"El Incoder fue prácticamente vetado por el gobierno"

David Campuzano

¿A qué se debe su retiro? Hubo muchos rumores de que su presencia llegó a ser incómoda para el gobierno, sobre todo por temas como el de baldíos de Riopaila.

Ingresé al Incoder por invitación del entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo a ejecutar una política integral de tierras que propendía por la recuperación de los baldíos, la revisión de irregularidades y adjudicaciones ilegales y la recuperación de tierras para los campesinos. Esa política pisó muchos callos. Hoy, hay un cambio de rumbo. Por eso considero que ya no debo estar allí.

¿Significa que las decisiones que usted tomó en virtud de las políticas de la primera etapa del gobierno ¿hoy son molestas para la propia administración?

Así parece. Sin embargo, reitero que las decisiones que se tomaron, se ajustaban a las instrucciones del momento en aplicación de la ley 160 (sobre reforma agraria). Esto generó inconformidad en quienes se sintieron afectados. Evidentemente, eso ocasionó malestar y a presión se empezó a notar.

Las presiones al Incoder ¿llegaron también a altos funcionarios del Ejecutivo?

Creo que sí. En varias ocasiones tuvimos que explicarles, en detalle, los argumentos jurídicos para defender las posiciones de Instituto. Pero entre las quejas no solo había motivos personales sino también objeciones a la política general que implementábamos. Hoy, con las modificaciones que se proponen a la Ley 160, es casi obvio que se está dando un giro, en especial, frente a la definición de para qué y para quiénes son los baldíos, cómo se deben recuperar, en cuáles casos hay que hacerlo y cuál va a ser su destinación final.

¿Es cierto que usted tomó decisiones que definieron a favor de varias familias campesinas, el largo pleito por los predios de la hacienda Las Pavas, en el sur de Bolívar?

La Corte Constitucional ordenó proteger las familias campesinos y también nos conminó a reactivar el proceso de restitución. Se anularon fallos anteriores y llegamos a la conclusión de que los predios que integran la hacienda Las Pavas son baldíos. Y se los titulamos a las familias. Así que decretamos que había que extinguir el dominio de esas tierras que hoy son, jurídicamente hablando, de la Nación y están asignadas a las comunidades. Pero físicamente no ha sido posible que ellas asuman ese dominio porque no cesan los hostigamientos, las agresiones, las amenazas y acosos.

Usted también intervino en otro espinoso caso de adjudicación de baldíos: el de la Hacienda Bellacruz ¿En qué consistió su decisión?

Allí ha habido desplazamientos forzados masivos. Tras 20 años de problemas sin solución, el Incoder por fin logró determinar que dentro de los predios de Bellacruz había unas 1.200 hectáreas de baldíos que no podían ser de propiedad privada. Nuestra decisión fue objetada y finalmente se interpuso una demanda ante el Consejo de Estado. Este confirmó nuestra determinación y ya están registrados a nombre de la Nación. Pero todavía hace falta la recuperación material porque hoy, todavía, están siendo explotados por la empresa La Dolce Vista Inc.

¿De quién o quiénes es esa empresa?

Aparentemente es de propiedad del señor Germán Efromovich, el mayor accionista de Avianca.

Perdóneme, pero ese cargo que usted acaba de dejar, es un ‘chicharrón’ peligroso.

Tiene razón: cuando llegué, no había inventarios ni matrices de información oficial sobre cuántos procesos se adelantaban. Tampoco se sabía cuáles, cuántos y dónde estaban los predios que le pertenecían a la Nación, cuántos eran los predios del Fondo Nacional Agrario ni mucho menos en posesión de quién estaban. Desde la subgerencia empezamos a reconstruir la historia y activamos muchos de los 1.800 procesos que se habían abierto en los últimos 40 años y que habían permanecido sin conclusión.

¿Por desidia o por corrupción?

De todo un poco. Lo único que se había adelantado algo, era la titulación de baldíos. Pero descubrimos que se hacía mediante toda clase de irregularidades y al por mayor.

¿Cómo así “al por mayor”?

