“El poder me ha cambiado, pero no como usted cree”: Eduardo Montealegre

“Son sobradas las razones para tener una planta externa que fortalezca la defensa judicial de la entidad”, opina el fiscal Eduardo Montealegre. / Archivo

Por petición que le formulé a usted hace diez días y por los datos que – reconozco - ordenó que me entregaran, conté 782 contratos de prestación de servicios por valor total de $44 mil 300 millones en el periodo de su administración, desde marzo de 2012 hasta hoy ¿Cómo explica la que ha sido llamada “nómina paralela” de la Fiscalía que lo tiene en el ojo del huracán?

Las demandas acumuladas en la última década contra la Fiscalía se estiman en $35 billones de pesos. Ese es el valor de las pretensiones económicas de más de 14 mil procesos interpuestos contra la entidad. Si no atendemos adecuadamente esos casos y los perdemos, tendríamos que entregar el equivalente a casi nueve años del presupuesto de la Fiscalía, sin contar indexaciones ni intereses. Es una deuda que el Estado no puede pagar.

Y ¿cuál es la relación entre esas pretensiones y los contratos que tantas críticas han generado?

Mis antecesores no le prestaron mayor atención a la defensa judicial de la entidad ni a los asuntos administrativos. Ese descuido se tradujo en que, a 31 de diciembre de 2014, tuviéramos pendientes 14.640 demandas contra la Fiscalía y casi 3 mil procesos de otra naturaleza. Para atender este volumen de trabajo, que no tiene que ver con las investigaciones penales, función principal de la entidad, contamos con 30 abogados de planta en todo el país. Si manejáramos los más de 17 mil procesos con ellos solos, cada uno tendría que conocer un promedio de 580 casos. La Agencia de Defensa del Estado recomienda un número máximo de 80 procesos por profesional. Esa es la explicación central para tener contratos de prestación de servicios.

Pero no justifica que tengan que ser exmagistrados.

Los exmagistrados contratados son especialistas en áreas del derecho que tienen relación con las demandas. También hay otros contratos con abogados que los medios no registran porque no son conocidos. Son sobradas las razones para tener una planta externa que fortalezca la defensa judicial de la entidad porque conduce a la protección del patrimonio público. Considere que, a la fecha, tenemos 2.880 procesos perdidos cuyo valor es, a precios de hoy, de $500 mil millones, sin contar intereses.

Con todo, ¿no le parece que el número de contratos y su costo total son impresionantes?

No, y le explico: los críticos no han informado cuánto han producido esos contratos en resultados económicos ni los han comparado con lo que paga por ellos. Le cuento que la Fiscalía ha incautado, durante mi administración, bienes con fines de extinción de dominio por $8 billones de los cuales corresponden al último año, $1 billón 700 mil millones. Hoy existen, nominalmente, bienes por $400 mil millones pero aún estamos en proceso de saneamiento de títulos. Nunca antes se había hecho esta tarea. Ahora, el nuevo Código de Extinción de Dominio y la creación del Fondo de bienes que impulsé, nos permiten venderlos en lugar de dejarlos abandonados, pudriéndose. Al exmagistrado Pedro Munar lo contraté para este trabajo que no es de poca monta. Entre él y nuestra oficina financiera se han saneado inmuebles por valor de $40 mil millones. Compare el valor del contrato del doctor Munar por $345 millones el año, frente a los $40 mil millones recuperados.

Aún entendiendo sus cifras ¿Por qué el contrato recayó en el doctor Munar y no en otro experto?

Porque el doctor Munar fue uno de los mejores magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema y tiene una reconocida trayectoria en derecho privado. Como le dije, ha resultado excelente asesor de la Fiscalía.

La elección del doctor Munar en el Consejo Superior de la Judicatura fue anulada, como usted recuerda, por el vicio conocido como “yo te elijo, tú me eliges” ¿No pensó en esta situación un poco aburrida, por decirlo con suavidad?

La Corte Suprema eligió a Pedro Munar en el Consejo de la Judicatura con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado vigente en ese momento. Posterior a su elección, los consejeros la cambiaron y se la aplicaron a él, retroactivamente.

Además de Munar, usted contrató a otros exmagistrados, precisamente del Consejo de Estado. Y pese a su hoja de vida, ¿por qué no se hizo una convocatoria sino que los contratos se entregaron a dedo?

Cuando se trata de contratos de prestación de servicios profesionales la ley permite la contratación directa. Son casos en los cuales las personas tienen especiales cualificaciones, justamente por su gran trayectoria profesional. No hay necesidad de concurso de méritos.

