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En medio de la emergencia sanitaria por cuenta del coronavirus –que deja ya 306 casos confirmados, tres muertes y seis recuperados– la bancada del partido Alianza Verde en el Congreso le envió una carta al presidente Iván Duque en la que critica la dirección que el Gobierno les ha dado a los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), que suman alrededor de $14,8 billones.
Lo anterior, tras la denuncia formulada por mandatarios locales –en particular la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de esa colectividad– quien alegó que el Ejecutivo emitió un decreto para “autoprestarse” recursos de los entes territoriales “para dárselos a bancos y empresas”. En ese sentido, los verdes aseguraron que “los recursos de la emergencia deben ir directamente a la población colombiana que está sufriendo”.
De acuerdo con el partido, no hay razón para utilizar recursos del fondo creado por el decreto (Fondo de Mitigación Emergencias - FOME) para garantizar la liquidez del sistema financiero, teniendo en cuenta que el Banco de la República “aumentó hace pocos días el cupo total de operaciones de liquidez de dicho sistema con títulos de deuda pública y privada a $23,5 billones”.
La colectividad defendió el papel que desempeñan los gobiernos locales, dado su contacto directo con las poblaciones y el conocimiento situaciones particulares, por lo que instó a integrarlos a las iniciativas del Gobierno Nacional “en su condición de interlocutores y corresponsables de las políticas públicas”. De allí que inste a la concertación para atender las necesidades de la gente.
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“En el caso de este decreto, sus disposiciones son impuestas por el gobierno central sin consultas ni mutuo acuerdo con gobernadores y alcaldes, no obstante que les asigna responsabilidades y apropia recursos estrechamente vinculados a los intereses y los derechos de las regiones”, advierte el partido.
Para los verdes, lo dispuesto por el decreto “es injusto con los colombianos y es necesario corregir”, buscando con ello que la destinación de los recursos se priorice para micro, pequeñas y medianas empresas nacionales de los sectores formal e informal, como también las pertenecientes a la economía solidaria. “En estos grupos se generan la mayoría de los empleos del país”, precisan.
Por último, la bancada de congresistas indica que en el decreto se deberían señalar sectores vulnerables de la población que no están cobijados por subsidios gubernamentales y que “es urgente auxiliar”, como desempleados, trabajadores informales e independientes y inmigrantes.
Tanto el FAE como el FONPET son, por decirlo de alguna manera, un salvavidas que tiene el Estado. Usualmente, ambos funcionan para mantener estable el gasto público en inversión de las entidades territoriales a través del tiempo. Pero también pueden funcionar como ahorros que se tienen en periodos de vacas gordas y cuando la economía funciona bien, para luego ser invertidas en momentos de emergencia. En este caso el Gobierno Nacional decidió usarlos de esta manera para afrontar los coletazos del nuevo coronavirus.
Lo primero que hizo el Ejecutivo fue crear el FOME para atender, en medio de la pandemia, los requerimientos de la salud, que es un sector centralizado. Una vez declarada la emergencia, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que el Gobierno echaría mano de los recursos del FONPET y el FAE “en virtud a que esta crisis en materia de salud pública se combina con unos deterioros en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de factores absolutamente ajenos a la voluntad del Gobierno”.
Carrasquilla señaló que ese dinero funcionaría para atender dificultades como la actual. Los recursos del FAE valen cerca de $12,1 billones y los ahorros pensionales en el FONPET son de $2,7 billones. El ministro afirmó que, después de atender las necesidades en el sector de la salud, estos fondos van a “mantener el funcionamiento de nuestro sistema económico con base en garantías de crédito”. Y ahí comenzó a armarse la polémica con los mandatarios locales.
En una rueda de prensa este lunes, Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, aclaró: "Queremos darles claridad a los colombianos y a los líderes y mandatarios regionales y locales de que no se les está quitando ningún recurso de liquidez. El Gobierno tomó un préstamo del FONPET, pensiones que se van a pagar del año 2040. Lo tomó para que esas pensiones, que hoy no se tienen que pagar, esos gastos que hoy no se tienen que hacer, nos ayuden a mitigar y afrontar esta crisis. Vamos a destinar más de $6 billones adicionales a los que tenemos hoy en el sistema de salud para atender esta emergencia, que el Gobierno les pagará a las entidades territoriales para que a partir de 2040 puedan cumplir con sus obligaciones en materia pensional".
El funcionario refutó las críticas de la alcaldesa de Bogotá al decir que "ninguno de los recursos que se están asignando son para la banca. Estamos dándole recursos a los ciudadanos que más lo necesitan. Nadie está saliendo a salvar un banco. Nadie está saliendo a salvar al sector financiero. Lo que estamos haciendo es dotar de recursos para que la señora que tiene un restaurante en el barrio pueda tener acceso a nuevos créditos (…) si presenta un problema por tener que cerrar. Con recursos del FOME no vamos a dotar al sistema financiero. Los recursos para dar créditos y para apalancar mayores inversiones están garantizados a través de otros mecanismos, como son la capitalización del Fondo Nacional de Garantías”.
* “Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus".