“Vamos a combatir las noticias falsas”: Juan Carlos Galindo, registrador nacional

Según Galindo, las elecciones de octubre le cuestan $818.000 millones a la Registraduría. / Cristian Garavito

¿Cuál es el balance del actual proceso electoral?

El 27 de julio tuvimos 121.195 candidatos inscritos. Transcurrida la etapa de modificación, entre variaciones y renuncias, 3.373 renunciaron. Quedamos con 117.822. Es un balance satisfactorio de una de las fases más complejas del proceso electoral, pues se habilita una estructura en todas las sedes de la Registraduría para recibir la documentación de los aspirantes. La plataforma digital que se dispuso nos ayudó mucho a tramitar todas las inscripciones. Incluso, el 28 de julio pudimos remitir la lista de candidatos a la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Y ahora qué viene?

La Procuraduría cruza la base de datos de candidatos con la base del Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI), en donde están los antecedentes disciplinarios, penales y fiscales. El CNE, por su parte, debe adelantar unos trámites de solicitudes de revocatoria de candidaturas.

Comparado con las elecciones de 2015, ¿hay menos o más candidatos inscritos esta vez?

Para las elecciones de 2015 hubo alrededor de 112.000 candidatos. Hay algo más de 5.000 candidatos adicionales respecto a las elecciones de hace cuatro años. Esto se puede deber al desarrollo de la actividad política, la activación de la participación de movimientos ciudadanos, en donde han jugado un papel grande los grupos significativos de ciudadanos. Hubo 1.253 solicitudes, pero 325 inscribieron candidatos realmente. Presentaron 18 millones de firmas que estamos terminando de validar, para comprobar que se cumple con el margen legal. Ya hemos revisado unos 12 millones.

Precisamente hay alertas de la Misión de Observación Electora (MOE) sobre la posible utilización de ese mecanismo para hacer campaña anticipada...

Lo relativo a la publicidad es un asunto de la competencia del CNE. Pero se puede evidenciar que hay vacíos en la reglamentación respecto a la publicidad de estos grupos significativos de ciudadanos.

También había una sugerencia por la cantidad de recursos que se gastan en la revisión de la totalidad de las firmas, cuando se podría revisar hasta el tope de firmas permitidas...

Cuando llegamos a la Registraduría, aquí se hacían unas revisiones parciales, pero cuando enfrentamos la avalancha de firmas para las elecciones de Congreso —que fueron unos 17 millones— el criterio fue revisar el 100 %, porque da garantías para que luego no se diga que no se revisaron todas. Por eso tomamos esa determinación, es mucho más garantista aunque represente más recursos.

¿Cuánto van a costar las elecciones regionales este año?

Tenemos los costos del proceso de inscripción de cédulas: unos $92.000 millones. Y el proceso de elecciones será de unos $726.000 millones. Eso da unos $818.000 millones, aproximadamente. Eso le costará a la Registraduría, porque el proceso electoral tiene otros gastos en seguridad o intervención de autoridades de control, que van por los presupuestos de cada una de las entidades.

El CNE expidió una resolución reciente para que se volviera en estas elecciones al uso de la firma y la huella, ¿se va a implementar?

Manifestamos las dificultades para esa medida. Dimos traslado de la solicitud al Ministerio de Hacienda y le indicamos lo que costaría la implementación, alrededor de $102.000 millones. Recibimos una comunicación en la que el Minhacienda dice que no hay presupuesto, pero quiero decir que en estas elecciones vamos a utilizar el mayor número de unidades de biometría. En 2018 utilizamos 8.000 estaciones por elección y esta vez serán 14.500 unidades.

¿En dónde van a estar? Porque no son suficientes para todo el territorio...

Claro, no hay unidades para todo el país por razones presupuestales; sin embargo, hacemos un ejercicio de concertación con la Procuraduría y con la MOE, y miramos los históricos sobre dónde se ha producido el mayor número de casos de suplantación de electores. Con base en esa información, definimos los municipios que requieren la implementación de esa medida.

Es decir, ¿está más de acuerdo con apostarle a la tecnología que volver a la firma y huella?

