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Una organización no gubernamental (ONG) de la comunidad jesuita en Colombia aseguró el jueves en Bogotá que la fiscalía de este país ha recibido denuncias sobre unos 150.000 casos de ejecuciones extrajudiciales en zonas que están bajo la influencia de grupos paramilitares.
La fiscalía "afirma que la exploración en 400 municipios bajo influjo paramilitar arroja 300.000 denuncias referidas a 150.000 ejecuciones extrajudiciales", dijo el coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el sacerdote Javier Giraldo.
El religioso advirtió de que dicha cifra contrasta con los datos que arrojan las confesiones de los pocos paramilitares que han rendido versiones libres ante la entidad judicial.
Los ultraderechistas "se refieren a 30.000 crímenes de ejecución extrajudicial", señaló Giraldo durante una intervención ante el II Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en Desaparición Forzada, Procesos de Exhumación, Justicia y Verdad, que se reúne en Bogotá.
El encuentro, que concluye este viernes, reúne desde el miércoles a unos 400 delegados de 27 países de África, América, Asia y Europa, convocados por una coalición de nueve ONG de España, Guatemala y Colombia.
"La fiscalía afirmó recientemente haber exhumado 2.828 cadáveres de 2.316 fosas, habiendo sido identificados y entregados a sus familiares 721 restos óseos", dijo Giraldo.
El jesuita observó que, también de manera reciente, se ha denunciado que en la localidad de La Macarena (sur) existe "una sola fosa con más de 2.000 cadáveres sepultados clandestina e ilegalmente por el Ejército".
La fiscalía, continuó, también "afirma haber abierto 50.000 expedientes por desaparición forzada desde finales de los años ochenta, la mayoría de ellos inactivos".
La época mencionada coincide con la reunión de los grupos paramilitares en la organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se disolvió a mediados de 2006 con el desarme de más de 31.000 paramilitares, dentro de un proceso de paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Además, la Fiscalía General ha informado de que investiga más de 2.000 casos de víctimas de "falsos positivos", como se conoce en Colombia el asesinato de civiles por militares que los presentan como guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados ante sus superiores y obtener beneficios.
"No se puede afirmar, desgraciadamente, que la sociedad colombiana esté conmocionada por estas evidencias", se lamentó Giraldo, quien criticó que los medios masivos de comunicación de su país asignen a estas informaciones un espacio "enormemente inferior" al que dedican a los deportes, la farándula o la delincuencia común.
El responsable del Banco de Datos del Cinep dijo que esto "no es desgraciadamente una novedad".
También señaló que "desde hace muchos años los medios masivos dedican muchas horas a la semana a darles la palabra a las familias de los secuestrados por la guerrilla, cuyo número se calcula hoy, con cifras del mismo Gobierno (...), en 66 casos", más no se le da la difusión correspondiente a los casos de ejecuciones extrajudiciales, dijo luego.
En estos mismos medios "no se dedica ningún espacio a las familias de los desaparecidos ni de los masacrados ni de los privados injustamente de su libertad", enfatizó el sacerdote jesuita.