio García de suspender hasta el 12 de abril el regreso al Capitolio, evita que se propague el virus, pero resulta impopular para quienes están pendientes de que los parlamentarios cumplan con su trabajo. Para tranquilidad de esas personas, García afirmó que el tiempo no laborado se recuperará “durante el periodo de receso de mitad de año”.
De hecho, aunque apenas fue oficializada la medida ayer, la mesa directiva del Senado venía evaluando la situación desde el pasado viernes. Gregorio Eljach, secretario de esa corporación, enfatizó en que “decir que se debe cerrar el Congreso es algo muy fácil, pero hacerlo tiene consecuencias delicadísimas. Esto no es un colegio donde suspenden las clases pero mandan tareas, no es un ministerio donde pueden aplicar el trabajo ‘pico y placa’ (es decir, que se turnen los funcionarios para ir trabajar). Acá las decisiones de los proyectos se deben tomar de manera conjunta, aunque no tengan que estar todos juntos”, dijo.
En ese sentido, Eljach explicó que hay ingenieros que desde el viernes pasado están trabajando para ajustar las aplicaciones de videoconferencia a las dinámicas del Congreso. “No costaría nada, porque aunque no tenemos una plataforma propia, eso ya está inventado. Pero hay que ajustarle determinadas funciones del Congreso”, agregó. Se refiere a cómo conservar las actas de las plenarias, cómo evitar que hackeen el sistema, cómo garantizar que sea el congresista el que efectivamente vote los debates.
Con todo, van 11 días desde que llegó el coronavirus al país y en el Congreso hay una certeza: la discusión apenas comienza y el virus se contagia exponencialmente.