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A menos de un mes para que los colombianos acudan a las urnas para elegir a sus autoridades locales, la Procuraduría General de la Nación reveló que en el país hay 315 municipios en riesgo por conductas relacionadas con delitos electorales, es decir, que en el 28 % de los territorios podrían configurarse eventuales amenazas contra el elector.
Según el organismo de control, solo en la región Caribe hay 74 poblaciones en riesgo alto, de las cuales 15 están ubicadas en Bolívar, entre ellas Barranco de Loba, San Pablo, Cantagallo, Morales, Arjona y Turbaco. El jefe de la entidad, Fernando Carrillo, explicó que de 763 quejas sobres riesgos electorales, casi la mitad (386) corresponden a participación en política, seguidas por constreñimiento al elector.
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“Esas prácticas ilegales hoy son delitos electorales que tienen pena de prisión, porque las cosas han cambiado”, manifestó el funcionario, precisando que, de la mano del Consejo Nacional Electoral (CNE), se han visitado 10 campañas electorales en Atlántico, Bolívar, Antioquia y Magdalena, “para verificar que la información que reportan en el sistema de Cuentas Claras sea consistente y coincida con los datos recaudados”.
En esa línea, se tiene previsto que la próxima semana la Procuraduría lidere en Cartagena una audiencia contra la corrupción electoral, que se suma a otras seis antes del 27 de octubre, haciendo énfasis en el financiamiento de campañas.
“Es un tema que sigue siendo la puerta de la ilegalidad y de todos los males que se dan más adelante, porque la contratación sigue siendo en Colombia, de manera muy triste, la contraprestación que se estableció para pagar los favores que se hacen en las campañas”, agregó Carrillo.
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En paralelo, se han realizado alrededor de 100 operativos en el país que han permitido desmontar más de 2.200 vallas y piezas publicitarias ilegales. Se estima que son más de 500 las quejas que se han recibido para denunciar la instalación de publicidad política ilegal en cualquier municipio del país.
“Un pendón mal colocado atenta contra la transparencia, la equidad y favorece las campañas ruidosas y costosas que son las que Colombia no necesita”, dijo a su turno el viceprocurador Juan Carlos Cortés.
También se han efectuado más de 50 visitas a diferentes municipios para recibir denuncias, quejas y sugerencias. Se prevé que la campaña se extenderá a Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, “como una herramienta más puesta al servicio de un voto limpio en las próximas elecciones”, señaló Cortés.
Se calcula que se han enviado cerca de 700.000 mensajes de texto a ciudadanos, informando sobre un posible riesgo de trashumancia relacionada con su cédula. En ese sentido, se les pide que procedan con tiempo a consultar las bases de datos de las autoridades electorales y puedan aclarar su situación.