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Según el cronograma que seguía en pie al cierre de esta edición, hoy termina el plazo para hacer comentarios a un proyecto de regulación de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) que busca ser una bala de oxígeno para un sector que, entre otras cosas, se siente amenazado por las nuevas tecnologías. Plataformas como Netflix y Youtube, denominadas OTT (over the top, que funcionan sobre internet), han puesto de manifiesto asimetrías entre una industria tradicional, que tiene que invertir millonarios recursos en infraestructura, y nuevos modelos de negocio que pueden darse el lujo de tener una mínima cantidad de activos.
Se trata de un proyecto de resolución para cambiar el régimen de contraprestaciones que las empresas de televisión por suscripción le dan al Estado por cada usuario, recursos que sirven para financiar la televisión pública y que están contenidos en un fondo llamado Fontv. El espíritu del borrador de la norma es retirarles cargas a los privados para que puedan competir mejor, un propósito que fue aplaudido por gremios como Asotic, que reúne a compañías prestadoras de servicio por cable, en mayo pasado, cuando la ANTV y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) presentaron el proyecto.
Entre los cambios que socializaron estaban, por ejemplo, que el monto fijo de las concesiones que pagan las empresas bajaría de $51 millones a $11,4 millones y la compensación que estos operadores dan al Fontv se calcularía como un porcentaje de los ingresos de las compañías y no como un monto fijo por cada usuario, como sucede actualmente. Eso ya ocurre en un fondo llamado Fontic, al que aportan los prestadores de servicios de telefonía e internet un total de 2,2 % sobre sus ingresos. Esos recursos sirven para promover la digitalización en el país.
Sin embargo, la propuesta de resolución de la ANTV ha provocado críticas de expertos y otros jugadores del sector. Los canales privados de la televisión abierta, RCN y Caracol, consideran que la propuesta beneficia a un grupo reducido de agentes, es decir, los operadores de TV por suscripción. Creen que, de quedar en firme, la norma afectaría la financiación de la TV pública, porque se reducirían los aportes al Fontv, del que se nutren canales como Señal Colombia. También, dicen, saldría mal librado el sistema abierto como un todo, que, además de estar siendo amenazado por las llamadas OTT, “es el que mayor relación costo-beneficio tiene para el usuario, al ser un servicio gratuito”.
Así lo sostienen RCN y Caracol en una carta dirigida a la ANTV y a la Junta Nacional de Televisión y conocida por este diario. En ésta señalan, por un lado, que tanto las tarifas como los usuarios de la TV por suscripción han crecido desde 2009 y sugieren, por otro, que hace falta una norma complementaria que evite que las compañías que prestan servicios empaquetados, como triple play, aporten a los fondos estatales como mejor les convenga: prestadores de un servicio de internet o de televisión, por ejemplo.
A esa concepción, Alberto Solano, director de la Cámara de TIC y de Televisión de Andesco, respondió: “Tanto la CRC como la ANTV tienen por regulación que es obligación de las empresas presentar sus estados financieros separados por cada uno de los servicios que prestan, precisamente para evitar eso, que se llama un subsidio cruzado. Eso ya está regulado y auditado”. De otro lado reconoció que es cierto que las compañías de servicio por suscripción han venido creciendo en usuarios, pero que eso no quita que principalmente Netflix, que no aporta al Fontv, esté mordiendo gran parte del mercado.
Pero, mientras Solano señala la asimetría que hay en que la televisión por suscripción esté dando el 74 % de aportes que hace el sector al Fontv y la conveniencia de equiparar la carga con la del sector TIC —que está en 2,2 %—, el excomisionado de televisión Eduardo Noriega ve riesgos similares a los que perciben los canales privados. Asegura que actualmente los recursos para la televisión pública son insuficientes, más aún de cara a las necesidades de innovar en un entorno convergente, en el que las personas están viendo cada vez más televisión a través de internet.
Para Noriega, es una situación que empeoraría si se reducen los aportes. Además, cuestiona los datos con base en los cuales se calcularon los cambios que propone el proyecto de norma, teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República advirtió el año pasado un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $171.621 millones, a causa de un subreporte de cerca de tres millones de usuarios de la televisión por suscripción.
La carta de RCN y Caracol forma parte de las observaciones que se han hecho al proyecto de resolución, por lo cual la ANTV no respondió a este diario sobre esos cuestionamientos en particular, sino que lo hará en el debido momento, según el cronograma oficial. No obstante, frente a uno de los reparos, el del riesgo de los recursos para la TV pública, Ángela Mora, directora de la Autoridad, respondió a este diario en mayo pasado que se llegó a un acuerdo “parcial” para que las pensiones de Inravisión no sean asumidas por el presupuesto de la ANTV. Es decir, que no se cobre a los cableoperadores para cumplir con esa obligación. En todo caso, la propuesta apenas está en etapa de borrador, pero, sin duda, el futuro de la televisión aún tiene al sector con más preguntas que respuestas.
* El Espectador forma parte del mismo grupo de medios al que pertenece Caracol Televisión.