Foto: David Campuzano

“(Chuzadas) y falsos positivos son los hechos más graves que hayan sucedido  en años recientes en nuestro Estado de Derecho”, dice Maya.   

Sugiere que  la yidispolítica no prescribía aún y que el procurador Ordóñez, en vez de fallar a favor de los ministros implicados, debió reanudar la práctica de pruebas.

Cecilia Orozco Tascón.- El ministro Valencia Cossio  y el Procurador se han referido a interceptaciones ilegales de su Procuraduría ¿Qué les responde?

Ex procurador Edgardo Maya Villazón-  La entidad que presidí jamás realizó con mi conocimiento, interceptaciones fuera de las atribuciones constitucionales, legales y de Policía Judicial que le han sido asignadas. Extrañamente, el doctor Valencia Cossio - quien como ministro de Justicia y como abogado debería estar enterado de las funciones del Ministerio Público -,  se declaró sorprendido del ejercicio judicial que se ejecuta en la Procuraduría desde hace 14 años para interceptar líneas telefónicas y hacer allanamientos o seguimientos. Por su parte, el procurador Ordóñez, al referirse al tema, lo que hizo fue dudar de la legalidad de las atribuciones que le otorgan a la Procuraduría, la Constitución, la ley disciplinaria, dos sentencias de la Corte Constitucional, varias decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y otras tantas del Consejo de Estado. 

C.O.T.- Pues el ministro pareció hacer caso omiso de esas atribuciones porque le pidió a Ordóñez que revisara “los fundamentos legales en que se sustentó el funcionamiento (de la sala de escuchas), las personas que fueron interceptadas y la destinación que se le dio a dichas grabaciones” ¿Le teme a esa revisión?

E.M.V.- En absoluto. No tengo temores sobre ésta u otras revisiones de mis actuaciones. Pero debo resaltar que la Procuraduría es un órgano autónomo e independiente que no puede ser tratado, tal como lo hizo el ministro, como si estuviera adscrito y sometido al poder Ejecutivo, sobre todo en actuaciones que gozan de reserva legal ¿Qué tal que mañana al gobierno se le ocurriera pedirle al Fiscal General que le rinda un informe pormenorizado de las labores del CTI las cuales, por su naturaleza, también son reservadas?

C.O.T.- De todas maneras, el Procurador ordenó el cierre de la sala de interceptaciones, dejando la sensación de que su funcionamiento no era sano. Además indicó que ese esquema no se ajustaba al sistema penal acusatorio.

E.M.V.- Para que no queden dudas de carácter legal, hay que recordar que el sistema acusatorio que implantó la Ley 906 de 2004, no modificó los procedimientos ni las competencias de la Procuraduría en materia judicial, como bien lo señaló la Corte Constitucional. En segundo término, el 12 de febrero pasado, la anterior jefe de Investigaciones Especiales hizo, a solicitud del funcionario que la sucedió, un informe de las – exactamente - 38 actividades de interceptación que se ordenaron desde 1.999 hasta esa fecha. En ese documento están absolutamente todos los datos relacionados con el tema: entidad oficial interceptada, números telefónicos intervenidos,  fechas de resolución de los casos y nombre del funcionario a cargo de los audios. Allí no hay nada que ocultar.

C.O.T.- Pese a lo que usted asegura, en eltiempo.com se reportó que “un primer barrido realizado por un grupo creado por el procurador Ordóñez ubicó 48 carpetas en las que aparecen 369 líneas fijas y 52 móviles…” y se añadió que “hasta ahora, no se han encontrado soportes válidos para la mayoría de esas interceptaciones” ¿Cree que su sucesor  tiene algo contra usted o realmente hubo actos irregulares?

E.M.V.- El único que tiene atribuciones en materia de interceptaciones es el Procurador General. O sea que cada actuación tenía que estar respaldada por un auto con mi firma, en el que se incluían los números que serían objeto de la interceptación. Cualquiera otra que se hubiere hecho sin esos requisitos, sería un acto criminal que debería ser denunciado e investigado tanto por la propia Procuraduría como por la Fiscalía. En cuanto a su pregunta sobre la prevención o animadversión del actual Procurador contra su antecesor, basándome en el conocimiento que he tenido sobre él, espero que eso que usted sugiere no corresponda a la realidad.