Si bien no viola la ley, la impresión que queda es la de un favorecimiento personal.

Los asesores externos de la Fiscalía son, en su mayoría, juristas de altas calidades. Cuentan con doctorados y maestrías y manejan temas que pocos abogados conocen en el país. Por ejemplo, son contados los profesionales que saben de justicia internacional y los necesitamos en esta etapa del país.

Discúlpeme pero no me ha respondido: ¿hay algún tipo de favorecimiento? Le insisto porque deben existir otros abogados con las mismas calificaciones que no tuvieron ninguna oportunidad de ser contratados…

De ninguna manera. El único criterio que tuvimos en cuenta fue el de su capacidad académica y jurídica. Los exmagistrados que se han relacionado en la prensa, son profesionales intachables.

Y ¿por qué escoger, justamente, a quienes acaban de retirarse del Consejo de Estado? Se ha dicho que se debe a que ellos votaron por su permanencia – de 4 años - en la Fiscalía.

Rechazo, tajantemente, esa insinuación. Si alguien tiene alguna prueba sobre esa especie que han echado a rodar, que la presente. Me refiero a estos contratos: Enrique Gil Botero ($751 millones) ha escrito libros muy reconocidos en la academia sobre temas de responsabilidad del Estado que han sido traducidos, incluso, al francés. Él nos asesora, justamente, en asuntos de responsabilidad contractual y prevención del daño antijurídico. Las doctoras Buitrago ( $174 millones) y Ramírez ($345 millones) trabajan en temas de defensa por acciones constitucionales y de tutelas, entre otros asuntos. Y el doctor Vargas Rincón ($517 millones) hace una tarea muy sensible que mis antecesores tampoco impulsaron: implementar la carrera administrativa. Al respecto, vamos a dejar diseñados los concursos para proveer 21 mil 400 cargos. La labor gigantesca del doctor Vargas consiste en dejar listo el proyecto para que el próximo fiscal lo ejecute.

No deja de ser una curiosidad que usted termine contratando al exmagistrado auxiliar y gran amigo del procurador Ordóñez.

Tengo grandes discrepancias ideológicas con el procurador que jamás he llevado al plano personal. Tampoco es de mi talante trasladar las diferencias que enfrento en mi vida pública, a los amigos de mis críticos. No profeso la política del odio ni tengo la memoria que le atribuyen a algunos de mis malquerientes.

Otros contratos recayeron en periodistas que estuvieron vinculados a los medios hasta hace poco ¿Cómo los seleccionó y para qué si usted tiene una buena y numerosa oficina de prensa?

Además de los reportes tradicionales de las investigaciones penales en grandes casos, la Fiscalía está preparando materiales audiovisuales como complemento informativo sobre todo los que tienen que ver con violaciones masivas a los derechos humanos. Se trata de documentales que, a pesar de ser cortos en duración, son difíciles de realizar porque se requiere ejecutar trabajo de campo en regiones muy difíciles. Será un archivo invaluable para reconstruir la historia del país en el posconflicto. Los comunicadores que hemos contratado – y no son muchos- están ejecutando esta tarea, entre otras.

En este grupo de contratos, los que más han causado polémica han sido los tres de Natalia Springer porque suman $4 mil millones ¿Cómo se justifican?

Además del rediseño institucional de modernización de la Fiscalía, hay otro tema fundamental en el revolcón interno: la creación de modelos de investigación. Hemos tomado como punto de referencia la metodología de la Comisión y de la Corte Interamericana, de la Corte Penal Internacional y del Tribunal para la antigua Yugoslavia que no se había usado en Colombia. Por eso creamos una dirección que investiga contextos. Y necesitábamos la experiencia de personas reconocidas en esos tribunales que nos ayudaran a implementar la herramienta. Natalia Springer y su grupo de trabajo, integrado al menos por 20 personas de diversas disciplinas, han hecho aportes fundamentales.

La justificación de “seguridad nacional” para no dar explicación exacta sobre los contratos Springer no satisface porque, en opinión de los críticos, una particular no puede conocer esas materias reservadas ¿Qué dice al respecto?

No se trata de seguridad nacional sino de la reserva que cobija ciertas etapas de las investigaciones penales. Cuando un particular celebra un contrato con el Estado cumple cierto tipo de función pública y esto le permite, entonces, tener acceso a información que les está prohibido a otros particulares. Por eso, hay cláusulas de confidencialidad. En su momento, el país va a saber las conclusiones a que estamos llegando en cuanto a las violaciones masivas de los derechos humanos por parte de la insurgencia.

¿En cuáles casos?

