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A 12 días de las elecciones presidenciales, los ánimos electorales están caldeados, no solo por la campaña, sino por las recientes denuncias realizadas por la fundación Paz y Reconciliación en las que, palabras menos, señaló que habría un presunto cartel conformado por funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil que harían “modificaciones artificiosas en favorecimiento o desventaja de candidatos o partidos, tanto en el preconteo como en el escrutinio”.
Los resultados de la investigación divulgada por la fundación señalan que habría un fraude electoral en las elecciones del pasado 11 de marzo “que pudo haber modificado entre el 10% y 20% del Congreso de la República”, y argumenta que no sería la primera vez si se tiene en cuenta lo sucedido con las curules de los candidatos del partido Mira a principios de este año, a pesar de haberlas ganado en elecciones en 2014.
De igual manera, el informe hace cuestionamientos a los procesos que se realizan en el interior de la Registraduría, como lo es la destrucción de los formularios E-11, en los que se consignó la información de los ciudadanos que votaron en las consultas interpartidistas del pasado 11 de marzo. Paz y Reconciliación señala que los formularios fueron destruidos hasta el pasado 7 de mayo, luego de la intervención de la Procuraduría y la Misión de Observación Electoral (MOE), “debido a que la información que contenían podría significar un riesgo a la identidad del votante, su preferencia política, el derecho a la intimidad, el voto secreto y el habeas data”.
“Los E-11 fueron destruidos dos meses después de realizadas las votaciones, lo que significó un riesgo inevitable en el uso y el acceso de la información contenida ahí. Si la Registraduría cuenta con problemas para la destrucción de material electoral, es evidente que en problemas más complejos posiblemente no tenga las capacidades para darles manejo”, se escribe en el informe.
Irregularidades en la selección de jurados de votación
De igual manera, la fundación cuestiona el proceso de selección de jurados de votación y critica el software que es utilizado para hacer el sorteo en el que se escogen los ciudadanos que tendrán este papel durante los comicios. Según el informe, en 2011 se produjo una filtración en la designación de los jurados de votación y hubo una manipulación en los datos de los elegibles. Por eso, el un nuevo sistema fue implementado en 2014.
"A pesar de las acciones hechas por la Registraduría para corregir estos errores, el software actual no ha estado protegido del todo. Desde la conformación de las listas de ciudadanos elegibles se han observado hechos irregulares para las elecciones (…) La fundación ha rastreado que en elecciones anteriores varias administraciones locales, por ejemplo, enviaron listas de ciudadanos elegibles conformadas, en su mayoría, por contratistas y no por funcionarios de las alcaldías. Esto no es ilegal, pero es atípico”, especifica el informe.
El “colchón” electoral
Paz y Reconciliación prende las alarmas en cuanto a la existencia de lo que sería un cartel que modificaría datos a favor o en desventaja de candidatos tanto en el preconteo como en el escrutinio. “Se trataría de una extensa red conformada por funcionarios y ex funcionarios de la Registraduría, abogados y jurados de votación, quienes cuentan con acceso privilegiado al sistema electoral o han encontrado baches en el mismo, y habrían ofrecido servicios con ocasión de las elecciones del 11 de marzo de 2018 para acomodar los votos de candidatos que quedaron en el filo de la curul”, dice el documento.
Es decir, estas personas ofrecen los servicios a los candidatos que están muy cerca de los candidatos que alcanzaron el último escaño logrado por el partido al que pertenecer y venden una “presunta intervención desde el sorteo de jurados en el software de la Registraduría en el que acomodan a los jurados de su interés para que alteren los formularios E-14 en el preconteo y E-14 y E-24 en el escrutinio, dándole los votos necesarios para que el candidato alcance la curul”.
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Además de esto, se ofrecería un “paquete” denominado como colchón electoral, con el que se reacomodan los votos necesarios para una curul en la Cámara de Representantes o Senado, cuyo valor oscila entre los $1.200 millones a los $1.800, respectivamente. “De ahí para arriba, si el candidato tiene una diferencia de más de 2 mil votos con el último candidato del partido que alcanzó la curul, el costo ascendería a los 2 mil y 3 mil millones de pesos”, revela el informe.
“Es una falta de respeto con la Registraduría y el Estado”: Juan Carlos Galindo
En rueda de prensa, el registrador nacional Juan Carlos Galindo respondió enérgicamente al informe de la fundación y señaló que era una falta de respeto en contra de la Registraduría Nacional y el Estado, pues, para Galindo, se trata de una investigación basada en “indicios y supuestos”.
“No deja de generar suspicacias este informe basado en indicios y supuestos y que se haga público a dos semanas de las elecciones presidenciales. También que sea lanzado respecto de las elecciones a Congreso porque el escrutinio en el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha culminado”, dijo el registrador.
Galindo también reconoció que hay una necesidad de adelantar reformas electorales. “En estos procesos participan más de 750.000 personas, entre jurados, testigos miembros de las comisiones escrutadoras, funcionarios de la Registraduría, supernumerarios, personal de la Fuerza Pública, Procuraduría y Fiscalía, para que a través de un informe basado en supuestos e indicios se venga a desconocer el trabajo institucional. No se puede estigmatizar a nadie y menos a la organización electoral”, comentó.
Para el registrador nacional, el documento hace referencias a circunstancias equivocadas y otras, por desconocimiento de la ley electoral, que no significan un fraude electoral y que la misma arquitectura legal del proceso implica que tiene sedes de revisión y corrección de errores, por lo que puede haber equivocaciones en los formularios E-14 y E-24: “Para eso son los escrutinios, para que los testigos electorales puedan formular las impugnaciones y las autoridades de las comisiones de escrutinios las resuelvan”.