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En tiempos de abundancia es cuando más derrochan los inconscientes, dicen las abuelas. Y así es como se lee la siguiente situación: “Los millonarios recursos de regalías destinados al desarrollo científico y tecnológico de las regiones del país, que entre 2012 y 2016 ascienden a $3,8 billones, no se están invirtiendo totalmente en tal fin, mientras académicos e investigadores quedan subordinados a los actores políticos que deciden esta clase de gastos y a los contratistas muchas veces poco idóneos que ejecutan los proyectos”.
La advertencia, que tiene un elevado grado de acusación, fue lanzada por el contralor general Edgardo Maya Villazón, quien le hizo una evaluación de desempeño al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y la conclusión es tan dramática que, por ejemplo, se encontró que “recursos que debían ir a empresas de emprendimiento, con componentes de innovación y tecnología, se destinaron a un asadero de pollos y un spa”.
El tema cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que desde el alto gobierno se están buscando recursos para invertir en las vías terciarias y los de las regalías se ven con muy buenos ojos. Y en eso tienen razón. Piense usted en que destina una buena porción de su salario para pagarle un curso de inglés a su hijo, una inversión para su futuro, pero resulta que en la academia a la que usted le consignó para tal fin, ni le enseñan inglés ni tampoco otro idioma, al contrario, usaron ese dinero que usted les pagó para montar una panadería al lado del instituto donde debería estar estudiando su hijo. Desviaron los recursos. Los destinaron para otro fin. Así estamos con parte del dinero de las regalías en el país.
“Hemos encontrado muchos factores de riesgo. Es así como está el hecho de que una tercera parte del valor de la contratación lo realizan entidades o instituciones no reconocidas por Colciencias, que ejecutan contratos por cerca de $600 mil millones, de un total contratado a la fecha de corte del informe de la Contraloría (diciembre de 2015), de $1,8 billones”, detalla la información del ente de control.
Para seguir sumando: altos saldos sin ejecutar ($1,5 billones), entidades o instituciones no reconocidas por Colciencias controlando millonarios recursos, contratistas poco idóneos y que no responden a necesidades puntuales de las regiones y lo más grave: “la auditoría de desempeño a 33 proyectos por valor de $380 mil millones, evidencia que en cinco de ellos por $76 mil millones no es clara su pertinencia como de ciencia y tecnología o su alcance fue modificado de manera sustancial, a lo largo de su ejecución”.
Y como estamos en un país con altos índices de corrupción y docenas de casos al respecto, la Contraloría encontró que la gran falla del modelo es que se “puso el manejo de los recursos –la orientación del gasto y la ejecución- a depender primordialmente de las decisiones de actores políticos de los departamentos (gobernadores), quienes generalmente tienen intereses diferentes a los que exige el desarrollo científico e incluso el desarrollo regional”.