Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Las declaraciones del técnico Jorge Luis Bernal que pusieron en duda la agresión a Alejandro Gallego —segundo asistente del juego Pasto-Cartagena del domingo pasado en el estadio La Libertad, la cual derivó en su suspensión cuando el local ganaba uno a cero—, prendieron la mecha que terminó de explotar el martes, luego de que la Comisión Disciplinaria de la Dimayor decidiera suspender la plaza, multar al equipo nariñense y quitarle los tres puntos.
En su resolución 047, dicho ente aplicó el artículo 83 del reglamento, luego de que en el informe arbitral entregado por Óscar Julián Ruiz, central del compromiso, se reseñara que el juego fue suspendido por falta de garantías. En consecuencia, se decidió sancionar el estadio “con una fecha a puerta cerrada (frente a Santa Fe en la penúltima fecha) y $3’975.200 por mal comportamiento del público” y multar al Pasto en “$4’969.000 y la pérdida de los puntos en disputa a favor del contendor”.
Contra la determinación proceden los recursos de reposición y apelación, por lo que en primera instancia el equipo afectado, por medio de su presidente, Arturo Iván Eraso, pretenderá demostrar con un video de la policía que no hubo tal agresión.
“Iremos hasta las últimas consecuencias, porque consideramos que se está cometiendo una injusticia”, advirtió el máximo directivo de la institución pastusa, quien es consciente de que, de mantenerse la sanción, se compromete no sólo la clasificación a las semifinales del Clausura, sino la permanencia en la máxima división.
Y es que de perder en definitiva los tres puntos, Deportivo Pasto pasaría a la penúltima posición del promedio, por lo que disputaría la promoción con el subcampeón de la Primera B. Los del Galeras quedarían con 128 puntos, dos más que el último, Pereira.