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Varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos y entidades como la Personería municipal de Soacha manifestaron su preocupación por un desalojo programado para este martes en el barrio Altos de la Florida de ese municipio, por el que resultarían afectadas 800 familias, la mayoría víctimas de desplazamiento.
El pleito judicial se remonta a 1995, año en el que algunos de los residentes del barrio compraron sus lotes a un urbanizador que terminó siendo pirata. Con el reconocimiento de las autoridades, el dueño legítimo del predio exige $3 millones a cada familia para acceder a una conciliación.
Al respecto, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz anunció su respaldo a estas familias y pidió a las autoridades competentes permitir que se llegue a un acuerdo justo por la vía del diálogo. El gobernador de Cundinamarca, Andrés González, también manifestó su apoyo a los afectados.
Por El Espectador
