Advierten sobre demandas que desconocen el ordenamiento jurídico colombiano en caso Prodeco

El Estado colombiano estaría próximo a recibir un fallo adverso en el caso Prodeco- Glencore, advirtió la Contraloría General de la República al hacer mención de demandas internacionales que desconocen el ordenamiento jurídico nacional.

La demanda contra los intereses nacionales se presenta cuando después de 20 años de extraer el mineral sin mayores contratiempos, Prodeco propuso cambiar las reglas que su contrato había establecido para calcular las regalías que le correspondían al Estado por su trabajo de extracción, y la relación empezó a complicarse, señala informe de El Espectador.

Recuerda el informe que Ingeominas, autoridad en temas mineros de entonces, no aceptó la propuesta. Prodeco interpretó a su manera el cálculo de las regalías y, sin más negociaciones, empezó a desembolsar menos dinero, a pesar de que no tenía el permiso legal para hacerlo. En 2015 la Contraloría General condenó a la multinacional a pagar más de $60 millones por la arbitrariedad con que decidió calcular sus pagos al Estado colombiano.

Dice la entida de control de las finanzas públicas en un pronunciamiento sobre el tema que en próximo días en el seno del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, se proferirá una importante decisión sobre el caso Prodeco- Glencore. (De interés: El pleito por $2,5 billones entre Glencore y Colombia está a punto de resolverse).

Señala que Prodeco demandó no sólo ante dicho Tribunal Internacional sino también en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, un fallo de responsabilidad fiscal por el detrimento al patrimonio público, causado por la minera y otros servidores públicos que lesionaron los intereses patrimoniales del Estado colombiano.

"El daño patrimonial se produjo al modificar un contrato de gran minería con el cual se disminuyeron las regalías y otras contraprestaciones económicas que venía recibiendo el Estado colombiano, recursos públicos con los cuales se atienden las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables del país", sostiene el informe de la Contraloría General.

Considera la entidad que el tema de la mayor importancia, por las implicaciones no sólo económicas, jurídicas y de soberanía del Estado colombiano, y de sus instituciones que no pueden ver soslayadas sus facultades constitucionales y legales a propósito de posibles demandas internacionales. (De contexto: La mina de la discordia).

El despacho del Contralor General de la República sostiene que mediante auto del 21 de agosto de 2015 y actuando como segunda instancia, confirmó la ocurrencia de un daño de $60.023 millones causado a los intereses patrimoniales del Estado y la declaratoria de responsabilidad fiscal contra C.I. Prodeco S.A. y otros involucrados. Prodeco filial de la multinacional suiza Glencore que también resultó investigada en el caso de los sobrecostos de la Refinería de Cartagena.

El fallo con responsabilidad fiscal se originó en el detrimento patrimonial que le representó al Estado el ajuste que se hizo, mediante el otrosí No. 8 del 28 de enero de 2010, al Contrato de Gran Minería 044 de 1989 suscrito por Ingeominas con C.I. Prodeco.

Como resultado de las maniobras de Prodeco, “el Estado dejó de recibir regalías y contraprestaciones económicas en una cifra de pesos equivalente a la de la condena, por la explotación de la mina de carbón “Calenturitas”, en el departamento del Cesar”, sostiene el informe de la entidad de control de las finanzas públicas.