Específicamente, en materia de secuestros y reclutamiento de menores. En este momento ya tenemos el primer gran informe. Esta investigación está contenida en un documento de 630 páginas que contiene el análisis de las políticas y patrones del estado mayor y del Secretariado. Es una caracterización detallada de su estructura y un primer estudio sobre máximos responsables. Esta investigación y otras en curso las daremos a conocer cuando se acuerde le modelo de justicia en La Habana y empiece el desarrollo de lo pactado. Por ahora le anticipo que investigamos 38.200 casos, y que, en la sola situación de desplazamiento forzando, hemos encontrado más de 54.000 víctimas.

El viernes pasado semana.com publicó un documento de la Unidad de Contexto de su entidad, en que se rechazaba por ineficiente e insuficiente un reporte escrito del primer contrato ($895 millones en 2013), de Springer. Según decía, el director Alejandro Ramelli renunció porque no estaba de acuerdo con el pago del contrato ¿Es cierto y por qué se le volvió a contratar por $295 millones en 2014 y por $3.000 millones en 2015?

Las afirmaciones de la Unidad de Contexto se referían a un informe preliminar que el grupo de Natalia Springer presentó, y no al informe definitivo. A raíz de estas críticas, se incorporaron las notas y se corrigieron las observaciones hechas. Personalmente, estudié el informe final y me pareció que se trataba de un trabajo extraordinario por sus innovaciones metodológicas. Justamente por considerar que el primer trabajo fue muy serio, decidí realizar nuevos contratos. En cuanto al retiro del doctor Ramelli, año y medio después de haberlo decidido y ejecutado, todavía no sé cuáles fueron las razones por las cuales renunció.

¿Ha escuchado que en algunos medios se dice que Springer inventó su hoja de vida?

No creo esas versiones porque ella ha mostrado en sus trabajos y en sus libros un gran conocimiento de los temas de justicia internacional en conflictos armados.

La vinculación de Miguel Samper como su asesor, ha sido relacionada con el proyecto de reestructuración de la Fiscalía que usted impulsó. Se ha insinuado que le dio el contrato porque él – como viceministro de Justicia - firmó el proyecto en lugar del ministro Gómez Méndez que se negó a hacerlo.

En su acostumbrado estilo de aferrarse al pasado, Alfonso Gómez se opuso abiertamente a la modernización de la Fiscalía. Para él, las estructuras caducas administrativas anteriores eran suficientes para enfrentar la criminalidad del Siglo XXI. Es cierto que hubo un gran distanciamiento con el que hoy es conjuez de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura y quien tiene en sus manos la tutela que interpuso, mediante su abogado, el magistrado Pretelt por el caso del soborno que investiga la Comisión de Acusación. Vale la pena decir que esa tutela aún no ha podido ser fallada porque el doctor Gómez Méndez la mantiene bajo estudio.

Pero, ¿por qué Miguel Samper terminó firmando el proyecto y después recibió un contrato?

Él firmó porque la decisión del gobierno fue la de apoyar la reestructuración. A raíz de la pataleta del doctor Gómez Méndez, este pidió permiso por un día, y por esa razón los firmó Miguel Samper en cumplimiento de una orden del presidente. Es absolutamente mendaz tratar de vincular la asesoría que tiene Miguel Samper, experto en justicia transicional, con la firma de esos decretos. Ahora, si el ministro Gómez no estaba de acuerdo con el proyecto, lo ético habría sido que renunciara a su cargo en ese mismo momento en lugar de ausentarse por 24 horas.

¿No sería una buena idea que usted y el exministro se sentaran algún día a aclarar asuntos? El país ha visto, no sin asombro, la ferocidad con que se enfrentan….

He estado abierto al diálogo pero él siempre me da un portazo. Y además, no necesito hablar con el exministro: cuando quiero saber qué está pensando el conjuez de hoy, leo a María Isabel Rueda o a María Jimena Duzán. El doctor Gómez, además de ser un buen jurista, tiene una virtud que pocos le conocen: es un excelente ventrílocuo.

Usted ha abierto muchos frentes de guerra. Permítame decirle que las dos columnistas que menciona, tienen una larga y respetable carrera en los medios ¿No cree que esas confrontaciones le han hecho daño a usted y a su fama de demócrata?

He tenido que salir a dar muchas confrontaciones cuando en ejercicio del periodismo se falta a una de los deberes más importantes de su profesión: la información tiene que ser veraz y demostrable, incluso cuando se ejerce la libertad de opinión. Tengo documentados los casos en que las columnistas han faltado gravemente a la verdad respecto de mis actuaciones como fiscal pero nunca he llevado esos casos a los estrados por respeto a las libertades. Ojala tuviera el periodismo un tribunal de ética ante quien pudiera yo presentar mis quejas.

