"Me extrañaría que un país serio le diera asilo a Restrepo"

Cecilia Orozco Tascón.- Ha hecho carrera en Colombia el término “guerra jurídica”. Con esa denominación se quiere dar a entender que los jueces son enemigos de los militares y del uribismo. ¿Cree que esa “guerra jurídica” es real?

Jurista Rodrigo Uprimny Yepes.- Durante muchos años pertenecí a la Rama Judicial y mi impresión es que la mayoría de los jueces son bastante conservadores. Contrario a lo que se dice, no hay evidencias objetivas de una Rama Judicial infiltrada por la izquierda, ni menos aún por sectores cercanos a la guerrilla. Simplemente si un juez encuentra pruebas que demuestren que hubo, por ejemplo, falsos positivos, y esas pruebas conducen a la responsabilidad penal de un miembro de la Fuerza Pública, lo condena. Pero de esa decisión individual no se puede deducir la existencia de una “guerra jurídica”.

C.O.T.- Sin embargo, esa sensación persiste porque no se condena sólo a un uniformado, sino a muchos, según se dice en los círculos militares. ¿La frecuencia de los fallos adversos a ellos no justifica la sospecha de que hay enemigos de la Fuerza Pública en los juzgados?

R.U.Y.- Unos días antes de que se conociera el fallo del caso Plazas, un juez de Cali condenó a 25 años de prisión a Timochenko como determinador del asesinato de monseñor Isaías Duarte. El juez también halló responsable de ese crimen al resto de la cúpula de las Farc. El autor material del homicidio ya fue condenado a 36 años de prisión y está purgando su pena. Todo esto, a pesar de que en Cali hay quienes insisten en que ese asesinato fue cometido por el narcotráfico. Una justicia infiltrada por la guerrilla no habría llegado a este tipo de conclusiones tan drásticas.

C.O.T.- Que “la justicia se politizó” es una afirmación que hoy se acepta como real en buena parte de los círculos de poder. Usted es un experto en esa materia. ¿La justicia dejó de ser judicial y ahora es política?

R.U.Y.- No. Otra cosa es que las decisiones judiciales tengan impacto político. Si la Corte Constitucional declara inexequible un proyecto de ley o si la Corte Suprema condena a un congresista, obviamente las implicaciones son políticas; es posible que los jueces sean sensibles al contexto que se vive alrededor de un determinado caso o que si hay distintas interpretaciones posibles de una norma, el juez se oriente por una u otra. Sucede en todas partes. Pero hay una enorme exageración en concluir por eso que la Rama Judicial se concierta para perseguir a determinadas personas.

C.O.T.- El hecho es que, refiriéndonos a civiles, hay varios de los colaboradores más notables del expresidente Uribe que hoy están siendo procesados. Visto desde el exterior, ese panorama puede dar la sensación de persecución.

R.U.Y.- Los tres casos que se suelen citar en ese sector para justificar la crítica a la justicia y que son los del exministro Arias, la exdirectora del DAS y ahora el del excomisionado Restrepo, observados imparcialmente, justifican las medidas que han tomado los fiscales o los jueces porque hay evidencias de corrupción, conductas ilegales o falsedades que comprometieron recursos del Estado. Todos esos hechos son punibles y pueden tener consecuencias políticas. Pero los procesos siguen siendo netamente judiciales.

C.O.T.- El asilo concedido a una implicada y el posible otorgamiento de otro asilo a un segundo procesado, el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, ¿afecta la credibilidad de la democracia de Colombia en el exterior?

R.U.Y.- Que haya fugitivos de la justicia no cuestiona el sistema judicial de ningún país del mundo. Muchos investigados tratan de evadir las decisiones judiciales. El asilo político concedido por Panamá a la exdirectora del DAS habla mal de Panamá y no de Colombia, porque la investigación contra esta exfuncionaria busca esclarecer judicialmente unos abusos, ya comprobados, que se cometieron bajo su dirección. Por eso me extrañaría que un país serio le diera asilo al excomisionado. Es claro que él está evadiendo su deber, como responsable que era, de un hecho presuntamente ilegal.

C.O.T.- Le insisto: la acumulación de procesos en contra de personas cercanas al exmandatario puede dar la impresión de que efectivamente hay una estrategia de ataque contra Uribe y sus colaboradores.

R.U.Y.- Puede haber dos sensaciones: la primera, que hay una persecución como usted dice. La segunda, que el gobierno anterior se involucró masivamente en actos ilegales. Un observador internacional serio que lea sobre lo ocurrido y sobre las acciones por las cuales están siendo juzgados esos funcionarios, tiene que llegar a la segunda conclusión. Por cierto, la justicia ya había empezado a investigar ilegalidades de personas cercanas a Álvaro Uribe antes de que se terminaran sus gobiernos.