No, es que obviamente la biometría es más idónea para combatir un fenómeno de suplantación de electores, porque la máquina hace la confrontación directamente con las huellas del sistema y valida. Mientras que lo de la huella y firma tiene varias complicaciones, como la toma de la muestra, que tendrían que hacerla los jurados, quienes no son peritos en ello y puede que no queden bien tomadas, que quede un manchón. Después ningún dactiloscopista podrá decir si esa persona es o no es, y vendrán las impugnaciones. Adicionalmente, requeriríamos una cantidad de dactiloscopistas que no tenemos en el país. En 2010, la Registraduría implementó la huella en los registros de votantes y hubo tal complicación, que el CNE pidió luego que se retirara ese requisito.

En Colombia se ha hablado mucho del voto electrónico, que ya está en la legislación, ¿cuándo llegaremos a este?

Antes de eso, prefiero hablar de la automatización del proceso electoral, porque el voto electrónico implica unas máquinas y lo que hemos venido haciendo es incorporando tecnología en todas las fases del proceso electoral, tanto en las preparatorias como en las posteriores, para dar todas las garantías y para que el preconteo y el escrutinio cuenten con toda la seguridad y celeridad. En Colombia, el proceso tiene un componente de tecnología en las fases preparatorias y posteriores. No lo tiene en el momento del voto. Eso requiere unos pasos previos, como diseñar unos pilotos para averiguar el tipo de tecnología a utilizar.

En las elecciones de Congreso hubo tachones y enmendaduras en los E-14, ¿se podrá corregir para las regionales?

Tenemos que entender que en el proceso electoral intervienen las personas y puede haber margen para errores, tanto que el Código Electoral trae normas para solucionar las equivocaciones en las que incurran los jurados de votación o las comisiones de escrutinio. Para eso son las solicitudes de recuento de votos, las reclamaciones en las mesas de votación.

¿Qué pasa con los E-14?

Hay mecanismos que ayudan a la transparencia y la seguridad de los resultados, por ejemplo, los tres ejemplares de los E-14, que es en donde se presentaron las equivocaciones de los jurados. Alguien se preguntará por qué hay tres ejemplares de un mismo formulario y la razón es histórica. Por un lado, teníamos que adelantar unas gestiones de preconteo, desde los años 80, y teníamos que contar con un elemento que tuviera la información para la transmisión, que fuera diferente al material que se iba a los escrutinios. Por eso se establecieron varios ejemplares, que deben ser diligenciados de forma idéntica por los jurados, pero obvio que se pueden equivocar y las correcciones corresponden o a los jurados, si los evidencian, o a las comisiones de escrutinio.

¿Qué pasó en 2018 con ese asunto?

Empezamos a ver en redes unas fotos de los E-14 de delegados, que figuraban con algunas equivocaciones, marcaciones o sobreescrituras. Nosotros hicimos la verificación de todos los formularios que se movieron en redes y los confrontamos con los E-14 de claveros, y determinamos que estos últimos no tenían ningún tipo de equivocación, y esos fueron los que se utilizaron para los escrutinios. Sí hubo equivocaciones por parte de los jurados a la hora de diligenciar los E-14, pero no en los de claveros.

¿Y cuál fue la conclusión?

Después de unos análisis determinamos que los diligenciaban de la siguiente manera: había un jurado que tenía el elemento del cuentavotos y le iba dictando al jurado que anotaba en el E-14. En el segundo y tercer ejemplar se transcribía y, en ese momento, surgieron las equivocaciones.

¿Qué se hará, entonces, para estas elecciones?

Para dar mayor tranquilidad vamos a digitalizar también los formularios E-14 de claveros y a ponerlos a disposición de las campañas y los candidatos. Todos podrán verificar los datos de preconteo, por un lado, y los formularios digitalizados E-14 de delegados y de claveros, y ahí se podrá confrontar la información. Sin embargo, el ejemplar vinculante u oficial es el de claveros. Adicionalmente, les vamos a entregar la información del “mesa a mesa” de los escrutinios, para que verifiquen si la información que aparece en el E-14 de claveros es la que se está teniendo en cuenta en los escrutinios.

En la última elección a Congreso ocurrió el caso de Aída Merlano, quien dispuso de todo un sistema criminal, ¿qué puede hacer la Registraduría para prevenir esto?

