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La presentación del proyecto de ley del senador Álvaro Uribe para otorgarle facultades extraordinarias al presidente de incrementar el salario mínimo ha despertado una pequeña tormenta de opiniones en el mundo económico.
No era para menos, pues el salario mínimo es una de las discusiones laborales y económicas que más mueven a la opinión pública cada año (y que más pasiones despiertan entre gremios y sindicatos).
Por ejemplo, el indicador es la base para definir multas y sanciones de todo tipo a nivel nacional y departamental. También funciona como un indicador para establecer el costo de vida en Colombia y, de fondo, es una variable que ayuda a examinar la evolución del consumo.
Por eso, cualquier pronunciamiento a favor de un alza o baja hay que examinarlo con especial detalle, no sólo por sus implicaciones económicas (que las tiene), sino también por el capital político que compra esta discusión, bien sea con los trabajadores o con los empresarios, las dos caras opuestas en este debate.
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Para algunos analistas, la propuesta de Uribe tiene un fuerte tufo a populismo y a juego político, más que a una idea con sólidas bases económicas.
Mario Valencia, de la Red de Justicia Tributaria y Cedetrabajo, la critica duramente al decir que “la propuesta de Uribe es una falta de respeto a los casi 16 millones de personas en Colombia que ganan menos de $1´200.000, cuya capacidad de gasto se ha visto y seguirá siendo afectada por las reformas tributarias”.
Y añade: “El proyecto del senador Uribe es una cortina de humo para esconder que en la reforma tributaria sí se va a afectar el bolsillo de los hogares, por la vía de aumentar la base de productos gravados con IVA y el aumento del impuesto de renta. El proyecto no es para subir el salario, sino para otorgar facultades extraordinarias al presidente para que lo considere. Pero, además, hace la precisión de que este aumento no debe tener ningún impacto en los indicadores económicos del país, es decir, que en la práctica es imposible que esto ocurra. Cuando los modelos muestren que sí tiene impacto, se hundirá la iniciativa y Uribe podrá decir que él lo intentó”.
Para Diego Guevara, profesor de la escuela de economía de la Universidad Nacional “la propuesta tiene sus micos porque, claro, da un golpe de opinión que busca subir popularidad, pero en la letra menuda está diciendo: ‘La estabilidad del incremento extraordinario fijado, como base para el incremento del salario mínimo mensual ordinario en el año 2019 y a partir de ahí en las siguientes anualidades’. Es decir que lo suben de golpe, pero para el futuro usan el argumento de que ya se subió y usan este incremento como base para más adelante y con eso compensan. Esto tiene problemas pues hay un error al pensar que algo que se fija hoy sirve como base para el futuro, cuando no conocemos los indicadores ni las cifras de ese entonces”.
Camilo Herrera, creador de la firma de investigación de mercado Raddar, asegura que “el aumento de salario puede generar un aumento en el gasto, que puede ser un elemento importante de subida en la demanda, bajo la premisa que sólo 15% de los ocupados están vinculados al salario mínimo”. Y añadió “el aumento de salario desmotiva la creación de ciertos empleos, en un momento en el que se está creando muy poco, lo que frena el gasto. Hay que ver cómo es el escenario en el efecto neto. El gran riesgo es un aumento de la informalidad”.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que la propuesta le parece interesante. En diálogo con La FM, el dirigente gremial aseguró que “me parece que puede traer efectos importantes en los hogares colombianos, en la capacidad de compra de los hogares colombianos. Debemos tener mucho cuidado para que la iniciativa no vaya a crear unos efectos indeseados sobre las finanzas públicas. Por ejemplo, todos los gastos que eventualmente tiene el Estado que estén atados a los salarios mínimos legales. Y me parece que hay que revisar quizá el mecanismo porque no tengo seguridad de que esto se deba hacer a través de un proyecto de ley".
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Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores, dijo, a través de un comunicado que “no se requiere de facultades extraordinarias para que el gobierno central pueda expedir un nuevo decreto para incrementar el salario mínimo. No estamos de acuerdo que se dé facultades extraordinarias al Presidente Duque para expedir adicionalmente al decreto del salario mínimo, una serie de normas con fuerza de ley en materia financiera y tributaria porque ello desbordaría facultades y sería, sin lugar a dudas, una oportunidad para lo que se da por un lado sea eliminado por el otro. No podemos aceptar que la necesidad del aumento del salario mínimo se pueda utilizar para justificar una reducción significativa de los impuestos de los empresarios y trasladarlos al resto de los ciudadanos “de a pie” por la vía o de aumento a los impuestos a los trabajadores, a la clase media y a los profesionales o incrementando el IVA para todos los productos de la canasta familiar”.