C.O.T.- Esos ataques recientes contra los jueces y sus fallos, en particular del presidente actual, ¿constituyen una reedición del enfrentamiento entre la justicia y el Ejecutivo que se vivió en época reciente?

R.U.Y.- El actual enfrentamiento es distinto al anterior, a pesar de que es serio. En el caso de las declaraciones del presidente Santos frente a la sentencia del Palacio de Justicia, hay que decir que fueron muy desafortunadas. Pero uno no ve por parte del Gobierno el ataque sistemático a la Rama Judicial que se vivió en la etapa anterior. Ahora, esto en nada minimiza el carácter negativo de las afirmaciones del mandatario ni la crítica desproporcionada a ese fallo. Un jefe de Estado puede valorar y discutir una sentencia, pero no creo que deba hacerlo de manera tal que mine la independencia judicial.

C.O.T.- Usted opina que el presidente puede criticar los fallos aunque con mesura. Pero, siendo él el primer mandatario, ¿no debería estar obligado, más bien, a ser discreto y a acatar a los jueces?

R.U.Y.- Como le dije, desde mi punto de vista él puede plantear las discrepancias que tenga con un fallo. No obstante, debe cuidarse de poner en riesgo la labor de los jueces o a ellos mismos. Precisamente por el gran poder que tiene un jefe de Estado, cualquier pronunciamiento suyo puede enviar mensajes equivocados. Por eso él debe tener extrema prudencia al criticar los fallos y, en este caso, no la tuvo.

C.O.T.- Juan Manuel Santos había prometido respetar la autonomía judicial, pero terminó apoyando a los condenados. Su actitud pareciera heredada.

R.U.Y.- Más que una herencia de un gobierno a otro, hay una tendencia profunda a no aceptar que todos somos iguales ante la justicia. A esto se debe la resistencia a que la justicia penal ordinaria decida casos en los que estén involucrados miembros de las Fuerzas Armadas.

C.O.T- La reacción del mandatario en el caso de la retoma del palacio, en particular en cuanto al rechazo a la orden al Ejército de pedir públicamente perdón por la desaparición de personas, contó con el respaldo de un gran sector del país. ¿Intimidarán esas presiones a los jueces para decidir sobre casos futuros?

R.U.Y.- El núcleo de la independencia judicial consiste en que el juez sienta que puede decidir lo que le parece más justo en un caso, conforme a su entendimiento del derecho y de las pruebas, y no condicionado por presiones sociales o factores de poder. Hay que insistir en que los debates sobre determinadas sentencias pueden darse, pero sin coartar la libertad de conciencia de los jueces. La manera desproporcionada como se plantearon los ataques en el caso que usted menciona, fue riesgosa para la autonomía judicial.

C.O.T.- ¿Están desamparados los jueces frente a esos dos grandes poderes que son las Fuerzas Militares y el grupo del expresidente Uribe?

R.U.Y.- Espero que no sea así. El país tiene, de todos modos, una larga tradición de respeto a las decisiones judiciales y la independencia de sus jueces ha evitado graves desbordes autoritarios. Quisiera creer que la sociedad entiende la importancia de preservar la justicia como un elemento esencial del Estado de Derecho sin perjuicio del libre ejercicio de la crítica.

C.O.T.- Pero no se puede ignorar que la crítica a la justicia está altamente contaminada por las pasiones políticas de unos grupos de poder bien identificados.

R.U.Y.- Ejemplos como los de Venezuela y Ecuador, en donde con el argumento de que había problemas en la rama, esos dos gobiernos coartaron la autonomía de la justicia, muestran los riesgos que se corren cuando no se toma en serio el respeto por la tarea de los jueces.

C.O.T.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudió el caso de los desaparecidos del Palacio y se lo acaba de enviar a la Corte Interamericana para que ésta decida si sanciona a Colombia por lo ocurrido durante la retoma. ¿El traslado de ese proceso a la Corte es un respaldo de la justicia internacional a la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que fue tan polémica en Colombia?

R.U.Y.- En cierto sentido la Comisión lo que hizo fue confirmar los hallazgos fundamentales del fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Aunque el trámite llevaba allá años, la coincidencia con lo que se decidió aquí respecto del mismo proceso es significativa. Lo que la Comisión hizo en días pasados fue poner esos casos en conocimiento de la Corte Interamericana. Y si lo hizo, no sólo es porque considera que hubo desaparecidos, sino porque cree que miembros de la Fuerza Pública estuvieron involucrados. La CIDH no se pronuncia sobre responsabilidades penales individuales, porque no le corresponde. Pero su traslado a la Corte sí implica que cree que no hubo debida justicia en Colombia.

