Según el ente acusador, la mayoría de las propiedades fueron adjudicadas por el desaparecido Instituto para la Reforma Agraria (Incora) en 1991 a un grupo de campesinos, aunque luego fueron entregadas por la misma entidad a otras personas.
Lo extraño es que, según la Unidad de Justicia y Paz del ente acusador, en documentos incautados al ex jefe paramilitar, las propiedades aparecen enunciadas como “lista de parcelas a legalizar” o “predios a legalizar a los muchachos”.
Para la Fiscalía, deduciendo el posible manejo que Jorge 40 les dio a los bienes, se debe suspender el derecho de dominio y pidió al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) revocar las segundas adjudicaciones para que sean entregados a las personas que resultaron beneficiadas en primera instancia. Se trata de fincas y lotes localizados en área rural del municipio de Sabanas de San Ángel, en el Magdalena.