El reto les corresponde a los entes de investigación y control para adelantar gestiones de inteligencia y determinar en dónde se pueden presentar ese tipo de casos. Estuve en las elecciones atípicas de Cereté y me llamó el comandante de Policía para llevarme a un sitio donde parecía que estaban comprando votos. Allá se infiltraron dos policías para verificar, pedí a la Fiscalía que hiciera un allanamiento, pero se adujo que se necesitaban otros documentos para hacer el operativo. Para luchar contra ese tipo de empresas criminales que manipulan resultados hay que implementar mucha inteligencia.

Otro problema que se denunció fue el de la manipulación de bases de datos de jurados de votación...

Las observaciones iban dirigidas a que había jurados fantasmas, porque se dijo que se cruzaron las bases de jurados designados con las bases de la seguridad social. Nosotros hicimos las verificaciones de todos los casos y puede que algunas personas designadas no aparecieran en las bases de seguridad social porque no eran cotizantes sino beneficiarios, como lo eran los estudiantes universitarios. Sin embargo, para eliminar suspicacias hemos hecho varias mejoras.

¿Cómo será ese proceso de ahora en adelante?

Cuando las empresas carguen bases de datos de personal para hacer los sorteos de jurados, pondremos en conocimiento de todos los municipios cuáles son las que han enviado la información, para que los ciudadanos o las campañas puedan saber quiénes participarán y puedan alertar si es una empresa fantasma o una empresa que se crea para incorporar personas que no son sus trabajadores. Eso ya se ha hecho y ha habido observaciones en algunos municipios; estamos verificando si son empresas reales o fachadas para manipular los sorteos. La otra medida es que la ciudadanía podrá conocer el número de empleados que ha cargado cada empresa, para que haya control. Por ejemplo, si una droguería en la esquina de un barrio carga cincuenta empleados, hay una alerta.

En unas elecciones tan complejas como las regionales, ¿ya han identificado las zonas rojas que tendrán atención especial?

Nosotros organizamos el proceso electoral con el apoyo de la Policía y las Fuerzas Militares para disponer los acompañamientos en la distribución del material y en el despliegue de los recursos. También hacemos parte de los comités nacionales, departamentales y municipales de seguimiento electoral, donde se monitorea la evolución de los factores que podrían incidir en las elecciones.

¿Cómo será el acceso al “software” de elecciones por parte de los partidos?

Desde hace muchos años, en la preparación de los softwares, invitamos a los auditores de los partidos para que acompañen las pruebas y los simulacros y sean testigos de cómo es la seguridad. En estas elecciones, también le pedimos al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en San José (Costa Rica), y a su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), para que nos brinden acompañamiento técnico con ingenieros de sistema expertos en tema electorales.

¿El “software” está blindado contra ataques cibernéticos?

Hay muchos softwares en el proceso electoral y, adicional a la seguridad de cada uno, estamos organizando con el Gobierno Nacional el Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad. Nos hemos venido reuniendo para revestir de seguridad a los sistemas de información y divulgación de las elecciones y prevenir los ataques que normalmente llegan en época electoral.

También tiene una estrategia para combatir noticias falsas, ¿cómo va a funcionar?

El 21 de agosto lanzaremos esa estrategia. Hemos venido desarrollando, con inteligencia artificial, un sistema de monitoreo de la conversación en las redes, para identificar qué tiene que ver con el proceso electoral y hacer un chequeo sobre la veracidad. En caso de que se detecte información falsa, hay un equipo de validadores de Colombia Check, La Silla Vacía, la Universidad Javeriana y funcionarios de la Registraduría, que redactarán los mensajes correctos y los pondrán en circulación en las redes sociales para que la gente tenga información veraz.

¿Qué tipo de información se va a desmentir?

Vamos a combatir las noticias falsas. La información sobre el proceso electoral que genere caos o riesgos, como esa que circula sobre la utilización de bolígrafos que se borran. Contra la desinformación estaremos muy alertas.

¿Se prevé un incremento en el censo electoral?

En estos momentos tenemos un estimado de 36’300.000 colombianos habilitados para votar. La cifra final dependerá del corte del censo. Recordemos que dentro de las operaciones de depuración de esas cifras hay que excluir a los militares y policías activos e incluir a los que han salido de servicio y tenemos que incorporar cédulas por primera vez.

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