C.O.T.- ¿Qué opina sobre la propuesta de realizar una constituyente para reformar el marco constitucional del país? ¿Es legítima?

R.U.Y.- Claro que no. Admitir ahora propuestas de ese tipo sería caer en lo que cayó Italia con Berlusconi: cada vez que había posibilidades de iniciar una nueva investigación contra su gobierno, se modificaban las leyes para privar a los funcionarios judiciales de sus facultades de investigación.

C.O.T.- La reforma a la justicia, que se está discutiendo en el Congreso y que incluye la eliminación de la función de investigación de la Corte Suprema, por ejemplo en los nuevos procesos de la parapolítica, ¿resulta inoportuna por el momento tan enrarecido que vive el país?

R.U.Y.- No es la mejor oportunidad. El contexto actual se presta para que algunas propuestas sean vistas con suspicacia. Sin duda hay aspectos del sistema judicial que requieren reforma. Pero se necesita la mayor de las prudencias para no terminar afectando la tradición de la función esencial de la justicia. Es obvio que no es perfecta. Pero no está colapsada como quieren hacerla parecer.

C.O.T.- Por estos días también se discute el reforzamiento del fuero militar en el Congreso con el argumento de que los jueces civiles no entienden los procedimientos castrenses. ¿Ese cambio constitucional no es desafortunado en medio del agitado clima político que se siente en estos días?

R.U.Y.- Es desafortunado y contrario a los compromisos internacionales firmados por Colombia, en cuanto indican que las violaciones graves a los derechos humanos no deben ser investigadas ni juzgadas por la justicia penal militar. Si el argumento que se tiene en esa materia es que los jueces penales ordinarios carecen de formación en Derecho Internacional Humanitario o en procedimientos militares, la solución es muy sencilla: que se cree una especialización en la justicia ordinaria que se encargue exclusivamente de los asuntos en que se vean involucrados miembros de la Fuerza Pública.

C.O.T.- Grupos que están apoyando al actual gobierno y grupos que apoyaron al gobierno anterior han puesto al estamento militar en la mitad de la discusión. ¿Tratar de ganarse el favor de las Fuerzas Armadas no resultará peligroso?

R.U.Y.- Un elemento definitivo en las democracias es el control civil sobre sus estamentos militares. Aupar a los militares a que no acaten decisiones judiciales para ganarse su favor, en beneficio de uno u otro grupo político, incrementa los riesgos sobre la democracia. Por eso es importante defender la idea de que todos los responsables de delitos, sean o no militares, sean o no hombres poderosos, deben acatar las decisiones judiciales. La esencia de la democracia reside en la igualdad de todos ante la ley. Otro activo de ella aquí es que los militares no han sido aquí actores políticos. Sería nefasto acabar con esa tradición.

Académico e investigador

Rodrigo Uprimny es abogado de la Universidad Externado de Colombia con maestría en Sociología del Desarrollo, de la Universidad de París I, y doctorado en Economía de la Universidad Amiens, Francia. Además tiene un posgrado en resolución de conflictos de la Universidad de Uppsala, Suecia. Ha sido profesor titular de la Universidad Nacional desde 1989 en temas constitucionales. También es profesor visitante de otras universidades colombianas y del exterior, entre ellas la American University de Washington, la de Grenoble, Francia, y la de Utrecht, Holanda. Fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional durante 11 años y magistrado encargado del mismo tribunal. Además ha sido perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Y ejerce como director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia), creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios. Uprimny ha publicado numerosos artículos y libros de administración de justicia y derechos humanos. Por sus conocimientos es invitado permanente de los medios de comunicación y sus conceptos son escuchados con atención tanto en el mundo académico como en el político y judicial.

Respaldo internacional a fallo nacional

Coincidiendo con la honda discusión que generó en el país la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la condena a 30 años de prisión del coronel (r) del Ejército Alfonso Plazas Vega por su responsabilidad en la desaparición de dos personas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que revisó este caso durante varios años— acaba de decidir que enviará el proceso a la Corte Interamericana para que resuelva si sanciona o no a Colombia. La sanción que ese tribunal puede imponerle al Estado depende de si los magistrados de la Corte Interamericana encuentran que aquí no hubo debida aplicación de justicia. Y que, en consecuencia, los familiares de las víctimas tampoco encontraron protección jurídica. Es decir, que no existieron investigaciones ni fallos concluyentes sobre la responsabilidad de los agentes oficiales que participaron en el rescate de los rehenes civiles del M-19, pero también en su retención sin orden judicial, torturas y desaparición. La decisión de la Comisión Interamericana puede ser interpretada como un respaldo a la que tomó el Tribunal de Bogotá, que fue ampliamente criticada por círculos nacionales de poder.