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¿Cómo tener un mayor crecimiento económico, pero con menos emisiones de gases de efecto invernadero? Parafraseando el famoso discurso: esta es la cuestión.
Este martes, la Universidad Nacional, en conjunto con la Agencia Francesa de Desarrollo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y el Fondo Acción dieron comienzo a un estudio que, de cierta forma, intenta ofrecer luces en este asunto para el caso colombiano.
Se trata de un proyecto a tres años que “busca evaluar las vulnerabilidades de la economía colombiana cuando el país quiere cumplir con los acuerdos de París, que implican reducir las emisiones de carbono”, cuenta Diego Guevara, profesor de la Escuela de Economía de la Nacional y director del proyecto.
Para 2030, Colombia se comprometió a reducir en 20 % sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como parte de lo pactado en el Acuerdo de París. La meta, entre otros asuntos, puede representar serios cambios para una economía como la colombiana, altamente dependiente (por no decir adicta) a las industrias extractivas y los combustibles fósiles.
De acuerdo con el dato más reciente de exportaciones del DANE (enero de este año), Colombia logró ventas internacionales por US$3.423 millones (FOB), de los cuales los combustibles y productos de las industrias extractivas tuvieron una participación de casi 61 %. Son buenas noticias para el sector energético, pero a la larga ejemplifica por qué se habla de diversificación de la producción y, en el fondo, de adaptación económica al cambio climático.
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Una transición hacia una economía sostenible implica un rediseño del pacto social en cada país y en todos los renglones. “No hay nadie que se escape a esta discusión. Nadie puede decir ‘a mí no me toca, no me importa’. Todo el territorio es vulnerable y esta discusión se alinea con todas las actividades de la producción”, dijo Javier Mendoza, quien coordina la estrategia colombiana de largo plazo para el cumplimiento del Acuerdo de París.
Uno de los renglones de afectación es la economía, pues en últimas se está hablando de cambios en asuntos como especialización productiva, patrones de consumo y distribución del ingreso. “Esto tiene consecuencias fundamentales en temas como la política monetaria: es posible que si usted quiere reducir emisiones, eso tenga una gama de efectos colaterales sobre los niveles de precios de la economía y eso, a su vez, puede acarrear dificultades en términos de cumplimiento de inflación, por mencionar un ejemplo”, dice Guevara. Y añade, “en el terreno fiscal se puede analizar cómo aumentarían los niveles de deuda si ciertos sectores que son generadores de emisiones, como transporte, absorben choques derivados de la necesidad de bajar éstas; en este escenario se crean unos desincentivos, problemas y retos”.
En general, el vínculo entre economía y cambio climático puede no resultar evidente, incluso para públicos de interés, como las empresas. “Menos de 3 % están aseguradas, en general, menos aún para eventualidades como inundaciones”, cuenta Helena García, vicepresidenta general del Consejo Privado de Competitividad (quien también estuvo en el evento). Sin embargo, una encuesta de 2017 identificó que 66 % de las empresas en Colombia han sido afectadas por fenómenos como El Niño o La Niña.
Para García, Colombia es un país con pocas emisiones, pero que no ha podido reducirlas y tiene una alta vulnerabilidad al cambio climático, además de una baja preparación económica.
De acuerdo con datos de 2016 del World Resources Institute, Colombia ocupa el puesto número 34, entre 191, de los países que más emite GEI y aporta 0,49 % del total de éstos a nivel global. Basada en datos del DANE, García afirma que en Colombia “el PIB y las emisiones van de la mano todo el tiempo y no hemos podido desacoplarlas. No somos uno de los países con menos emisiones, pero también tenemos trabajo pendiente en desacoplar nuestro crecimiento económico de los GEI”.
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Según datos de la Iniciativa de Adaptación Global de la Universidad de Notre Dame, Colombia está en una posición alta de vulnerabilidad al cambio climático y ocupa el puesto 156, entre 192 países analizados. Así mismo, el país tiene poca preparación económica y social para enfrentar este fenómeno, de acuerdo con estudios de la misma universidad.
Los cambios bruscos en las condiciones climáticas son una amenaza directa a los sistemas productivos, si estos no se adaptan. Un estudio de 2014 hecho por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) daba cuenta de que, entre 2011 y 2100, “en promedio habría pérdidas anuales del PIB del 0,49 %”. Por sectores, dice el documento del DNP, el mayor perjudicado es el agrícola, con una baja de 7,4 % en “los rendimientos agrícolas para maíz tecnificado, arroz irrigado y papa”.
Las amenazas no sólo se ubican en renglones como la producción (y por ende el consumo), sino también para asuntos como la infraestructura: con aumentos en lluvias se ponen en riesgo vías terciarias (una de las grandes deudas sociales y económicas del país) e incluso la conectividad mediante la red de autopistas 4G. “Tenemos que empezar a pensar cómo protegemos estas inversiones”, aseguró García.
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Los retos pendientes de Colombia, de cara a una adaptación económica al cambio climático son variados y empiezan por diversificación de la producción, y se extiende hasta la recuperación de la productividad, que registró una baja de 16,8 % entre 2000 y 2018, cuando el promedio de Latinoamérica fue de 11,8 %; en el mismo periodo, los países OCDE registraron un crecimiento de 2,1 % en el indicador.
Para García, otro de los retos es el uso de la tierra en Colombia, en donde las actividades pecuarias utilizan tres veces más tierra que las agrícolas, pero con una productividad casi siete veces menor, según datos del Instituto Agustín Codazzi citados por la ejecutiva.
La discusión sobre cambio climático, entre tantos otros asuntos, es un tema de política económica, como bien lo señala Guevara al afirmar que “identificar las vulnerabilidades en la economía del país permitiría formular y adaptar de manera adecuada las políticas macroeconómicas, con el fin de que estén encaminadas a mitigar y resolver los problemas que se puedan presentar en la transición de Colombia hacia una economía baja en carbono”.
Pero, a la vez, es un problema que va más al fondo, como cuenta Mendoza: “Aquí estamos hablando de cómo pensamos transformaciones profundas. Obviamente entrar en una discusión de cambio climático y economía no se reduce a la plata, sino que toca al bienestar, a lo que necesitamos comenzar a construir: cómo nos pensamos a largo plazo y, necesariamente, tiene que ir más allá de saber de dónde sacamos el dinero”.