Lo que quiero decir es que otorgar un título era más fácil que conseguir un celular prepago: no se verificaban los requisitos, no se aplicaba la ley; a cualquiera que pidiera el baldío se le entregaba. No se respetaba un punto obligatorio y es el de que los baldíos están destinados a los campesinos pobres cuyos ingresos dependan de las actividades agrícolas. Por el contrario, encontramos que se les daban a personas supremamente ricas y poderosas de las regiones. También que se violaba la norma de conceder más de una Uaf (unidad agrícola familiar) a quien así lo solicitara. Y había toda clase de artimañas cometidas por funcionarios del mismo instituto.

Ha debido denunciarlo.

Eso hicimos. Procedimos a formular denuncias sobre más de 900 mil hectáreas de Uaf que fueron entregadas de manera irregular en muchos departamentos. Los casos más delicados están en Antioquia, Magdalena, Meta, Vichada, Casanare y Arauca.

Entonces ¿es imposible determinar a quién le pertenecen legítimamente las tierras rurales en Colombia?

No, no es imposible. Es difícil hacerlo porque han pasado muchos años de conflicto y ha habido mucha negligencia del Estado. Pero si hay voluntad política, se puede adelantar la tarea. Con la aplicación de la ley, los mecanismos tecnológicos disponibles hoy y con el equipo profesional con que cuenta Incoder, se puede definir con certeza jurídica a quiénes les pertenecen legítimamente las tierras. El problema surge cuando aparecen, para oponerse, quienes han conseguido títulos de manera fraudulenta. Esos son los que hablan de “inseguridad jurídica” .

¿Es cierto que el Incoder fue marginado de las discusiones recientes sobre zonas de reserva campesina y acumulación de baldíos?

Es cierto. El Incoder es el órgano encargado de darle trámite a los estudios y principios de valoración técnica y de formulación de los planes para la constitución de las zonas de reserva campesina. Y es la junta directiva del Incoder la que toma las determinaciones de crearlas y reactivarlas. En el Catatumbo alcanzamos a adelantar algo sobre el tema pero al final la decisión se postergó porque el gobierno se llenó de dudas. Así sucedió también con el lío por la acumulación de baldíos. Al principio, la gerente actual de Incoder, Myriam Villegas, asistía a las reuniones pero cuando las dos discusiones llegaron a un punto crítico, prácticamente fue vetada.

¿Por qué cree que vetaron al Instituto que, precisamente, tiene como función el manejo de las tierras?

Por nuestra posición a favor de los campesinos y de la aplicación de la Ley 160, básicamente.

El desplazamiento del Incoder ¿se agudizó cuando surgió el escándalo de concentración de baldíos en Vichada?

Sí. La discusión en torno a la concentración de los baldíos fue la gota que rebosó la copa.

¿Qué sucedió, exactamente, en esa crisis cuando se destapó el lío de Riopaila?

Se estaba discutiendo, en el gobierno nacional, una reforma a las leyes agrarias para poder modificar algunos de los aspectos restrictivos y preventivos de la Ley 160. La posición del Incoder fue la de respetar la tradición y la trayectoria de unas leyes agrarias que, aunque no siempre se hubieran aplicado, constituían un marco de protección para el campesino. Y estábamos analizando, dentro de ese marco, cómo se debía hacer la reformulación de unos puntos sin afectar sus partes esenciales. Pero no se tomaron en cuenta nuestras recomendaciones. No sabemos por qué, finalmente, no nos volvieron a invitar.

Desde afuera también se perciben cambios drásticos en las posiciones de algunos funcionarios. Por ejemplo, en el superintendente de Notariado que al principio estaba en una orilla y durante el debate del senador Robledo se pasó a la opuesta.

Me consta que el superintendente de Notariado sufrió una trasformación radical en las últimas semanas, sobre todo, a partir del debate sobre la discusión de la concentración de tierras que usted menciona. Con el doctor Jorge Enrique Vélez trabajamos conjuntamente todos los temas de tierras en un grupo interinstitucional que se había conformado. De pronto, él hizo unas afirmaciones y citó unas cifras que nos tomaron a todos por sorpresa. Le pedimos que nos aclarara cuándo había hecho esos estudios y estadísticas. Claramente él tenía una versión sobre la ilegalidad de la acumulación de baldíos hasta junio del 2013. Y una, totalmente contraria, en agosto y septiembre.

