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Hace dos décadas, por estos días de abril, estalló en Colombia el escándalo político judicial más sonado de los últimos tiempos: el proceso 8.000. “Cerco de la Fiscalía a narcopolítica”, fue el titular de primera página de El Espectador del 22 de abril de 1995, para resumir los anuncios del entonces fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento, que dio inicio a múltiples investigaciones penales contra senadores, representantes, funcionarios públicos o periodistas, por presuntos nexos o beneficios con el denominado Cartel de Cali.
Aunque ese día Valdivieso habló de la captura del exsenador Eduardo Mestre Sarmiento y referenció la apertura de investigaciones contra 23 particulares, además de pedirle a la Corte Suprema de Justicia emprender acciones similares contra nueve congresistas, con el correr de los días la lista fue creciendo hasta tomar ribetes de escándalo nacional. El huracán del proceso 8.000, ideado con la pretensión de cortar los tentáculos entre el narcotráfico y la sociedad, pronto se convirtió en el tema predominante del país.