Procuraduría pide condenar a militares

Después de cuatro meses de que la Fiscalía dictara medida de aseguramiento contra el coronel Orlando Espinosa y el mayor José Fernando Castaño, sindicados en el expediente de la masacre de San José de Apartadó (Antioquia)  ocurrida en 2005, la Procuraduría le solicitó a la Unidad de Derechos Humanos del ente investigativo que profiera resolución de acusación contra ambos oficiales, acusados como posibles autores de los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y actos de barbarie. De hacer caso a la petición, éste sería el primer llamado a juicio que se hace contra integrantes del Ejército, por el asesinato (con intervención de ‘paras’) de cinco adultos y tres niños de 11, 5 y 1 año y medio de edad.

Por cuenta de este crimen, que se cometió entre el 21 y el 22 de febrero de 2005, están vinculados en el proceso 83 miembros de la institución castrense y ocho paramilitares. El 30 de julio del año pasado, el ex capitán Guillermo Armando Gordillo se acogió a sentencia anticipada por estos hechos convirtiéndose en el primer ex oficial en recibir una condena por la barbarie de San José de Apartadó. Gordillo confesó que 50 ‘paras’ del bloque Héroes de Tolová patrullaron con más de un centenar de uniformados, pertenecientes a dos batallones de la brigada XVII, y que tanto el coronel Espinosa como el mayor Castaño coordinaron con las autodefensas para desarrollar la Operación Fénix.

De esa operación se desprendieron las acciones que terminaron con  la muerte de ocho habitantes de San José de Apartadó (autodeclarada comunidad de paz desde 1997). Por ello, la Procuraduría le expresó a la Fiscalía que “sería desquiciado pensar que los paramilitares aparecieron allí de forma espontánea y sorpresiva, sin que los oficiales Espinosa y Castaño tuvieran conocimiento de ella”. Esta oficina encontró relevante, además del testimonio de Gordillo, los señalamientos de paramilitares como Jorge Luis Salgado (alias Kiko), Joel José Vargas (alias Pirulo) y Adriano José Cano (alias Melaza); e indicó que tanto el coronel como el mayor ostentaban la “posición de garantes” y tenían total responsabilidad en el procedimiento de sus hombres.

Develar la autoría de la masacre de San José de Apartadó, que causó tanto estupor por la crueldad de los acontecimientos (como que los niños de 5 y 1 año y medio de edad fueran degollados), fue un proceso lento. En principio, las autoridades tildaron a las Farc de responsables de los hechos y el Ejército negó haber tenido cualquier participación. Sin embargo, no sólo desmovilizados como Melaza, Pirulo y Kiko han admitido su participación en los asesinatos de estas ocho personas. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, también aceptó ante un fiscal de Justicia y Paz que, en efecto, hombres a su mando del bloque Héroes de Tolová colaboraron con integrantes del Ejército para ejecutar los asesinatos.

El órgano de control requirió que, de igual manera, el teniente Alejandro Jaramillo, los sargentos Jorge  Milanés,  Ángel  Padilla y Henry Agudelo, el cabo primero Sabaraín Cruz y el cabo tercero Ricardo Bastidas fueran llamados a juicio por incurrir en los delitos  de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y actos de barbarie. Todos ellos se encuentran asegurados desde el pasado 15 de abril. La parte civil de este proceso le ha solicitado a la Fiscalía que el general Jaime Humberto Fandiño —comandante de la brigada XVII de diciembre a junio de 2005— sea vinculado formalmente a la investigación, pero, hasta la fecha, la petición no ha sido acogida.