Antes de liquidar, esclarecer

En primer término, el proyecto de ley que le otorgaría facultades extraordinarias al presidente Uribe para liquidar la entidad no puede llevar a la parálisis del control político que el Congreso está en la obligación de realizar. El DAS aún es un órgano adscrito a la Presidencia y, como tal, es susceptible de ser analizado con lupa y detalle por la oposición y, obviamente, también por el Poder Judicial.

En ese sentido resultan desafortunadas las declaraciones de algunos funcionarios al conocerse que las interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema ya no sólo provenían del DAS, sino también de la Fiscalía. Si bien esta circunstancia agrava el ya complejo tema de la utilización de métodos ilegales en las instituciones, no opaca el prontuario delictivo que hasta el momento ha caracterizado al DAS en los últimos tiempos y que no se limita al tema de las chuzadas sin orden judicial.

Si, como lo sugiere el Gobierno insistentemente, por estos días se está fraguando un complot en su contra, o una campaña dirigida a enlodar el buen nombre de sus funcionarios, ya habrá tiempo para esclarecer los hechos y señalar culpables. Entre tanto, conviene que esta ofensiva mediática, que ya adopta tintes de estrategia de encubrimiento, no altere la necesidad de que la sociedad esclarezca todo lo grave que ha ocurrido hasta la fecha con el DAS.

Antes que un episodio coyuntural que pueda superarse con los anuncios de creación de un nuevo servicio de inteligencia confiable y sano, el debate público y judicial sobre la debacle protagonizada por el DAS como resultado de un proceso de captura de las funciones estatales por parte de actores ilegales debe quedar saldado. El país tiene que tener claro si funcionarios del Gobierno, líderes del paramilitarismo, miembros del Congreso y ex directores del DAS se unieron para permitir que el organismo cohonestara acciones al margen de la ley.

El prontuario de delitos atribuidos a directivos del DAS no es de poca monta. Bajo la dirección de Jorge Noguera hubo filtración de información privilegiada para las autodefensas. Además, se les suministraron nombres de sindicalistas y profesores universitarios que, como en el caso del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, se convirtieron en víctimas de la extrema derecha. Hubo graves alteraciones a las bases de datos que contienen información sensible sobre el pasado y presente de nacionales y extranjeros.

De igual modo, hoy está claro que poco o nada sirvieron los relevos en la dirección del organismo o las promesas gubernamentales que anunciaban cambios de fondo en la forma de ejecutar las labores de inteligencia. El DAS siguió sumido en la ilegalidad. Más allá de sus errores procesales, la prueba son los hallazgos de la Fiscalía en materia de seguimientos e interceptaciones ilegales por parte de algunos funcionarios a diversas personalidades, entre ellas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Por eso, antes que suponer que la orden de defunción del DAS va a acabar de plano con los abusos cometidos por quienes lideraron sus funciones, y de paso le pondrá fin al debate público sobre las actuaciones indebidas, lo conveniente y lógico es que la justicia agilice sus conclusiones y que a la sociedad le quede claro hasta dónde llegaron las alianzas entre actores ilegales y funcionarios en un organismo que, si está en vía de transformación, no es producto de una renovación acorde con los tiempos actuales, sino resultado del descrédito por sus bochornosas actuaciones.