La Escuela de Artillería de Bogotá, legendario símbolo de la presencia militar en el sur de la ciudad, está a punto de cambiar de lugar, al menos en parte, por una millonaria licencia para la explotación de material de construcción en la cuenca del río Tunjuelo.
Tras casi cinco años de estudio sobre el impacto de la decisión, el Ministerio de Defensa está dispuesto a mover las instalaciones ubicadas en 36,9 de las 147 hectáreas de la guarnición si las multinacionales que operan en la zona asumen los $300.000 millones que cuesta dicho traslado, que de momento afectará sólo las casas fiscales, la de sanidad y el colegio militar. Al decir del subcomandante del Ejército, general Luis Alberto Ardila: “No habrá una desprotección militar en esa zona”, porque prevalecen la seguridad y el combate a los grupos al margen de la ley. La Escuela ejerce control sobre Ciudad Bolívar (1,8 millones de habitantes) y el estratégico corredor del Sumapaz, otrora fortín de las Farc.
El traslado de parte de la Escuela no sólo implica cambios en la dinámica de la seguridad capitalina. También consolida el proceso de expansión de la frontera minera en la ciudad, en la que hasta el momento son explotadas 175 hectáreas de la cuenca del Tunjuelo para la extracción de la grava con que se construye la ciudad.
La nueva mina tiene reservas estimadas de 350 millones de metros cúbicos, que a precios de hoy costarían $1,7 billones, y generarían regalías por $17 mil millones a la ciudad. Para el concejal Carlos Vicente de Roux, dichos recursos no reparan el daño ambiental derivado de la mina (que tendrá vida útil de 30 años), máxime cuando le quedan nueve más de vigencia a la licencia actual de Holcim y Cemex en la antigua mina, que está en plena producción. La representante Lucero Cortés, quien promovió un debate en el Congreso sobre el tema, cree que lo importante es vincular a la comunidad en la discusión y hacer inversión social en la zona con las regalías.
El tema está en manos de una comisión interinstitucional en la que tienen asiento tres ministerios, el Distrito y las multinacionales (Holcim es dueña del título minero para la explotación en el subsuelo de la Escuela de Artillería).
Ya el Mindefensa dio su visto bueno condicionado. El Distrito, por su parte, busca que Cemex, Holcim y la Fundación San Antonio retiren las demandas contra Bogotá por daños y perjuicios estimados en $279.000 millones, derivados de la inundación de sus actuales minas en 2002 (ante un desbordamiento del Tunjuelo). Deben llegar a un acuerdo en noviembre, cuando empezaría la explotación de la nueva mina. Después del tema urgente de la mina, el Distrito podría concentrarse por fin en la definición del importante: el futuro del río.