¿Por qué usted y el exministro Gómez Méndez, personas tan inteligentes y representativas de la sociedad, quedaron estacionadas en un pleito que no le hace honor a su condición de juristas?

Cuando asumí este cargo, una de mis primeras actuaciones fue tenderle la mano al doctor Gómez Méndez. Le cuento que, incluso, después de examinar con cuidado las hojas de vida y ejecutorias de sus recomendados, seleccioné a 20 o 25 personas que él relacionó, entre nombramientos y ascensos. El exministro se parece a una criatura de la mitología de los Estados Unidos: el Goofus Bird, un pájaro que según Borges, “construye el nido al revés y vuela para atrás porque no le importa a dónde va, sino dónde estuvo”.

Por lo que veo, después del chaparrón de críticas que acaba de sufrir no reconoce errores ¿No cree que hubo excesos en contratación y en favoritismos, tal vez por clientelismo, para llamarlo por su nombre?

De ninguna manera. La contratación de la Fiscalía ha sido pública y ha estado, siempre, a disposición de cualquier ciudadano que la quiera examinar en el SECOP (portal de la contratación estatal)

El uribismo lo citó al Congreso ¿Va a ir?

No, porque la Corte Constitucional ha dicho en muchas oportunidades que el Congreso no tiene competencia para hacerle debates de control político al fiscal general.

Por último, una pregunta para cualquier personaje público con el rango que usted tiene: cuando se examina, ¿reconoce que el poder lo cambió y lo trastornó?

El poder me ha cambiado muchísimo pero no como usted cree. Ante tanta agresión de ciertas organizaciones criminales que investigamos, y de unos sectores de la sociedad, he tenido que aprender a ser un guerrero que se crece en la adversidad. Tengo informaciones y evidencias serias de que existe una estrategia para deslegitimar mis actuaciones como fiscal. Y tengo la certeza de que unos sectores y personas que están siendo investigados por graves violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción, la están impulsando desde la sombra. Deben están temerosos pero el país debe saber la verdad del conflicto.

Contratos y cifras en la administración Montealegre

De acuerdo con los informes internos de la Fiscalía que obtuvo El Espectador por petición que se le había extendido al fiscal Eduardo Montealegre antes de que estallara el escándalo por las asesorías externas que su entidad firmó, el número total de contratos, desde marzo de 2012 cuando se posesionó y hasta agosto de 2015, es de 782; y su costo global es de $44 mil millones. Están discriminados así:

Año 2012: 142 contratos por $5.200 millones. En este lapso fueron contratados dos personajes que aún no han salido a relucir en los informes periodísticos: Iván Darío Gómez Lee, actual Auditor General de la República quien tuvo una asesoría de $170 millones. Y el doctor Rodrigo Noguera Calderón, por $85 millones, por prestación de servicios académicos de la universidad Sergio Arboleda que él regenta.

Año 2013: 235 contratos por $6.490 millones

Año 2014: 240 contratos por $16.657 millones

Lo que va corrido del año 2015: 165 contratos por $15.964 millones.

Total: $44 mil 311 millones.

Es claro que el valor de los contratos se disparó en 2014 cuando fue aprobado el proyecto de reestructuración de la Fiscalía que Montealegre justifica por las demandas contra la entidad cuyas pretensiones suman $35 billones de pesos.

Se suspenderían procesos contra las Farc

Según el fiscal general, el sistema penal actual deberá “ajustarse” a la nueva realidad nacional, en caso de que se firmara el acuerdo de paz con la guerrilla en Cuba. El fiscal Eduardo Montealegre le aseguró a El Espectador: “si en la Habana se llega a un acuerdo sobre los elementos centrales de la justicia transicional en materia penal, la Fiscalía aplazará las imputaciones contra la cúpula de las Farc. Considero que los acuerdos que se suscribirán en el marco del proceso de paz tienen fuerza normativa y vincula a todos los sectores del Estado. Si se logra una fórmula en los próximos días, inmediatamente ajustaremos el modelo de investigación a lo que se acuerde. No tendría sentido que, firmada la paz, sigamos impulsando nuestra actividad con base en estructuras procesales que van a desaparecer. Lo jurídicamente correcto es acoplar de una vez el sistema penal a lo que será el nuevo modelo de justicia. Sería muy nocivo que la gran locomotora de investigación que hemos construido con mucho esfuerzo, colisionara con los nuevos diseños institucionales que requerirá el país en el posconflicto”.