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Hablando de riesgos de cara a las elecciones de autoridades locales y regionales del próximo 27 de octubre, hay alertas que se repiten cada vez que el país entra en este tipo de procesos y que ya han sido advertidas por la Misión de Observación Electoral (MOE): el misterio del dinero en las campañas, el fenómeno de la violencia y la trashumancia electoral. En julio pasado, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, anunció el “Plan Ágora de Transparencia y Seguridad para las Elecciones Territoriales de 2019”, estrategia de alcance nacional con cuatro componentes: focalización de zonas críticas, articulación del Estado, participación ciudadana y visibilización.
De hecho, la MOE les recomendó a las autoridades implementar una serie de medidas de prevención y mitigación frente a los riesgos contra la seguridad y la transparencia en los comicios, con el fin de poder contrarrestar la posible “captura y cooptación del Estado” y las amenazas de infiltración ilegal, generadoras tanto de corrupción electoral como de violencia.
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La idea es lograr una verdadera trazabilidad de la financiación de las campañas electorales para detectar y contrarrestar la financiación ilegal proveniente de la corrupción y de las economías ilegales, y afianzar acciones preventivas que sean alternativas y complementarias a las medidas de protección derivadas del Programa de Protección de la UNP y el Mininterior, orientadas a la mitigación de la violencia política.
Un estudio de la organización no gubernamental muestra que precisamente en materia de financiación electoral, las cuentas no son tan claras. De entrada, para estos comicios proliferaron como nunca los Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC), cuya reglamentación aún no es clara. Muchos se inscribieron ante la Registraduría para recoger firmas, pero al final no las presentaron y terminaron avalados por partidos políticos. Todo ello sin control de la financiación. De 1.253 GSC que arrancaron, solo 278 terminaron inscribiendo a 2.426 candidatos, el 2 %.
En lo que tiene que ver con la financiación de las campañas, el espejo a mirar es el de las elecciones locales y regionales de 2015. Curiosamente la conclusión es que los candidatos hicieron dichas campañas “a pérdida” y que el 94 % de dicha financiación en cuanto a los aspirantes a alcaldías fue de origen privado y representó cerca de $194.000 millones.
Ese 94 % estuvo representado en dinero propio, aportes y préstamos de familiares (62 %); aportes y préstamos de particulares (30,3 %) y un 1,5 % de dinero privado de los partidos. El restante 6 % provino de recursos públicos, bancarios o de los partidos, es decir, anticipos y créditos.
A través de la Resolución 130 de 2015, el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó en ese entonces la reposición de gastos de los candidatos a alcaldes en $1.815 por voto. En total fueron 17’893.272 los apoyos obtenidos en las urnas por todos los que se presentaron y que superaron el umbral del 4 %. Es decir que la reposición cubrió $32.000 millones. Las cuentas muestran que todas las campañas costaron casi $208.000 millones, es decir que perdieron $171.000 millones, la mayor parte de estos recursos provenientes de fuentes privadas. “No hay autoridades haciendo trazabilidad a la veracidad sobre el origen y el monto de la financiación de campañas”, advierte la MOE.
Hay un ejemplo contundente de las irregularidades en la financiación de las campañas políticas y es el reporte de ingresos y gastos de la candidata al Senado en 2018 Aída Merlano —capturada por corrupción a sufragante, concierto para delinquir y ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas—, que registra cero ingresos y cero gastos, a pesar de que la Fiscalía demostró gastos por más de $1.700 millones.
La siguiente alerta tiene que ver con los riesgos por violencia política. Desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 27 de julio de 2019, han sido víctimas de violencia en el país 317 líderes políticos, sociales y comunales; de estos, 83 (26 %) fueron asesinados. Asimismo, en lo que va transcurrido del calendario electoral, en promedio cada tres días están asesinando a un líder político, social o comunal en Colombia.
“La MOE llama la atención sobre el nivel de violencia contra precandidatos, incluso antes de la inscripción a las elecciones y el inicio de la campaña. Al corte de 27 de julio, se habían registrado cuarenta hechos de violencia contra precandidatos, nueve de ellos asesinados (cinco aspiraban a alcaldías y los otros cuatro a concejos)”, dice el informe.
Existen por lo menos diez comités de alto nivel, pensados todos para coordinar asuntos relacionados con la prevención y la protección. La MOE ha sugerido la integración de todos estos nuevos “actores operativos” a la articulación institucional en el contexto electoral, que incluye la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía y el Cuerpo Élite de la Policía, entidades que incluso deberían ser invitadas a las comisiones de seguimiento electoral. Precisamente la tarea entre Fiscalía, DIAN, UIAF y CNE debería empezar por verificar la veracidad de los reportes de ingresos y gastos de campaña.
El tercer ítem refiere a la trashumancia electoral o trasteo de votos. De acuerdo con el censo electoral de la Consulta Anticorrupción de agosto de 2018, existen en Colombia 142 municipios que tienen más cantidad de votantes que habitantes. Resaltan, por ejemplo, Cúcuta, Palmira (Valle), Puerto Colombia (Atlántico), Restrepo y Castilla La Nueva (Meta), entre otros.
El pasado 27 de junio, la Registraduría señaló que 282.100 (el 32 %) de los 884.018 inscritos registrados al 18 de junio del presente año podrían no residir en los municipios en donde se inscribieron para votar. Con ese criterio, en 2015 el CNE anuló el 38 % de la inscripción, lo que derivó en reclamaciones que se llegaron a resolver hasta un año después de los comicios.