C.O.T.- Éste escándalo por las interceptaciones de la Procuraduría aparece en medio del lío por las chuzadas del DAS. Si la ley es tan clara como usted lo indica ¿Por qué dudar de ella?

E.M.V.- No me cabe la más mínima duda de que hay una gran estrategia con respecto a las graves irregularidades ocurridas en el DAS, en el sentido de generalizar el tema de las interceptaciones para incluir en el escándalo a tantas entidades públicas y privadas como sea posible. Con ello, se pretende demostrar que hay muchos pecadores y disolver, por esa vía, la responsabilidad de los que para mí, conjuntamente con los falsos positivos, son los hechos más graves que hayan sucedido en años recientes en nuestro Estado de Derecho.

C.O.T.- Al parecer el origen reciente de las dudas sobre su Procuraduría en esta materia fue una declaración  del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien dijo que ustedes lo habían interceptado ilegalmente ¿Qué ocurrió en ese caso?

E.M.V.- El actual presidente de Fedegán fue investigado y sancionado por la Procuraduría como Vicecontralor General que fue, pero él gozó de todos los medios de defensa como ocurre con cualquier servidor público. Recuerdo que él acudió al Consejo de Estado para demandar la sanción que se le impuso, y ese tribunal la ratificó. Más adelante fue investigado como Superintendente de Notariado y Registro. En ese proceso, y debido a la gravedad de las presuntas irregularidades investigadas, creo que se ordenó realizar unas interceptaciones. De esas diligencias se rindió informe y la decisión fue de archivo. Igualmente, como Superintendente se le abrió investigación en el proceso de la yidispolítica y se le formuló pliego de cargos. En ese caso fue absuelto por el procurador Ordóñez. Esto le indica a usted que todos los procedimientos utilizados en los casos mencionados, se ajustaron a la ley.

C.O.T.- Su Procuraduría destituyó en dos oportunidades al ex ministro Fernando Londoño y se sabe que éste y el Procurador actual son muy amigos. Menciono al ex ministro porque él fue el primero que denunció las presuntas interceptaciones ilegales de su Procuraduría en una columna del año 2004, en El Tiempo ¿Cree que esa amistad influye en el ánimo del Procurador Ordóñez y en lo que éste dice y hace?

E.M.V.- De ese personaje solo me ocupé cuando me tocó leerlo en el único lugar en donde lo hemos conocido la mayoría de los colombianos: en los expedientes criminales y disciplinarios. De su amistad con el Procurador no puedo opinar por desconocimiento de ello. Pero es oportuno decir que el Consejo de Estado se pronunció sobre esas afirmaciones y sostuvo que al Procurador le asistían facultades constitucionales y legales para ejercer las funciones de Policía Judicial.

C.O.T.- No puedo dejar de preguntarle por el fallo que proyectó su Procuraduría contra los ex ministros y otros funcionarios del gobierno en el caso de la yidispolítica, fallo que después fue cerrado por Ordóñez, pero  a favor de ellos. ¿Por qué usted no firmó la sanción?

E.M.V.- El proceso de la yidispolítica se encontraba archivado y fue activado una vez aparecieron las declaraciones difundidas en Noticias Uno. En mayo del año pasado se abrió investigación y en seis meses se practicaron todas las pruebas, se formuló el pliego de cargos contra los implicados, se escucharon sus descargos y se ordenó la práctica de pruebas solicitadas por sus apoderados. Todo esto, en tiempo récord. En diciembre quedó cerrado el proceso para fallo, contra el cual se interpuso un recurso de nulidad. El 13 de enero hice dejación del cargo y no era posible en tan pocos días, estudiar, redactar y tomar decisión.

C.O.T.- Me da pena con usted pero debo repetirle lo que se ha dicho en privado: que usted no quiso ‘darse la pela’ de firmar el fallo de sanción a personajes de talla ministerial.

E.M.V.- Esa es una apreciación totalmente equivocada. Solo hasta el viernes 9 de enero se me presentó un proyecto de fallo de 144 páginas. Le insisto en que era imposible revisar ese documento y cotejarlo con el voluminoso expediente de 15 cuadernos y casi 12 mil folios, a tres días de entregar el cargo. Para tomar cualquier decisión, la precipitud no es aconsejable. Si me tocara estar en una situación igual, procedería en idéntica forma.