Verdades de la masacre de San José de Apartadó

Casi 42 meses después de la brutal masacre de 8 campesinos en la Comunidad de Paz de San José de Apartado, en hechos ocurridos el 21 y el 22 de febrero de 2005, la Procuraduría General de la Nación, apoyada en la investigación que paralelamente ha venido realizando un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, y dentro de la cual hay varios oficiales y suboficiales detenidos, concluyó que existen evidencias sólidas que comprometen a por lo menos nueve militares con 60 miembros del bloque Héroes de Tolová de las autodefensas, que perpetraron el múltiple asesinato.

En una providencia de 89 páginas, firmada el pasado 18 de julio, el procurador general encargado, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, profirió pliego de cargos en contra del teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán, los capitanes Guillermo Gordillo Sánchez y Óscar Gerardo Omaña García y otros seis suboficiales por graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, luego de que se comprobara que facilitaron la incursión de las autodefensas, quienes ejecutaron a ocho civiles ajenos al conflicto armado, tras torturarlos y posteriormente desmembrarlos y enterrarlos en una fosa común.

La masacre causó un impacto nacional porque la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se consideraba ajena al conflicto y armado y un territorio neutral. Además, sus miembros gozaban de medidas cautelares y provisionales impuestas al Estado colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el 21 y 22 de febrero de 2005, un comando de 60 paramilitares arribó a la Comunidad y perpetró con sevicia la masacre, como lo señaló en su providencia la Procuraduría.

En la incursión fueron asesinados Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez, Bellanira Areiza, Alfonso Bolívar Tuberquia, Deiner Andrés Guerra, de 11 años; Natalia Tuberquia, de 5 años, y Santiago Tuberquia, de apenas 21 meses de edad. Según la investigación, “se trató del sometimiento por la fuerza de unos civiles ajenos a la confrontación, entre los que se destacan una menor de 5 años y otro de 1 año, que luego fueron ejecutados en condiciones de indefensión y sus cuerpos desmembrados y enterrados en una fosa común”.

Las declaraciones que le entregaron a la justicia los paramilitares Adriano José Cano Arteaga, alias Melaza; Samuel Agudelo Puerta, Jorge Luis Salgado, alias Kiko, y Joel José Vargas, alias Pirulo, fueron fundamentales para asignar responsabilidades a los nueve miembros de las Fuerzas Militares que cohonestaron la masacre. De hecho, el capitán Guillermo Armando Gordillo, entonces comandante de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47, en diligencia de sentencia anticipada en la Fiscalía el pasado 30 de julio, aceptó su responsabilidad en la incursión paramilitar y se acogió a sentencia anticipada.

Al expediente también se allegaron varias interceptaciones telefónicas (ver nota anexa) que corroboran no sólo la facilitación de varios militares en la masacre, sino que además revelan que ésta se planeó con muchos días de anticipación. El relato de alias Pirulo fue el que más detalles aportó al proceso. Según él, llegaron a la Comunidad persiguiendo a varios guerrilleros de las Farc, para lo cual montaron una emboscada en la que fueron retenidos Luis Eduardo Guerra, su esposa Bellanira Areiza y su hijo Deiner Andrés, a quienes los ‘paras’ les preguntaron por la guerrilla, “luego dieron la orden de asesinarlos, siendo degollados”.

Luego, el jefe paramilitar alias Cuatro-Cuatro ordenó que se disparara contra una casa de la comunidad mientras algunos miembros del Ejército lanzaron una granada y fue cuando, según Pirulo, encontraron a un hombre agonizando y a una mujer

Los militares salpicados en el escándalo reconocieron que sí patrullaron con integrantes del bloque Héroes de Tolová, que algunos les servían de guías e informantes, pero rechazaron haber participado en la masacre. Su versión no fue probada. Lo que sí quedó claro es que el teniente coronel Orlando Espinosa y sus hombres facilitaron la despiadada incursión paramilitar, porque “no sólo han debido abstenerse de tener vínculos con el grupo paramilitar al que le atribuyen las violaciones, sino que además debieron impedir la consumación de la masacre”, advirtió la Procuraduría.

El Ministerio Público, asimismo, le pidió a la Fiscalía investigar a todos los miembros de las compañías Bolívar y Anzoátegui del Batallón de Infantería Nº 47 que, al parecer, también estuvieron en la Comunidad de San José de Apartadó y que eventualmente habrían colaborado para facilitar la masacre. La decisión de la Procuraduría fue recibida por varias ONG como un avance sustancial para conocer la verdad de los trágicos hechos ocurridos en febrero de 2005.

Militar aceptó cargos por la masacre

Ante un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario aceptó su responsabilidad por el delito de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida, y se acogió a sentencia anticipada, el capitán en retiro del Ejército Nacional Guillermo Armando Gordillo Sánchez, en relación con la masacre de San José de Apartadó ocurrida en 2005. El ex oficial dijo que se reunió con los integrantes del Bloque Héroes de Tolová que efectuaron la acción criminal, pero fue enfático en afirmar que aunque no detuvo ni impidió los asesinatos, como era su deber legal, “yo no mate a esas ocho personas ni cometí el descuartizamiento al que fueron sometidas”.

Por esos hechos ya habían sido cobijados con medida de aseguramiento los tenientes del Ejército  Alejandro Jaramillo Giraldo y Jorge Humberto Milanés Vega, y los suboficiales Henry Audelo Cuasmayán Ortega, Ricardo Bastidas Candia, Ángel Padilla Petro y Sabaraín Cruz Reina, miembros del batallón Vélez. Asimismo los ex paramilitares Jorge Luis Salgado y Joel José Vargas Flórez, quienes están detenidos.

Se  había declarado ‘comunidad de paz’

Los asesinatos selectivos y las masacres que fueron cometidas durante los años 80 y 90 en Urabá, llevaron a que los pobladores de San José de Apartadó se declararan neutrales frente a cualquiera de los actores del conflicto, incluido también el Ejército Nacional. En este último caso los pobladores aseguraban que tampoco se sentían protegidos por la fuerza pública.  Desde finales de 1996, con la colaboración de la misma Diócesis de Apartadó, los habitantes de la localidad, ubicada entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, comenzaron a analizar la posibilidad de convertirse en una comunidad de paz.

Finalmente, el 23 de marzo de 1997, fue firmada la declaratoria en una ceremonia solemne, que contó con la asistencia de algunos parlamentarios holandeses. Sin embargo los crímenes continuaron, al punto que en octubre de 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó urgentemente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales para proteger a esa comunidad. No obstante la situación no cambió sustancialmente y en febrero de 2005 nuevamente sufrió una masacre.