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Entre los siguientes nombres aparecen, probablemente, algunos de los más encumbrados economistas del país. Hay algunos que pasaron por las mejores universidades del mundo, otros han sido titulares de primera línea de los grandes tanques de pensamiento de Estados Unidos y, por supuesto, de Colombia. Otros llevan años tirando línea en los gremios más poderosos del sector productivo, están los que deciden la política monetaria colombiana, grandes empresarios, analistas, extranjeros, embajadores y hasta selectos miembros de la mesa de negociación del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc. (Lea aquí: Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal contra 47 funcionarios de Reficar y Ecopetrol)
Sí, todos son de primera línea. Son 38 ejecutivos a quienes la Contraloría General les abrió un proceso de responsabilidad fiscal por US$6.080 millones, cifra millonaria en la que se incurrió para poder terminar la modernización de la refinería de Cartagena. Un sobrecosto que no tiene nombre. “La decisión se dio tras analizar los controles de cambio que se aprobaron en diferentes reuniones de juntas directivas de Reficar y de Ecopetrol, que permitieron la autorización de mayores inversiones en el presupuesto del proyecto”, detalla el ente de control.
Pero, ¿quiénes son esos encumbrados? Los llamados a dar su versión libre son Orlando Cabrales Martínez, Reyes Reinoso, Felipe Castilla, Magda Manosalva, Carlos Eduardo Bustillo y Andrés Virgilio Reira, todos funcionarios de Reficar. A ellos se suman los miembros de la junta directiva de la refinería: Javier Gutiérrez, Pedro Rosales, Diana Calixto, Gloria Inés Cortés, Hernán Martínez, Hernando José Gómez, Henry Medina, Natalia Gutiérrez, Uriel Salazar, Hernando Zerda, Astrid Martínez, Carlos Gustavo Arrieta y Carlos Eraso.
Y los que se vienen no son menos importantes. Al contrario, varios de ellos tienen algunos de los más altos cargos del gobierno de Juan Manuel Santos: Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol; Carlos Rodado Noriega; Fabio Echeverry; Federico Rengifo; Joaquín Moreno; Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda; Amylkar Acosta; Roberto Steiner; Jorge Pinzón Sánchez; Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa; Tomás González; Ana Fernanda Maiguashca; Luis Fernando Ramírez; Gonzalo Restrepo y Horacio Ferreira, todos integrantes de la junta directiva de Ecopetrol.
Entre los contratistas a quienes también se les incluyó en el proceso de responsabilidad fiscal están Chicago Bridge & Iron Company N.V. – CB&I N.V., representada por Philip K. Asherman; CBI Chicago Bridge & Iron Americas Ltd, CB&I UK Limited, CBI Colombiana S.A., quien tiene como representante legal a Orlando Gomes Rui; Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants Inc.
Asegura la Contraloría que las aprobaciones de las mayores inversiones en el presupuesto del proyecto, hechas por todas las personas anteriormente citadas, “tuvieron como consecuencia la pérdida de valor de las mismas debido a deficiencias en la ejecución de las diferentes etapas o fases del proyecto, que constituyen el daño emergente (US$4.144 millones) y la entrada tardía en operación de la refinería que constituyen el lucro cesante (US$1.936 millones), para un daño en cuantía total de US$6.080 millones”.
Ya Juan Carlos Echeverry, en entrevista con El Espectador, se había referido al tema y en esa ocasión pidió disculpas y habló de quienes debían poner la cara. “La responsabilidad obviamente fue de los contratistas, de CB&I y de Isolux, pero de todos modos creo que nuestros dueños, que son todos los colombianos y todos nuestros accionistas, merecen de nuestra parte que les digamos: vea, aquí somos responsables también y reconocemos que tenemos unas falencias que hay que subsanar, por eso hemos creado la vicepresidencia de ingeniería de proyectos y la vicepresidencia de cumplimiento y ética, hemos cambiado todo el sistema de abastecimiento de la empresa de manera que todo esto no se vuelva a dar”.
Ahora, lo que muchos dijeron al comienzo del escándalo volvió a sonar: no va a pasar nada. Lo dicen porque si las indagaciones de la Contraloría no prosperan, entonces el caso no llegará a la Fiscalía. Pero si efectivamente la Contraloría logra demostrar la responsabilidad de estos altos ejecutivos, el proceso estará allí. “De comprobarse la participación de estos funcionarios en el proceso de indagación, la Fiscalía ejercería acciones penales contra ellos y quedarían inhabilitados para seguir trabajando con el Estado”. ¿Será?