¿A qué cree que se debe esa transformación?

No lo sé, pero en todo caso, la razón no es jurídica. La última posición que él sostiene, se fundamenta en una interpretación muy distorsionada de la ley.

¿Es cierto que usted y el exgerente del Incoder Juan Manuel Ospina nunca se entendieron porque él consideraba que usted era la ‘espía’ del ministro Juan Camilo Restrepo en ese instituto?

Conocí al doctor Ospina cuando yo le prestaba una asesoría al ministro. Tuve una buena relación personal con él y un trato de respeto aunque no compartía la forma en que ejercía sus funciones. Pero lo cierto es que sí hubo molestias entre el doctor Ospina y el ministro Restrepo, no por mí sino por la forma en que el gerente ejercía su cargo: no era suficiente frente al reto que el ministro le exigía. La versión de que fui yo la causa de los problemas es una desviación de los verdaderos motivos del distanciamiento entre ellos dos.

Usted fue citada esta semana a dos audiencias en la Procuraduría ¿Por qué?

El proceso que se me sigue en la Procuraduría surge a raíz de una demanda que presentó quien se siente afectado por mi decisión en el caso de la hacienda Las Pavas, es decir, el señor Ernesto Macías, propietario de la firma Aportes San Isidro S.A. que adquirió esos predios que ahora tienen proceso de extinción de dominio. Entre las muchas formas de presión que él utilizó contra mí, una fue la de entablar demandas.

La Procuraduría investiga si usted cumplía los requisitos del cargo ¿Los llenaba?

Claro que sí. En el proceso que se me sigue, se han presentado pruebas falsas por parte de tres personas del Incoder que fueron llamadas para que sirvieran de testigos en mi contra: el exgerente Juan Manuel Ospina y dos funcionarios que estaban en la oficina de talento humano. Al momento de mi ingreso, siendo yo una ciudadana particular, aporté mis documentos. Quienes revisaron mis papeles y hoy declaran en mi contra, los aceptaron y me posesionaron. Pero a ellos, que eran servidores públicos, no los investigan sino a mí, que no lo era ¿Tiene sentido?

En verdad, la semana pasada cuando renunció ¿se sentía como mosco en leche?

A un dicho le contesto con otro: a uno no le tienen que decir perro sino ladre. Sabía que no era oportuno seguir allí a pesar de que nadie me pidió la renuncia. Pero debo decir que de parte de la gerente del Incoder recibí un respaldo absoluto hasta el último día de mi gestión.

“Para protegerme, me dieron un chaleco”

Sí. Desde cuando llegué al cargo fui víctima de muchas formas de acoso y constreñimiento en redes sociales, en medios de comunicación y con estigmatización y la tergiversación de información sobre mi vida privada. Han atacado hasta mi honor, dignidad e intimidad. Y he sufrido seguimientos e intimidaciones.

También le sacaron a relucir que estuvo casada con un exguerrillero ¿Qué responde?

Entre los ataques de que he sido víctima, permanentemente me califican como guerrillera y la prueba que supuestamente tienen es que tuve una relación de pareja con un desmovilizado del EPL. Lo he aclarado varias veces eso pero obviamente hacen caso omiso de lo que digo. Vuelvo y lo repito: fui pareja, por muy corto lapso, de una persona que estuvo en el EPL y cuando él se desmovilizó, yo tenía 4 años de edad ¿No es suficiente prueba, pero a mi favor? Quisiera añadir que cuando ingresé a Incoder, hacía varios años que esa relación se había roto.

¿El Estado le ha proveído algún esquema de seguridad?

Sí, pero ¿sabe en qué consiste? Rondas de policía alrededor de mi residencia; un celular, un avantel y un chaleco antibalas. Eso es todo. No me parecen adecuadas esas medidas y por eso pedí que las revisaran pero no fue posible.

Cambio total de rumbo