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Un nuevo capítulo de los aranceles incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 a las prendas de vestir se escribió esta semana. Por un lado, la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (Cccya) insiste en que el Gobierno de Duque no les ha cumplido sus promesas, pues no ha implementado los artículos 274 y 275, que establecen un aumento en los aranceles para importaciones (de textiles), del 15 % al 37,9 % cuando su precio sea inferior o igual a US$20 por kilo. Para las que superen ese precio habrá un arancel del 10 % respecto al valor (de la mercancía): más de US$3 por kilo. (Lea: Los aranceles a textiles y sus efectos en el bolsillo de los colombianos)
Por el otro, Fenalco, la ANDI y Analdex demandaron la medida por inconstitucionalidad. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se sumó e interpuso una demanda ante la Corte Constitucional por considerar que aumentar los aranceles le compete al Ejecutivo y no al Legislativo.
De hecho, desde las primeras conversaciones del PND, el ministro de Comercio, Industria y Turismo (Mincit), José Manuel Restrepo, se mostró en desacuerdo y mediante un documento expuso las consideraciones de la entidad sobre dichos artículos. Según el funcionario dicho incremento arancelario “significa un encarecimiento de aproximadamente un 25 % de los precios en el vestuario, afectando a 47 millones de colombianos y beneficiando a una sola parte del sector”.
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El 6 de agosto, en la Cámara de Representantes se realizó otro debate de control político convocado por Alejandro Chacón y Julián Peinado (Partido Liberal), con el objetivo de defender al sector textil nacional; por su parte, Jorge Gómez (Polo Democrático) y Adriana Matiz (Partido Conservador) citaron a los ministros de Hacienda y de Comercio para que explicaran por qué no estaban de acuerdo con la implementación de los artículos.
A pesar de la oposición del Gobierno y de la demanda que está en curso, el 6 de agosto también fue el día en el que el Ministerio de Comercio firmó el decreto 1419, que reglamenta los artículos 274 y 275. Sin embargo, esta norma entrará en vigor en noventa días, siempre y cuando la demanda interpuesta ante la Corte no lo tumbe.
Pese a tener firmado el documento, la Cccya decidió mantener en pie la marcha nacional convocada para el 22 de agosto desde las 9:00 a.m., con la que buscan defender el empleo y a la industria.
¿Por qué apoyar los aranceles?
Jorge Duque, presidente de la Cccya, aseguró que el Gobierno sigue dándole largas y tratando de no aplicar el decreto. “Tres meses que se tomó el Gobierno para sacar un decreto que debió publicar al otro día de la aprobación del PND. Además, les dio tres meses más de gabela a los importadores, porque empieza a regir 89 días después de haberlo firmado”.De acuerdo con la Cccya, la medida pretende proteger la industria nacional de las de prendas de vestir importadas a muy bajos precios desde Asia y África, lugares que en su mayoría no pagan salarios justos y generan una competencia desequilibrada. El líder del gremio también mencionó la intención de los ministerios de favorecer al llamado “cartel del trapo”, pues, según él, ese plazo permitiría que los importadores se hicieran su “agosto”, mientras que las empresas que pertenecen a su gremio siguen cerrando por la competencia desleal.
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Julio César Mendoza, director ejecutivo de la feria Ibagué Moda y Negocios, que este año cumple diez años, afirmó que el Gobierno le ha dado la espalda a un sector que, de acuerdo con cifras de Procolombia, representa el 6 % del PIB industrial, genera más de 600.000 empleos directos y alcanzó en 2018 exportaciones a cien destinos. “Es absurdo que el Gobierno les haga el juego a los grandes importadores y que ignore a 1’600.000 empresas que trabajamos en la industria. Gremios como la ANDI, Fenalco, Analdex, que pusieron demandas, no nos representan. La Cccya es nuestro gremio y hemos tenido el apoyo del Congreso”.
Mendoza agregó que “el contrabando es un caballito de batalla del Gobierno, y que este ha sido incompetente para tratarlo, pues no tiene un control total y existe corrupción aduanera”. Además, indicó que hace falta más control por parte de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)”.
¿Por qué temerles a los aranceles?
Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco Nacional, señaló que si la medida llegara a entrar en funcionamiento iría en contra de los consumidores y de la misma industria. “Incluso les entrega el negocio a los contrabandistas porque al incrementar los aranceles, como el contrabandista no los paga, le está aumentando la rentabilidad e incentivándolo”.Hernando José Gómez, exdirector del DNP, concuerda con Visbal en que se van a elevar los costos para los hogares colombianos, pues cuando estos aranceles entren en vigor “podremos esperar incrementos de precios entre 20 % y 25 %, en particular, en todo lo que no se produce en Colombia”.
Gómez también advierte que aplicar aranceles por iniciativa del Congreso es inconstitucional. Incluso, los gremios en contra de los artículos han mencionado que Colombia se expondría a sanciones de la Organización Mundial del Comercio por esa política arancelaria. “Es tomarse una función del Gobierno. Es negativo más allá de que sean buenos o no. Esos artículos, a mi juicio, la corte los va a declarar inconstitucionales”.
Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de la Amcham y exministra de Comercio, afirmó que la medida es inconstitucional. “El presidente tiene la potestad, a través del Mincit, de establecer cuáles son los aranceles que se deben aplicar. La política arancelaria debe estar establecida de acuerdo con el contexto del país y al internacional”.
Asimismo, Lacouture, recordando su experiencia como ministra de Comercio, invitó a los interesados en aplicar la política arancelaria a que aprendan de lo que ya se hizo: “Efectivamente tuvo resultados interesantes por un tiempo, pero luego el comercio ilícito tuvo una mutación haciendo que la medida no fuera suficiente para combatir el contrabando”.
¿Qué soluciones ofrece el Gobierno?
Colombia Productiva, entidad del Mincit, trabaja en proyectos para que empresas del sector reduzcan costos y aumenten su productividad. Por ejemplo, Fábricas de Productividad es una de las metas incluidas en el PND, que tiene como objetivo un incremento del 8 % de las empresas que se vinculen. De acuerdo con la entidad, “serán 4.000 intervenciones durante el cuatrienio con las que las compañías podrán mejorar sus indicadores internos, cumplir estándares de calidad exigidos en los mercados y dar valor agregado a sus bienes y servicios”.Según Colombia Productiva, para la industria textil los servicios de Fábricas le ayudarán a generar ahorros en su consumo de energía y así reducir costos. Otros proyectos de la entidad son el portal Compre lo Nuestro, en el que hay 9.244 empresas, 647 pertenecen al sector moda y representan el 7,79 % de las empresas inscritas; y Colombia Transforma Moda, de Colombia Productiva e Inexmoda, que capacitó y brindó asesorías a 250 empresas del sector para impulsar su crecimiento.
Sin embargo, Duque también es crítico en cuanto a las Fábricas de Productividad. “Los ministerios escogen amigos y les ayudan a los que ya exportan. A las más de 500 empresas que cerraron en los últimos cuatro años no las han ayudado. Crean programas de emprendimiento que solo benefician a los que tienen dinero”.