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La violencia física contra los periodistas, el deterioro de las relaciones entre los Gobiernos y la prensa, el uso de fondos públicos para presionar sobre la labor periodística y las leyes de acceso a la información pública son las cuatro amenazas principales contra la libertad de expresión en América.
La SIP identifica estas cuatro amenazas en las conclusiones de su 64 Asamblea General celebrada en Madrid, clausurada hoy por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, tras cinco días de trabajos.
La SIP destacó que en el último semestre se observaron "cuatro importantes tendencias en amenazas contra la libertad de expresión".
La primera, "un preocupante aumento de la violencia física contra periodistas y atentados contra medios cuya consecuencia más grave fue el asesinato de ocho periodistas en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela".
La segunda, "el deterioro de las relaciones entre Gobiernos y prensa, caracterizado por constantes y sistemáticas agresiones verbales provenientes de altas autoridades, con el objeto de desprestigiar la labor periodística".
La tercera, "el uso inapropiado de fondos públicos por parte de Gobiernos para presionar y discriminar a los medios de comunicación o a través de publicidad oficial".
Y, finalmente, "las numerosas excepciones que podrían comprometer la efectividad" de las leyes de acceso a la información pública.
Por países, la SIP señaló que en Argentina, "continuaron las agresiones" del Gobierno "contra medios y periodistas, especialmente durante los meses de conflicto entre el Ejecutivo y el agro" , y que los poderes oficiales se aprovecharon de la Ley de Radiodifusión y de las Leyes de Información Pública y Publicidad, todavía en proyecto, para "presionar y discriminar a medios y periodistas".
En Bolivia, continuó la SIP, el presidente Evo Morales "ha mantenido una política de agresión contra los medios. Los que critican su administración son descalificados como separatistas o 'amigos del imperio'" , y se han producido "niveles altos de agresiones contra periodistas y ataques contra medios".
En Brasil, los poderes judiciales impulsan cada vez con más fuerza "la censura previa contra los medios de prensa".
En Colombia, "se redujo el clima de violencia contra los periodistas", pero se aprobó un proyecto de ley sobre el derecho a la información que "no aplica estándares internacionales".
En Cuba, "tras la devastación producida por los huracanes Gustav e Ike, el Gobierno redobló esfuerzos para limitar y censurar información", mientras 26 periodistas seguían privados de libertad.
En Ecuador, "el presidente Rafael Correa agudizó su actitud agresiva contra los medios calificándolos con fuertes epítetos y descalificándolos como su 'opositor' principal".
En Nicaragua, "las mayores agresiones contra periodistas y medios de comunicación independientes han sido incentivados por el Poder Ejecutivo" y "el presidente Daniel Ortega ha utilizado mecanismos directos e indirectos como forma de presión".
En México, "la espiral de violencia generada por el crimen organizado, en especial el narcotráfico, ha tenido consecuencias graves para el ejercicio del periodismo".
"La misma situación se vive en el interior de Perú, donde se registró un alto numero de amenazas contra periodistas que, en forma abierta, realizan funcionarios de alta jerarquía", añade la SIP.
En Uruguay, "se profundizaron las presiones gubernamentales para torcer el enfoque de la cobertura de los medios, entre ellas el uso discriminatorio de la publicidad oficial".
En Venezuela, "el Gobierno continúa con su estrategia de amenazar con el cierre de medios, culpar a los independientes de ser parte de conspiraciones y echar del país a organizaciones como Human Rights Watch que denuncian violaciones a los derechos humanos"